“Si no firmas, morirás”: la oscura historia de las esterilizaciones forzadas en California (y la búsqueda de las víctimas para indemnizarlas) – BBC News Mundo

“Me extrañó que no hablara de hacer una biopsia, pero tampoco tenía dinero para pagar a un médico que me diera una segunda opinión”, reconoce. Así que firmó el consentimiento sin cuestionarlo y se sometió a la intervención.

Fue días después cuando, preocupada por un malestar y unos sudores continuos, una enfermera le leyó su informe médico y supo en qué consistió realmente aquella operación: “Te hicieron una histerectomía completa“.

Le habían extirpado el útero, el cuello uterino y otras partes de su sistema reproductivo. La esterilizaron.

“Se me cayó el alma al suelo. Me quedé en shock“.

Ocurrió en 2005 en la prisión para mujeres de Corona, parte del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR). Y casos como el de Pulido se repitieron a lo largo de la década en al menos otros tres centros del sistema penitenciario estatal.

Es el episodio más reciente de la oscura historia de esterilizaciones forzadas de California, un pasado que el estado trata ahora de subsanar ofreciendo indemnizaciones a las víctimas.

“El historial de esterilizaciones en contra de la voluntad o sin el consentimiento adecuado en California es extenso y se han registrado en distintas etapas“, le dice a BBC Mundo Lorena García Zermeño.

Es la coordinadora de políticas y comunicación de California Latinas for Reproductive Justice, uno de los grupos que luchó durante años para que el estado reconociera esta práctica y se aprobara un programa de reparaciones.

La primera de esas fases es la histórica, la relacionada con la Ley de Eugenesia que estuvo en vigor en California entre 1909 y 1979, y cuya aplicación tuvo su punto álgido en la década de 1930.

Y es que la eugenesia, entendida como una pretendida “mejora” de las características genéticas de una población a través de la reproducción y las esterilizaciones selectivas, fue practicada en Estados Unidos antes incluso que en la Alemania nazi.

“En el siglo XX de los 48 estados de EE.UU. —porque Hawái y Alaska aún no lo eran— 32 tenían leyes eugenésicas que daban a las autoridades médicas el poder de esterilizar a aquellos que consideraran como ‘débiles mentales’ (feble-minded) o con discapacidades intelectuales, y a los diagnosticados con trastornos psiquiátricos”, explica Alex Stern.

Directora del Laboratorio de Esterilización y Justicia Social de la Universidad de Michigan, Stern ha estudiado en profundidad este oscuro capítulo de la historia estadounidense.

“A estas personas, que habían sido ingresadas en instituciones estatales por sus familias o tras un reporte policial, les hacían pruebas para calcular su edad mental, su cociente intelectual, les daban una puntuación y basándose en eso las autoridades decidían si eran ‘aptas” o no para reproducirse“, continúa.

Tras una ardua labor de revisión de archivos y datos estatales, el equipo de Stern calculó que de las 60.000 esterilizaciones llevadas a cabo a nivel nacional bajo las leyes eugenésicas, 20.000 tuvieron lugar en California. Una de cada tres.

“Fue el estado más agresivo, y tuvo que ver con que las élites, que eran sobre todo WASP (acrónimo con el que se define en inglés a las personas blancas, anglosajonas y protestantes) y con mucho poder en la legislatura y las universidades, tenían una visión muy concreta de cómo querían que fuera el estado”, asegura Stern.

Usando técnicas estadísticas, su equipo descubrió un patrón: la práctica afectó “desproporcionadamente” a los latinos, sobre todo a las latinas jóvenes.

“Una latina que estaba en una institución en (los condados de) Sonoma o Napa tenía un 59% más de probabilidades de terminar esterilizada que una mujer blanca”, apunta.

“Y es que en un tiempo de mucha inmigración, las élites querían controlar la reproducción de las familias latinas, las más fecundas, y manejar el futuro biológico del estado“, mientras impulsaban programas para incentivar la reproducción de la clase media blanca.

Una de las que corrió esa suerte en el punto álgido de la Ley de Eugenesia fue Mary Franco.

Californiana de padres mexicanos, fue esterilizada en 1934, cuando apenas tenía 13 años.

Estaba ingresada en una institución estatal llamada Pacific Colony, en lo que entonces era Spadra, hoy Pomona, una ciudad situada a unos 35km al este de Los Ángeles.

“Un vecino andaba abusando de ella, así que su familia decidió internarla para que no fuera a más y para proteger su reputación, porque en aquellos tiempos no se arrestaba a nadie por algo así”, le cuenta a BBC Mundo su sobrina-nieta Stacy Cordova.

En el centro, tras medir su cociente intelectual y someterla a toda una serie de pruebas, la etiquetaron como “débil mental por desviación sexual” y la esterilizaron, explica Cordova, leyendo directamente del informe médico original.

“Aquello la dañó muchísimo. Durante toda su vida lamentó no haber tenido hijos y claramente sufrió depresión, aunque nunca le fuera diagnosticada”, dice.

La historia se la contó su propia tía abuela en 1997, un año antes de morir. Aunque ella falleció sin saber que el suyo no fue un caso aislado.

“Me parte el corazón pensar que siempre creyera que le pasó lo que le pasó por haber sido una chica mala“, recuerda.

La misma Cordova no conoció la dimensión del asunto hasta que en 2017, un día mientras conducía, escuchó hablar a la doctora Stern en la radio. “Tuve que salir de la autopista y aparcar. Nunca había oído mencionar ese episodio tan feo y fuerte de California”.

Se puso en contacto con la investigadora y pronto el Laboratorio de Esterilización y Justicia Social le hizo llegar el historial médico de su tía-abuela y los documentos en los que se autorizaba su esterilización.

“Ahora, cuando reviso los papeles, me doy cuenta que el tema me toca a muchos niveles: como mujer mexicana-estadounidense, porque sucedió en mi familia y la dividió, y porque soy profesora de educación especial y si esto ocurriera hoy, mis alumnos serían esterilizados”, dice Cordova.

Décadas después de la esterilización de Franco, cuando la eugenesia era ya una ideología indisociable del Holocausto y muy criticada por sociólogos, antropólogos y otros científicos, California aún no se había librado de esas prácticas.

De hecho, al filo mismo de la derogación de la Ley de Eugenesia, entre 1968 y 1974, una serie de mujeres fueron sometidas, sin que lo supieran o con coerción, a intervenciones que les impedirían volver a tener hijos.

Ocurrió en el Centro Médico Los Ángeles-USC, un hospital gestionado no por el estado, sino por el condado.

“En aquel tiempo la sobrepoblación era una preocupación muy extendida”, le cuenta a BBC Mundo Virginia Espino, historiadora especializada en políticas de control de población e injusticia reproductiva que ha estudiado en profundidad el caso.

En 1968 un libro titulado The Population Bomb (La bomba poblacional) y que incluía frases como “la batalla para alimentar a toda la humanidad está perdida” o “millones de personas morirán de hambre”, se había vuelto un éxito de ventas.

En 1969, el presidente Richard Nixon, tras advertir al Congreso que para el año 2000 habría 100 millones de estadounidenses más, ordenó formar una comisión para estudiar el “problema”.

Y muchos hospitales públicos recibieron cientos de miles de dólares federales para programas de planificación familiar que incluían esterilizaciones.

Pero las cosas se salieron de control en algunos estados, donde antiguos prejuicios racistas y elitistas se vieron reforzados por nuevas preocupaciones sobre sobrepoblación y pobreza, y terminaron afectando a mujeres pobres, sobre todo a no blancas.

En el caso de Los Ángeles se sumaron a la ecuación la barrera lingüística y una sala de maternidad del condado abarrotada.

“Lo que yo descubrí con mi investigación es que muchas pacientes que llegaban a dar a luz y no podían tener un parto natural eran coaccionadas, acorraladas o engañadas para ceder también su fertilidad cuando firmaban el consentimiento para una cesárea“, cuenta Espino.

“Y a algunas ni siquiera les explicaban qué era lo que estaban aceptando”.

Ese fue el caso de Melvina Hernández, quien llegó al Centro Médico Los Ángeles-USC con 23 años y sin hablar una palabra de inglés.

Le dijeron que necesitaba una cesárea de emergencia, pero que antes debía firmar unos papeles.

Ella contestó en español que no, que no podía porque su marido no estaba allí.

“Si no firmas, morirás”, le dijo la enfermera, blandiendo un documento en inglés.

“Entonces me agarró la mano e hizo que firmara”, cuenta Hernández en el documental de 2015 “No más bebés”, coproducido por Espino y dirigido por Renee Tajima-Peña.

El niño nació sano. Hernández no se enteraría de que le habían ligado las trompas de Falopio hasta cuatro años después.

En 1975 ella y otras nueve mujeres presentaron una demanda colectiva contra el hospital, argumentando que se les había negado su derecho constitucional a tener hijos.

Lo hicieron representadas por la joven abogada Antonia Hernández y arropadas por el ya poderoso movimiento chicano, sobre todo por las mujeres activistas, que estaban desarrollando su identidad política y un feminismo propios.

A pesar de las manifestaciones a las puertas del hospital y de la presión de la opinión pública, perdieron el juicio. El juez no pudo determinar responsabilidades.

“No conozco a nadie que estuviera forzando la planificación familiar sobre ningún grupo en particular… Creo que cualquier mujer se merece el derecho a decidir”, dice en el documental Edward J. Quilligan, el director del ala de maternidad del centro médico.

Sin embargo, lograron que se aplicaran ciertas regulaciones para evitar que volviera a ocurrir, como la prohibición de solicitar el consentimiento durante el parto o bajo el efecto de la anestesia, o que existieran formularios de consentimiento también en español.

Y en 2018 la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles emitió una disculpa formal a las víctimas de aquellas esterilizaciones.

“Nos habían dicho que no iba a pasar, ya que el hospital nunca reconoció irregularidad alguna. Pero ocurrió, y fue muy importante”, dice Espino.

A pesar de que la Ley de Eugenesia se había derogado décadas atrás, una auditoría estatal reveló que 144 mujeres encarceladas en cuatro prisiones de California fueron esterilizadasentre 2006 y 2010 con poca o ninguna evidencia de haber recibido asesoramiento o tratamientos alternativos.

Y un estudio posterior identificó a otras 100 víctimas a finales de la década de 1990.

De nuevo, las afectadas eran mayoritariamente latinas y afroestadounidenses.

La legislatura estatal respondió aprobando una ley en 2014 que prohibía las esterilizaciones en las cárceles con fines anticonceptivos.

Aquello dio impulso a la lucha de una serie de organizaciones que llevaban tiempo reclamando justicia.

El 1 de enero de 2022 entró en vigor un programa de reparaciones de US$4,5 millones para las afectadas, el tercero del país después del de Carolina del Norte (2013) y el de Virginia (2015).

“California se compromete a enfrentar este capítulo oscuro de su pasado y a abordar el impacto que esta vergonzosa historia tiene aún hoy sobre los californianos”, dijo el gobernador Gavin Newson al firmar la ley que hacía posible el programa.

“Si bien nunca podremos enmendar por completo lo que han soportado, el estado hará todo lo posible para garantizar que las sobrevivientes de estas esterilizaciones injustas reciban una compensación”.

El esquema, gestionado por la Junta de California para la Compensación de Víctimas, incluye a las sobrevivientes de la época histórica y a las esterilizadas en el sistema penitenciario estatal.

No incluye, sin embargo, a las mujeres a las que despojaron de su fertilidad en Centro Médico Los Ángeles-USCen los años 70.

El haber acudido al hospital, gestionado por el condado, por voluntad propia vuelve su caso más complicado, coinciden las fuentes consultadas para este reportaje.

Aunque también convienen en que deben ser indemnizadas, y que el programa hoy en vigor es un buen punto de partida.

Cuando se aprobó la ley para las compensaciones, en el verano de 2021, las organizaciones calculaban que había 455 sobrevivientes de las esterilizaciones eugenésicas y 244 de las que las sufrieron estando en prisión.

“Pero en vista de lo ocurrido en los otros estados que tuvieron esquemas similares, donde solo el 25% de los afectados elegibles solicitaron la indemnización, proyectamos que solo unas 157 personas iban a terminar recibiendo el dinero“, dice García Zermeño, de California Latinas for Reproductive Justice.

Así que hicieron un llamado de urgencia para que se ubicara a las afectadas aún con vida. “Cada año que pasa perdemos a 100 de las del primer grupo por su avanzada edad”.

Tras un año de búsqueda, en enero de 2023, de 310 solicitudes el estado había aprobado 51, rechazado 103, descartado 3 por incompletas y estaba procesando otras 153.

“Tratamos de encontrar toda la información que podemos y, a veces, no nos queda más que esperar a que otros encuentren más detalles por su cuenta”, dijo Lynda Gledhill, la directora ejecutiva de la Junta de Compensación de Víctimas de California.

“Simplemente a veces no podemos verificar lo que sucedió”.

Entre las que ya recibieron una indemnización está Pulido.

Tras salir en libertad condicional en enero de 2022, se puso en contacto con la organización Coalición de California para Mujeres Prisioneras y la reclamó.

Una vez aprobada, pasaron cinco semanas antes de que recibiera los US$15.000.

“Cuando llegó el cheque, todo lo que pude hacer fue sentarme, sostenerlo y llorar”, recuerda con la voz entrecortada.

“Permanecí así un buen rato, observando la cifra. Nunca había poseído tanto dinero pero, a su vez, era tan poco para lo que me habían hecho…“.

Y es que pasaron años antes de que pudiera hablar del tema con alguien. La experiencia la marcó profundamente.

“Soy nativa estadounidense —de los apaches de Nuevo México— y creemos que la Madre Tierra nos dio a nosotras, las mujeres, la capacidad de engendrar vida. Y ese regalo me lo robaron, sin mi permiso y sin ni siquiera tener yo conocimiento de ello”, dice aún enojada.

Aunque tenía 41 años y un hijo, dice que la despojaron de la posibilidad de crear una nueva familia.

“A día de hoy, cuando camino por la calle o voy de tiendas y veo a madres con sus hijos, me paro y las observo. Pienso en que nunca volveré a dar vida. Es algo que sigue afectando a nivel emocional cada día“.

Pero también disfruta de su libertad, y se enfrenta al futuro con fuerza y un nuevo nombre.

“DeAnna tuvo una infancia complicada, muchos traumas por lo que vio, sintió y por cómo la trataron. Sentía que cargaba una mochila demasiado grande”, explica.

Su nombre de pila lo eligió porque quería que fuera nativo estadounidense. Siempre la había influido la luna y “quería pertenecer a la parte luminosa de la vida“, y como apellido tomó el de soltera de su madre.

Moonlight Pulido hoy tiene planes, que pasan quizá por dejar California e irse a vivir con su hijo a Illinois.

Y también una misión: “Quiero decirles a todas las que pasaron por lo mismo que yo que hablen, que reclamen su indemnización, y que si se la rechazan, que lo vuelvan a intentar. Que no se rindan“.

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