Sánchez apela a la “generosidad” para abrir paso a la amnistía a los encausados del ‘procés’

Su equipo lleva semanas preparando la investidura en conversaciones discretas con los partidos independentistas, pero Pedro Sánchez ha iniciado este martes, después de recibir el encargo del Rey, su ronda oficial de negociaciones. Y lo ha hecho sin pronunciar la palabra amnistía, pero apuntando claramente hacia ella al decir que “hacer política implica generosidad” para dejar atrás definitivamente el procés. Por si había dudas de que, sin mencionarla, estaba hablando de la amnistía —la medida que ponen Junts y ERC como principal condición para apoyar la investidura—, Sánchez ha afirmado que cualquier acuerdo que se alcance en la negociación “será transparente, tendrá que ser refrendado por las Cortes y, además, se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional”. Esto es, se habla de una ley de amnistía que tendrá que aprobar el Congreso por mayoría absoluta, y que el PP recurrirá al Constitucional, que tendrá que dictaminar sobre ella.

Pese a que evita la claridad en este punto, Sánchez ha sido rotundo en el otro gran elemento que han planteado —de forma menos imperativa— los grupos independentistas: la autodeterminación. El líder del PSOE ha rechazado de plano la posibilidad de negociar un referéndum de independencia: “Lo he dicho siempre. Y no solo porque no lo contempla la Constitución, sino porque es contrario a lo que he defendido siempre con mi palabra y con mi acción. Lo que quieren los catalanes es pasar página y provocar un reencuentro entre los catalanes y con el conjunto de la sociedad española”, ha señalado.

Sánchez no tiene fecha para la investidura. Confía en que sea “cuanto antes”, pero admite que tiene por delante una negociación “muy compleja” y que “no va a ser fácil”; por eso, ha subrayado, no puede dar garantías ni fechas. Aun así, está convencido de que el mensaje de las urnas, que pararon el 23-J la posibilidad de un Gobierno del PP y Vox, empujará a todos los demás partidos hacia un acuerdo. El presidente en funciones se reunirá con todos los grupos parlamentarios, salvo Vox. No lo hará con sus líderes sino con sus portavoces. Con dos excepciones: el PP, para el que invitará a Alberto Núñez Feijóo; y Sumar, donde convocará a la líder de la plataforma y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. Ella será precisamente la primera en la ronda, este miércoles en el Congreso.

Con esta decisión de verse con los portavoces en el Congreso, Sánchez evita reuniones que habrían sido muy polémicas con los líderes de Junts —Carles Puigdemont está en Bruselas, huido de la justicia—, ERC —Oriol Junqueras fue indultado después de tres años y medio de cárcel y nunca se ha visto públicamente con el presidente— y EH Bildu —Arnaldo Otegi genera un fuerte rechazo en sectores muy importantes del electorado socialista—. Aun así, Sánchez da un paso más respecto a la investidura de 2020, cuando no se vio ni siquiera con esos portavoces. Ahora se citará, por ejemplo, por primera vez, con los responsables parlamentarios de EH Bildu.

En aquella ocasión, Sánchez salió investido con la abstención de ERC y EH Bildu; el predecesor de Junts, el PDeCAT, votó en contra. En esta nueva investidura necesita el sí de ERC, EH Bildu y Junts (salvo si Coalición Canaria vota a favor, en cuyo caso ya no necesitaría el sí de Junts sino solo su abstención). Ese apoyo es lo que buscará en sus reuniones con Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts), Aitor Esteban (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) Néstor Rego (BNG) y Cristina Valido (Coalición Canaria). A Yolanda Díaz la verá este mismo miércoles, pero los demás tendrán que esperar a la próxima semana porque Sánchez viajará este jueves a Granada para la cumbre informal de la UE bajo presidencia española. La posibilidad de una investidura en octubre se aleja así bastante, aunque la fecha no está decidida. El día límite para celebrarla es el 27 de noviembre; si no se logra, habrá elecciones de nuevo el 14 de enero.

El presidente ha empezado ya a desgranar la argumentación política de esta compleja negociación, en la que, según todas las fuentes del Gobierno consultadas, se está trabajando en una ley de amnistía. Preguntado por si siguen en vigor sus propias declaraciones y las de sus ministros, que en los últimos años se manifestaron reiteradamente en contra de la amnistía por considerarla inaceptable e inconstitucional, se ha limitado a responder: “Voy a escuchar a los grupos y a partir de ahí el PSOE se posicionará. Todo será dentro de la Constitución y servirá a ese fin común de la convivencia y la concordia. Tendrá que ser refrendado por el poder legislativo e incluso, seguro, el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar”.

En su visión, el problema del PP y la derecha española es que no conocen su país. “No se puede aspirar a gobernar España sin reconocer la pluralidad política y la diversidad territorial de nuestro país”, ha dicho el líder socialista. Y también: “Es la hora de la política. Es la hora de la generosidad”. Sánchez ha remarcado que no va a buscar solo un acuerdo “de investidura”, sino “de legislatura”, es decir, un pacto que comprometa a los socios a garantizar “la estabilidad” durante todo el mandato.

“En 2018 tuve que hacerme cargo de la peor crisis política e institucional de la democracia”, ha afirmado Sánchez en referencia al procés. “No ha sido fácil. No he contado con el apoyo del PP. La derecha nunca ha aceptado la realidad territorial española. Hemos dado pasos, y hoy podemos afirmar que España está más unida que en 2018. Ha habido decisiones difíciles, como los indultos. Hoy puedo constatar que fue acertada. Mi propósito va a ser continuar con esa hoja de ruta que tiene como norte la convivencia y la concordia. Nuestro marco será la Constitución, como siempre”, ha rematado. Toda la argumentación de Sánchez conduce, pues, a la amnistía, aunque en La Moncloa quieren esperar a tener más avanzada la negociación para ofrecer detalles. Y la explicación es sobre todo política: para seguir avanzando en una estrategia de distensión que, según el presidente, ha sido exitosa y ha permitido que la situación política catalana esté mucho mejor que en 2017.