Reforma a la Constitución de Querétaro es un retroceso: Benitez
La reforma a la Constitución del estado de Querétaro que modifica la designación del fiscal anticorrupción es un retroceso, pues se quita la oportunidad a la ciudadanía de participar, consideró Rufina Benítez Estrada, presidenta estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.
Señaló que hubo premura de la actual legislatura local de hacer dicho cambio, a meses del cambio de la administración en el Poder Legislativo, pese a que el cambio en la titularidad de la fiscalía anticorrupción es en el año 2026.
“Nosotros consideramos que es un retroceso el cambio que hubo para definir al fiscal anticorrupción, la forma en como estaba establecida era a través de una convocatoria abierta a la ciudadanía, este cambio ahora va a depender del gobernador o gobernadora en funciones, entonces le quita esa participación ciudadana. Es por eso mismo que nosotros consideramos que es un retroceso grave y estamos aquí para manifestarlo”, comentó.
Al respecto, Andrea Tovar Saavedra, diputada local de Morena, mencionó que no cuentan con los diputados suficientes para presentar una acción de inconstitucionalidad, además de que reconoció que no hubo violación en el proceso legislativo, además de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solo podría presentar una acción de inconstitucionalidad si hubiera violación de derechos humanos.
“El cerrar la convocatoria del fiscal anticorrupción para que solamente sea uno de los poderes quien elija a los perfiles, no nos queda muy claro, porque no sabemos si el Ejecutivo va a hacer una convocatoria abierta, si le van a poder hacer llegar su currículum o él de los miles de abogados que existen en Querétaro va a decir ‘yo quiero a este, este y este’. El hecho de que no haya claridad, transparencia en la elección es lo que nos hace estar en contra”, añadió.
➡️ Únete al canal de Diario de Querétaro en WhatsApp para no perderte la información más importante
Tovar Saavedra externó que con dicho cambio se coarta la participación ciudadana, además de que indicó que, de no lograr acuerdos en 30 días hábiles entre los legisladores, se da pie a que desde el Poder Ejecutivo se designe a una persona, poniendo en riesgo la defensa de la anticorrupción.