Qué promesas ha cumplido Trump en sus primeras semanas como presidente (y cuáles no) – BBC News Mundo

Durante sus primeros días de gobierno, el mandatario firmó más de 50 órdenes ejecutivas, una cifra solamente superada en el último siglo por los presidentes Franklin Delano Roosevelt (93) y Harry Truman (57), quienes tuvieron que lidiar con crisis de gran magnitud como la Gran Depresión y la II Guerra Mundial, de acuerdo a la cadena estadounidense ABC.

Al mismo tiempo, revocó decenas de órdenes ejecutivas y memorandos emitidos durante el gobierno de su antecesor, Joe Biden.

En su discurso ante el Congreso este 4 de marzo, Trump presumió de lo mucho que ha logrado desde que volvió a la presidencia.

“Hemos logrado más en 43 días de lo que la mayoría de los gobiernos logran en cuatro u ocho años, y esto apenas está comenzando”, dijo.

Pero, hasta ahora, ¿cuáles son las principales promesas que ha cumplido Trump y cuáles están pendientes aún?

“Cuando gane, inmediatamente bajaré los precios, empezando el primer día”. Donald Trump, agosto de 2024.

La economía y, concretamente, la elevada inflación fue la principal motivación que impulsó a los estadounidenses a votar por Trump, de acuerdo con una encuesta realizada por Economist/YouGov durante la semana siguiente a la elección.

Un 93% de los consultados dijo que la economía y la inflación habían sido muy importantes (74%) o importantes (19%) en el resultado de la elección.

Durante el gobierno de Joe Biden, la inflación alcanzó un registro máximo de 9,1% en junio de 2022, el mayor en 40 años.

Aunque para el momento de la elección en noviembre, la inflación interanual ya había bajado al 2,4%, no ocurrió lo mismo con el descontento de muchos electores, que terminaron apoyando a Trump como opción de cambio.

En su primer día en la Casa Blanca, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva en la que ordenó a “todos los departamentos y agencias ejecutivas que brinden alivio de precios de emergencia” a los ciudadanos y que adoptaran medidas para reducir el costo de la vivienda, eliminar los gastos y prácticas que aumentan el costo de la atención médica, así como los requisitos que encarecen los electrodomésticos, entre otras.

Pese a estas directrices, la inflación persiste y no da señales de reducirse.

Al contrario, en enero el índice de precios al consumidor se ubicó en 3%, el mayor aumento en 16 meses y que Trump atribuyó a Biden.

Las cifras oficiales de inflación en febrero aún no se han divulgado, pero los estadounidenses tienen la expectativa de que el costo de la vida aumentará en los próximos meses, según revelan estudios recientes.

Un factor que puede contribuir a ese aumento son, paradójicamente, algunas de las medidas que está poniendo en práctica Trump, como la adopción de aranceles del 25% para los productos importados desde México y Canadá, y del 20% a los de China.

Estas medidas -que en el caso de Canadá y México no entrarán en vigor hasta el 2 de abril- encarecen las exportaciones de los productos de esos países, pero también pueden significar un aumento de la inflación en EE.UU, pues los importadores pueden trasladar el costo del nuevo impuesto a los consumidores.

En los casos de México y Canadá, estos aranceles pueden ser especialmente duros pues dirigen hacia EE.UU. el 83% y el 71% de sus exportaciones, respectivamente.

El gobierno de Canadá reaccionó a la decisión de Trump imponiendo aranceles de 25% a bienes importados desde EE.UU., que ahora suspendió mientras las negociaciones entre los dos gobiernos continúan.

En el caso de China, que ya estuvo envuelta en una guerra comercial con EE.UU. durante el primer gobierno de Trump, ha respondido imponiendo tasas de entre 10% y 15% sobre ciertos productos estadounidenses, como soya, carbón, gas natural, camionetas y vehículos deportivos.

Trump ha reconocido que los aranceles podrían causar “algún dolor” a los estadounidenses, pero cree que están justificados.

“Haremos a Estados Unidos grande de nuevo, y valdrá la pena todo el precio que deba pagarse”, escribió en un mensaje en su red social Truth Social.

En todo caso, la reducción de la inflación es una promesa que sigue sin cumplirse.

“El primer día, lanzaré el mayor programa de deportación en la historia de EE.UU. para expulsar a los criminales”. Donald Trump, noviembre de 2024.

El control sobre las fronteras y la migración fue el segundo tema que más movilizó a votar a los estadounidenses con un 65%, según la encuesta Economist/YouGov.

Y es quizá el área en la que Trump ha tomado más medidas, probablemente valiéndose del hecho de que este es un asunto en el que el Ejecutivo tiene gran discrecionalidad y autonomía.

En su primera semana en la Casa Blanca, Trump aprobó más de 20 medidas destinadas a cambiar el sistema migratorio y facilitar la deportación de migrantes sin papeles, en especial de aquellos que llevan menos de dos años en el país.

El Ejecutivo ha incorporado a las Fuerzas Armadas a este esfuerzo, enviando tropas a custodiar la frontera sur y sumando instalaciones -como la base de Guantánamo- y aviones militares a las tareas de detención y expulsión de indocumentados.

A pesar de esto, durante el primer mes de Trump en la Casa Blanca, EE.UU. deportó a 37.660 personas, una cantidad muy inferior al promedio mensual de 57.000 expulsiones realizadas durante el último año del gobierno de Biden, de acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional citados por Reuters.

Funcionarios del gobierno actual señalan que la cifra de deportaciones de Biden era tan alta debido a la gran cantidad de migrantes que llegaban a la frontera estadounidense y apuntan que la cifra de expulsiones de Trump aumentará en los próximos meses, a medida que las autoridades incorporen nuevos centros de detención y más medios para ejecutar las deportaciones.

Con miras a ese objetivo, el gobierno de Trump ha logrado varios acuerdos migratorios con Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador, para que estos países reciban a deportados procedentes de estos países, pero también de otros.

EE.UU. también logró un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro para que reciba e, incluso, se haga cargo del transporte los venezolanos deportados, aunque no queda claro si este se mantiene en vigor después de que Trump decidió revocar la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en Venezuela.

Un objetivo en el que Trump parece haber tenido mayor éxito es en reducir el número de migrantes que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) asegura que en febrero hubo 8.450 detenciones de migrantes que intentaban cruzar a través de la frontera de México, la menor cifra en lo que va del siglo, de acuerdo con la cadena estadounidense CBS.

La cifra de encuentros de migrantes en la frontera sur venía cayendo con fuerza desde enero de 2024.

En su lucha contra la migración, el gobierno de Trump también suspendió el programa de parole humanitario que había permitido el ingreso de medio millón de personas procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.

El gobierno también anunció que no renovará en abril el programa de protección temporal (TPS) que ampara a más de 300.000 venezolanos, suspendió el programa de reasentamiento de refugiados y puso fin al uso de la aplicación CBP ONE, a través de las cuales los migrantes solicitaban sus citas con las autoridades migratorias de EE.UU.

Dentro del país, la Casa Blanca ha estado trabajando para lograr el apoyo de los gobiernos estatales y locales, así como de las ciudades santuario para que colaboren en la detención y albergue de los migrantes indocumentados en vías de ser deportados.

En Florida, por ejemplo, se forjaron acuerdos con las polícías municipales para que ayuden en estas tareas.

Al mismo tiempo, Trump anunció la creación de una visa dorada que se venderá por unos US$5 millones y que dará los privilegios de la green card, incluyendo una ruta hacia la adquisición de la ciudadanía estadounidense.

Así, aunque el gobierno no parece haber puesto en marcha aún “la mayor deportación de la historia”, sí ha enviado claras señales de que las puertas de EE.UU. están más cerradas para los migrantes o, al menos, para los que no pueden costear la visa dorada.

“Están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y lo haré, lo haré en 24 horas”. Donald Trump, mayo de 2023.

Durante la campaña electoral, Trump prometió poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en apenas un día.

Y, efectivamente, tras llegar a la Casa Blanca puso en marcha la maquinaria diplomática para lograr el fin del conflicto. Pero, a diferencia de su antecesor, el demócrata Joe Biden, quien era un duro crítico de Vladimir Putin y un aliado de Zelensky, Trump afirma que no quiere tomar partido y que simplemente quiere poner fin a la guerra.

“Si quieres poner fin a las guerras, tienes que hablar con ambas partes”, dijo intentando justificar su postura durante su discurso ante el Congreso este 4 de marzo.

Pero esa “neutralidad” de EE.UU. tiene un alto costo para Ucrania, que para defenderse de la invasión rusa ha dependido del apoyo militar estadounidense, sin el cual sus posibilidades de supervivencia se reducen.

Complicando las cosas aún más, EE.UU. no considera viable integrar a Ucrania en la OTAN y Trump se niega, por el momento, a darle garantías de seguridad, de manera que si Moscú decide reanudar su agresión después de firmar la paz, Kyiv seguirá en una posición vulnerable.

La insistencia de Zelensky de obtener estas garantías fue una de las causas aparentes de un choque público que protagonizó el mandatario ucraniano con Trump y su vicepresidente, J.D. Vance, en la Casa Blanca y que llevó a la suspensión de la firma de un acuerdo para que EE.UU. participe en la explotación de minerales valiosos y tierras raras de Ucrania como una vía para recuperar los fondos que Washington ha destinado a la defensa de ese país europeo.

Luego de ese choque, Trump suspendió la ayuda militar a Ucrania alegando que Zelensky no estaba listo para participar en las conversaciones de paz. Tras esta medida, el mandatario ucraniano anunció que estaba dispuesto a iniciar ese diálogo lo más pronto posible.

Adicionalmente, Trump no ha querido responsabilizar a Rusia por la invasión y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dicho que no considera viable que Ucrania recupere el territorio ocupado por los rusos durante la guerra (20% del total).

Esto coloca a Ucrania ante el escenario de llegar a un eventual acuerdo de paz sin resarcimiento de daños, sin recuperar el territorio perdido y sin garantías de que no volverá a ser agredida.

Trump asegura que gracias al respeto que le tiene Putin, no cree que Rusia vuelva a agredir a Ucrania después de lograr este acuerdo de paz.

La nueva postura de Washington sobre la guerra en Ucrania ha causado alarma entre los países europeos, que durante décadas han contado con la protección militar de EE.UU. frente a Rusia y que ahora buscan la mejor manera de ayudar a Ucrania y de poder defenderse ellos mismos.

La otra gran promesa en política exterior de Trump fue restaurar la paz en Medio Oriente.

Tras su victoria en las elecciones de noviembre, amenazó a Hamás con un “infierno” si para el día de su toma de posesión el grupo armado palestino no había liberado a los rehenes israelíes que fueron secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023.

El 15 de enero, Israel y Hamás firmaron un acuerdo de cese el fuego que incluía la liberación de los secuestrados así como de centenares de presos palestinos. De acuerdo con el gobierno de Biden, que aún ocupaba la Casa Blanca, los términos de este acuerdo eran idénticos a los que EE.UU. venía proponiendo desde mayo de 2024.

Ese cese al fuego se ha mantenido hasta la fecha.

Frente a la guerra en Gaza, Trump propuso un plan para reubicar a todos los palestinos que residen allí en otros países de la zona y que EE.UU. tome el control de la Franja para crear allí una zona turística que sería la “Riviera de Medio Oriente”.

Esta propuesta fue rechazada por los palestinos de Gaza y Cisjordania, así como por numerosos países árabes, al punto de llevara al Liga Árabe a presentar esta semana un plan de reconstrucción alternativo para Gaza que no obligue al desplazamiento de los palestinos.

Otras jugadas de Trump que han movido el tablero internacional son su decisión de cambiarle el nombre del Golfo de México por Golfo de América, así como el anuncio de que EE.UU. quiere controlar Groenlandia y recuperar el control del Canal de Panamá.

El mandatario estadounidense acusa a China de estar controlando el canal interoceánico, lo que ha sido rechazado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, quien -no obstante- anunció que Panamá no renovará su participación el la nueva ruta de la seda que impulsa Pekín.

Tras las quejas de Trump, la empresa CK Hutchison Holding, con sede en Hong Kong, anunció esta semana la venta de sus participaciones en un conglomerado que controla los puertos de Balboa y Cristobal, próximos al Canal de Panamá, al consorcio estadounidense BlackRock.

“Con ustedes a mi lado, demoleremos el Deep State”. Donald Trump, mayo de 2024.

La transformación profunda del gobierno federal es uno de los objetivos declarados de Trump, quien considera que los funcionarios federales constituyen un Deep State (Estado profundo), una suerte de casta no electa que gobierna al país a espaldas del Ejecutivo, gastando el dinero de los contribuyentes en cosas innecesarias y aprobando regulaciones excesivas.

Desde su vuelta al poder, el mandatario ha puesto en marcha medidas para reducir la burocracia y las regulaciones federales.

En su primer día en la Casa Blanca, emitió varias órdenes ejecutivas en las que ordenaba congelar las contrataciones de personal en el gobierno federal y la aprobación de nuevas regulaciones. Además creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), liderado por el multimillonario Elon Musk.

Una propuesta de renuncias voluntarias enviada por DOGE a dos millones de empleados federales a cambio del pago de varios meses de remuneración sin tener que trabajar fue acogida por unos 75.000 funcionarios.

Por iniciativa de Musk, miles de empleados federales también recibieron un polémico correo que les exigía que justificaran su trabajo explicando cinco cosas que habían hecho durante la semana anterior y que les advertía que, si no respondían a la comunicación, se interpretaría como una renuncia.

Esta medida fue rechazada incluso por varias agencias federales lideradas por funcionarios claramente alineados con Trump como el FBI y el Departamento de Estado, entre otros.

En paralelo, el gobierno ha estado despidiendo empleados de numerosas agencias oficiales y cancelando los contratos laborales de aquellos que llevan menos de un año en sus cargos. Hasta ahora, la dependencia más afectada ha sido la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), que prácticamente ha sido desmantelada.

Más de 4.000 de sus empleados fueron suspendidos de sus funciones, su sede central fue cerrada y más de 90% de sus contratos fueron cancelados. Durante su discurso ante el Congreso, Trump puso muchos de sus programas como ejemplo del desperdicio de fondos públicos.

El gobierno ha sido fuertemente criticado por estos recortes “indiscriminados” que, según estimaciones recientes, han afectado a unas 200.000 personas de distintas agencias federales, incluyendo el Departamento de Educación, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, el Instituto Nacional de Salud, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, el Servicio Forestal, la Agencia de Protección Ambiental, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, entre otras.

DOGE también ha sido cuestionado pues los anuncios sobre fondos federales que ha logrado ahorrar con estas medidas han estado plagados de errores. Así, por ejemplo, un contrato cancelado que supuestamente implicaba ahorros por US$8.000 millones, en realidad estaba valorado solamente en US$8 millones.

Elon Musk, en particular, ha sido criticado por ser en la práctica funcionario no electo que goza de grandes poderes, pese a no haber sido sometido a los usuales procesos de investigación y a la aprobación del Senado a la que se someten los miembros del gabinete.

Otras críticas derivan del hecho de que el equipo de Musk está integrado por personas muy jóvenes sin experiencia en gestiones de gobierno y del acceso que están consiguiendo a información confidencial de ciudadanos de EE.UU., así como de empresas que -incluso- pueden ser rivales de las compañías de Musk en la búsqueda de contratos gubernamentales.

“Lo woke se tiene que acabar. Está destruyendo nuestro país. Lo woke es basura”. Donald Trump, noviembre de 2024

Las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) puestas en marcha con el objetivo formal de abordar y corregir prácticas discriminatorias fueron uno de los principales blancos de críticas de los republicanos durante la campaña de 2024.

Estas políticas, que incorporan criterios raciales y de género en las empresas e instituciones, han sido duramente criticadas por Trump quien considera, por ejemplo, que los procesos de contratación deben basarse en méritos y no en otro tipo de valoraciones.

Así, tras su llegada a la Casa Blanca firmó varias órdenes ejecutivas para que el gobierno federal y las Fuerzas Armadas de EE.UU. dejen de aplicar estas políticas.

En esa misma línea, Trump ha criticado lo que califica como políticas woke, alimentadas por la “ideología de género”, ordenando que solamente se reconozcan dos géneros -masculino y femenino- y que los espacios íntimos como los baños sean usados de acuerdo con el sexo asignado al nacer y no de acuerdo con la identificación de género de una persona.

El mandatario firmó una orden ejecutiva que, en la práctica, prohíbe a las personas transgénero servir en las Fuerzas Armadas y sostiene que “expresar una ‘identidad de género’ falsa y divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar”.

Trump también ha tomado medidas para evitar que haya mujeres transgénero en cárceles de mujeres y para que los atletas trans no puedan competir en los deportes femeninos.

Además, estableció una política para que el Estado no financie ni ayude en la transición de género de menores de edad y ordenó al Departamento de Salud emitir regulaciones que pongan fin a este tipo de intervenciones en menores.

En una orden ejecutiva aparte, ordenó suspender los fondos federales a aquellas escuelas que incluyan en su currículo temas sobre “ideología de género e ideología de equidad discriminatoria”.

Este último término se refiere a la “Teoría Crítica de la Raza”, un marco académico surgido en EE.UU. que postula que la raza es un concepto cultural creado para oprimir a la gente de color y que el racismo está incrustado en las leyes, políticas e instituciones.

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