“Países puente”: los problemas que enfrentan Panamá y Costa Rica al ayudar a la política de deportación de Trump – BBC News Mundo

En una declaración divulgada por la oficina del presidente costarricense, Rodrigo Chaves, se informó que ese país “colaborará” con EE.UU. en la repatriación de unos 200 migrantes.

El texto destaca que se trata de personas originarias de países de Asia Central y de India.

Tanto Panamá como Costa Rica han asegurado que estas operaciones son financiadas por Estados Unidos y que se llevan a cabo bajo la supervisión de la Organización Internacional de Migraciones, un organismo que forma parte del Sistema de Naciones Unidas.

El gobierno de Costa Rica aseguró que ese país servirá de “puente” para que esos migrantes lleguen a sus países de origen.

Sin embargo, la experiencia de los primeros deportados llegados a Panamá parece indicar que se trata de un proceso complejo que plantea fuertes desafíos para los países latinoamericanos.

Estos se enfrentan no solamente con las dificultades operativas para hospedar y trasladar a estas personas, sino además con la legalidad misma del proceso e, incluso, con la conveniencia de que estos migrantes sean devueltos a sus países de origen.

Pero ¿qué implica que Panamá y Costa Rica hayan aceptado recibir a estos deportados?

Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica que al enviar a estas personas a otros países que los recibieron, Estados Unidos se libró de su responsabilidad hacia los deportados.

“Una vez que te llevas a esas personas fuera, las leyes, la Constitución y las regulaciones estadounidenses ya no aplican. Si esas personas tenían algún derecho bajo la ley estadounidense, al llegar a Panamá eso desaparece”, dice Chishti en conversación con BBC Mundo.

El experto cree que probablemente una de las principales motivaciones de Washington para deportar hacia Centroamérica a estas personas es que muchas proceden de los llamados países “recalcitrantes”, que son aquellos que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU., por lo que hace falta realizar constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos.

“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto. Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”, apunta.

Juan Navarrete, abogado especializado en derechos humanos que trabaja en el tema migratorio con Amnistía Internacional, considera que probablemente muchas de estas personas requieren de protección internacional, pues en muchos casos proceden de países que viven conflictos armados internos o internacionales, o bajo gobiernos autoritarios que no respetan los derechos humanos.

“Son personas que salieron de sus países por necesidad de protección internacional. Entonces, ya eso las coloca en una condición de vulnerabilidad y de revictimización”, le dice el experto a BBC Mundo.

Agrega que en muchos casos un eventual regreso a sus países de origen puede exponerlas a ser sometidos a privación de la libertad o a torturas o incluso tratos crueles, inhumanos o denigrantes.

Inicialmente, los 299 deportados que fueron enviados a Panamá recibieron alojamiento en un hotel de la capital de ese país que era custodiado por guardias armados que les impedían salir.

A través de las paredes de cristal, varios de ellos escribieron o mostraron mensajes solicitando ayuda.

Pese a estas estrictas medidas, que según el gobierno de Panamá solo buscaban proteger a los migrantes, este miércoles se informó sobre la supuesta evasión de una deportada originaria de China.

El Servicio Nacional de Migración emitió un comunicado solicitando ayuda para que esta mujer sea entregada a las autoridades y advirtió que quienes la hayan ayudado a salir del hotel podrían incurrir en delitos como tráfico de personas. Horas más tarde se informó que la mujer ya había sido localizada.

Aunque las autoridades panameñas no permitieron el acceso de la prensa al hotel, testimonios obtenidos por The New York Times dan cuenta de que entre los deportados hay varios que temen regresar a sus países de origen.

Uno de ellos, un ciudadano chino, dijo a ese medio que “preferiría saltar de un avión que regresar a China”.

BBC Mundo conversó con una mujer iraní que vive en Panamá desde hace años y que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel y aseguró que estaban “aterrados” por la posibilidad de que los lleven de regreso a Irán.

Al parecer, varios de los iraníes deportados están convertidos al cristianismo, lo que en teoría los podría exponer a ser condenados por apostasía, un delito castigado en ese país con pena de muerte, según The New York Times.

Juan Navarrete apunta que ahora, al recibir a estos deportados desde EE.UU., “los responsables en materia de Derechos Humanos a nivel internacional [por lo que les pueda ocurrir] van a ser Panamá y Costa Rica”.

Desde un inicio, las autoridades panameñas han dicho que su país no ha ofrecido ni ofrecerá asilo a estos migrantes.

El gobierno del istmo ha planteado su rol en este proceso más como un intermediario, como un país puente, que como un destino para estos migrantes.

De hecho, Panamá accedió a colaborar con este proceso luego de una visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que se produjo en el contexto de las amenazas que hizo el presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que su país retome el control del Canal de Panamá para contrarrestar la supuesta influencia de China sobre esa vía marítima.

Un primer paso en la resolución sobre el destino de estos migrantes parece haberse logrado ya, pues las autoridades panameñas anunciaron que 171 de los 299 deportados que recibieron han aceptado ser devueltos a sus países de origen.

¿Y qué pasará con los otros 128 migrantes que no desean ser retornados?

Por lo pronto, se mantienen en una suerte de limbo.

“Ellos podrían pedir asilo allí o, al menos, pueden pedir no ser devueltos a sus países si albergan temores. Básicamente, no deberías deportar a las personas a un país donde pueden sufrir daño o persecución”, dice Muzaffar Chishti.

El martes por la noche, los migrantes fueron trasladados desde el hotel donde estaban alojados en Ciudad de Panamá hacia el campamento San Vicente, habilitado por el gobierno para albergarlos en la región del Darién, según informó Reuters.

BBC Mundo intentó corroborar este dato con el gobierno de Panamá, pero hasta la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, adelantó el martes que los migrantes que sean trasladados al Darién permanecerán en ese lugar hasta que consigan asilo en un tercer país “donde se sientan seguros”.

Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo de Panamá recomendó que el Servicio Nacional de Migración emita una resolución que determine el estatus de estas personas mientras se gestionan su repatriación o reasentamiento.

Sugieren que la resolución adopte la forma de una “Estadía de Corta Duración” o de una “No Admisión a Territorio Panameño”.

Costa Rica también ha dejado claro que su rol en este proceso es servir como “puente”.

El gobierno de ese país se comprometió con la Casa Blanca a recibir unos 200 deportados y para este jueves ya estaba confirmado un primer vuelo con 93 deportados de origen asiático.

El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco anunció que, al llegar al país, las autoridades tomarán los datos biométricos de estas personas e, inmediatamente, se iniciarán los trámites para su repatriación.

Costa Rica también planea albergar temporalmente a los migrantes en el cantón de Corredores, una región fronteriza próxima a Panamá.

Muzaffar Chishti explica que probablemente tanto Costa Rica como Panamá están trasladando a los migrantes lejos de sus capitales como una medida para ahorrar costos, pero también pensando en la posibilidad de poder agruparlos con facilidad para organizar los vuelos de deportación de acuerdo con los distintos destinos.

A diferencia de Panamá, las autoridades de Costa Rica sí han abierto la puerta a la posibilidad de que algunos de los deportados se puedan quedar en su territorio.

El canciller Arnoldo André dijo que los casos de aquellos que aleguen temor a volver a sus lugares de origen podrán ser evaluados de forma individual y con plenas garantías, de cara a evaluar la posibilidad de otorgarles refugio en ese país.

Chishti señala que ese es, justamente, uno de los derechos de estos migrantes que deben ser respetados.

“La gente tiene derecho a solicitar asilo. No es el trabajo de los gobiernos preguntarle a la gente si está buscándolo. Eso le corresponde al solicitante. La responsabilidad de los gobiernos consiste en que una vez que la persona pide protección, entonces su caso tiene que ser oído”, apunta.

Pero, quizá, esa no será la parte más ardua de este proceso para los dos países latinoamericanos, si se toma en cuenta que aún les queda por delante negociar con los estados “recalcitrantes” y/o buscar nuevos destinos para estos migrantes que Estados Unidos no quiso acoger.

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