Más de la mitad de las 215 leyes de la pasada legislatura se aprobaron por mayoría absoluta

Las elecciones generales del 23-J dibujaron un Hemiciclo con una configuración similar a la reproducida durante las últimas legislaturas: un Parlamento con una alta fragmentación en el que ningún partido cuenta con mayoría absoluta ni se acerca a ella. Desde la cita en las urnas, el PP insiste en que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, reedita el Gobierno de coalición y logra los apoyos parlamentarios que lo han sostenido estos tres años y medio, el país está abocado a la “inestabilidad” política y a la “ingobernabilidad” constante. Respecto a los equilibrios que el Ejecutivo de coalición ha llevado a cabo en la pasada legislatura para sacar adelante las leyes, EL PAÍS ha analizado todas las iniciativas legislativas aprobadas en el pleno del Congreso y qué grupos votaron a favor o en contra. Con una primera conclusión: de las 215 leyes aprobadas, más de la mitad obtuvieron el respaldo de la mayoría absoluta en la Cámara baja.

El estudio detallado de estas 215 iniciativas —118 leyes, 96 reales decretos y un real decreto legislativo—, arroja además que llegaron a votarse en el pleno del Congreso 157 leyes impulsadas por el Gobierno, o por los grupos de los partidos que lo conforman (PSOE y Unidas Podemos) —el resto se votaron en comisiones—. Y la Cámara aprobó 143 por mayoría absoluta (con 176 o más votos favorables), lo que supone el 91% de las iniciativas presentadas en el pleno y el 66% de las 215 totales. Los grupos parlamentarios vascos se erigieron como los socios más fiables para sacar adelante estas leyes. El PNV y EH Bildu fueron los partidos que más leyes apoyaron, ya sea con un voto favorable o con una abstención. Otro de los socios parlamentarios de la coalición que más iniciativas favoreció fue ERC.

Aunque el Congreso que resultó de las elecciones del 23 de julio contiene menos partidos que el anterior —se ha pasado de 16 a 11 formaciones con representación parlamentaria—, los números no otorgan la posibilidad de gobernar en solitario no solo a un partido, sino tampoco mediante coalición. Ni la suma PP-Vox (170 diputados) ni la de PSOE-Sumar (152 diputados) llegan por sí mismos a los 176 de la mayoría absoluta. Los dos bloques se verán obligados a pactar con el resto de partidos, tanto si quieren sacar adelante la investidura como para el desarrollo de la actividad legislativa durante el posterior mandato.

Las Cortes se constituyen el próximo jueves, día 17, y a partir de ese momento el siguiente paso para los partidos político será cuadrar los números con la vista puesta en la investidura. Los socialistas aspiran a aglutinar, en torno a sus 121 escaños, los 31 de Sumar, los 7 de ERC, los 6 de EH Bildu, los 5 de PNV y el único de BNG. Mientras que el PP da por descontados, además de sus 137 diputados, los 33 de Vox, el escaño de UPN y el de Coalición Canaria. Está por ver aún cómo prosiguen las negociaciones con Junts, la formación de Puigdemont, que logró 7 asientos y tiene en su mano decantar la balanza. De momento ha enfriado este miércoles la posibilidad de una negociación fácil y rápida con el PSOE.

En la pasada legislatura, las relaciones del Gobierno con Junts no fueron sencillas. Los ocho diputados que tenía el partido de Puigdemont votaron en contra de la investidura de Sánchez en enero de 2020, y tampoco apoyaron ninguno de los tres presupuestos generales presentados por el Gobierno. De las 157 leyes impulsadas por el Ejecutivo que se votaron en el pleno del Congreso, Junts apoyó 127, votando a favor en 72 y absteniéndose en 55. Y el resultado del 23-J les sitúa ahora en una posición clave ante la investidura, que se traducirá a su vez en mayor margen de maniobra durante los eventuales debates y aprobación de las leyes en el Hemiciclo.

A pesar de las fricciones internas en el seno de la coalición, y de haber sido el Ejecutivo que partía con menos diputados (155) desde la restauración de la democracia, la actividad legislativa de la coalición no se aleja mucho de los de la última vez que un partido gobernó con mayoría absoluta. Durante la legislatura del 2011-2015, el Gobierno popular de Mariano Rajoy, con 186 diputados, aprobó un total de 253 iniciativas, 38 más que el último Ejecutivo de Sánchez. La mayoría de las leyes presentadas por la coalición se aprobaron con 188 votos favorables. Solo una de las iniciativas decayó: el decreto con el que el Gobierno quería regular el acceso a los remanentes de los ayuntamientos. Otra situación complicada para el Ejecutivo fue la agónica aprobación de la reforma laboral en febrero de 2022, que salió adelante por el error involuntario del diputado del PP, Alberto Casero: la norma cosechó 175 votos a favor frente a 174 en contra.

Aquella votación supuso un gran revés para el PP, que llevó la votación al Constitucional, y contaba con una derrota política del Gobierno. A pesar de su rechazo de plano al Ejecutivo de Sánchez, en la pasada legislatura los populares llegaron a facilitar un total de 110 leyes del Gobierno votadas en el pleno del Congreso. En 70 ocasiones, el grupo parlamentario del PP votó a favor, y se abstuvo en 40.

En el caso de PSOE y Sumar, si se reedita el Gobierno de coalición, enfrentarán retos mayores para atar las mayorías parlamentarias necesarias. La suma de los dos partidos de izquierdas ya no está por encima de la de PP y Vox como en la pasada legislatura, por lo que no les bastará con una simple abstención del resto de socios parlamentarios en las leyes en las que estas formaciones decidan votar en contra. El PP ha manifestado que está dispuesto a asistir a una investidura, según confirmó este miércoles la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y eso aunque Feijóo no pueda ser investido en segunda vuelta, como se plantea en el escenario según la calculadora de pactos actual. El líder del PP contaría como mucho con 172 votos favorables, frente a 178 votos negativos, por lo que no tendría más síes que noes. Pero, incluso en el remoto caso de que lograse más síes que noes gracias a la abstención de otros grupos, el hipotético Gobierno en solitario de Feijóo tendría que enfrentarse también a unas matemáticas enrevesadas para sacar adelante cualquier ley.