Los presidentes del PP darán la batalla en los tribunales contra un posible pacto económico para Cataluña

Como un gran mitin del PP o casi como una terapia de grupo para recordarse que, aunque no han conseguido La Moncloa, cuentan con un amplio poder territorial, los 11 presidentes autonómicos del PP desfilaron este jueves, uno a uno, por la comisión general de las comunidades autónomas para oponerse al pacto que negocia el PSOE con los partidos independentistas. El leitmotiv era la amnistía, pero los barones populares ampliaron el foco, aunque todavía no se conoce qué se está negociando, y se opusieron de forma preventiva a cualquier acuerdo económico que pueda beneficiar a Cataluña. Varios gobiernos autonómicos del PP estudian centrar su recurso al Tribunal Constitucional en la derivada económica del pacto porque sus servicios jurídicos tienen dudas de que tengan legitimidad para presentarlo solo sobre la amnistía, al no afectar a sus competencias. “Es mejor acertar el tiro”, apuntan estos barones. Según fuentes de varios Ejecutivos populares, irán a los tribunales en el caso de que se pacte una condonación de la deuda de Cataluña o ante cualquier medida sobre la financiación autonómica, mientras otros gobiernos del mismo partido anuncian también recursos específicos contra la amnistía.

En el Senado, los barones del PP hicieron frente común y coordinaron el mensaje fundamentando su oposición a la medida de gracia en la quiebra de la igualdad entre españoles. Cada uno con su estilo. Los más templados fueron el sucesor de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ni siquiera pronunciaron la palabra amnistía, mientras que la línea más dura la representó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso (Madrid). “Si esta felonía se consuma, pronto no habrá españoles”. La presidenta madrileña fue más lejos que los demás vaticinando el fin de la nación española si se amnistía a los líderes independentistas. “¿Cuánto dura una nación que se deja traicionar, que niega sus leyes, sus instituciones y a los que se jugaron la vida por ellas? ¿Cuánto tardarán los amnistiados en repetir su traición, y todos los que esperan agazapados para lanzarse a trocear España?”, se preguntó de forma retórica.

Alfonso Rueda (Galicia). “No estoy aquí para hablar en contra de nadie ni de impedir nada a nadie”. El presidente gallego evitó confrontar de forma explícita contra la amnistía, a la que no citó, pero sí cargó de forma genérica contra los privilegios territoriales. “Liquidar la España autonómica no es un precio aceptable en Galicia. La igualdad de todos los españoles y de todos los gallegos costó décadas y no puede entrar en subastas”.

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Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía). El presidente andaluz defendió un discurso muy en clave nacional, igual que Ayuso. “La amnistía, se le ponga el nombre que se le ponga, es un retroceso en la calidad de nuestra democracia, en la credibilidad de nuestras instituciones y en la igualdad de los españoles. Conceder la amnistía no sería perdonarles, sería pedirles perdón. Sería dar la razón a los que niegan que España es un Estado democrático y de derecho y proclaman que somos un Estado represor”. Moreno Bonilla fue el único presidente del PP que se quedó a escuchar hasta el final del debate por “coherencia”, explicaron en su gabinete, ya que había reprochado al presidente de Cataluña, Pere Aragonés, no haber hecho lo mismo con sus intervenciones.

Marga Prohens (Baleares). La presidenta balear lanzó algún guiño a Cataluña, una comunidad con la que Baleares “comparte muchas cosas, pero con la que se quiere relacionar de tú a tú, sin tutelas ni complejos”, dijo. “Una amnistía supone ir contra nuestro Estado de derecho. Hablamos de deslegitimar a los jueces. ¿Qué mensaje envía esto al resto de comunidades autónomas que hemos defendido nuestras reivindicaciones por los cauces legales? ¿Y al resto de ciudadanos?”, percutió. “En la subasta ya oímos hablar de condonaciones de deuda. El foro en el que hay que plantearlo es el Consejo de Política fiscal”, reclamó.

María José Sáenz de Buruaga (Cantabria). A pesar de que el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, anunció a primera hora en el Senado que la amnistía era el “punto de partida”, y el “destino” era el referéndum de autodeterminación, los barones populares no hicieron especial hincapié en esa posibilidad, salvo algunos, como la cántabra. “Vamos a decirlo claro: detrás de la amnistía vendrá el referéndum de autodeterminación”, advirtió. Sáenz de Buruaga también centró el tiro en los posibles beneficios económicos. “Si el Gobierno de España está dispuesto a una quita de la deuda, deberá beneficiar a todos por igual”.

Fernando López Miras (Murcia). “Estamos siendo testigos de un proceso que nos conduce a un cambio de régimen por la puerta de atrás”, alertó el presidente murciano, en línea con Ayuso. “El mismo segundo después de que se apruebe la amnistía, desde la región de Murcia recurriremos al Constitucional”.

Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León). “Si hay condonación de deuda solo para algunos será un agravio, sobre todo para quienes hemos equilibrado nuestras cuentas, e iremos a la vía judicial para evitarlo, también si hay favoritismos específicos”, anunció el barón popular. “Nos preocupa la amnistía. Es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica”.

Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). El presidente valenciano se refirió directamente a la intervención de su homólogo catalán, Pere Aragonès, que calificó de “dislate” e “insulto”. “La lógica con la que el tripartito de PSOE, Compromís y Podemos explicaba cómo ser buen valenciano, es la misma que ha mostrado el señor Aragonès en su intervención a la hora de explicar a los españoles lo que ha de ser España. Es la lógica de la imposición y de la exclusión”.

Jorge Azcón (Aragón). “Lo que está negociando el señor Sánchez con los independentistas es ilegal, es inmoral, y constituye un ataque directo al principio de igualdad de los españoles. Y es algo que los aragoneses no vamos a permitir de ninguna manera”, censuró el presidente aragonés. Azcón también alertó sobre la posibilidad de que se acuerde alguna medida en materia de financiación autonómica solo con Cataluña. “El actual candidato desprecia esa lealtad y solidaridad al pactar solo con una comunidad autónoma, cuando los acuerdos los tiene que alcanzar con todos”. El aragonés advirtió que Cataluña “ha cifrado su deuda en cantidades estratosféricas” y se opuso a una condonación.

María Guardiola (Extremadura). La extremeña acusó al Gobierno de “corromper el imperio de la ley” y de atacar al poder judicial. “Yo, desde luego, me rebelo”. “Nosotros vamos a trabajar como las hormigas. El PP gobierna en 3.200 municipios, en 30 capitales de provincia, en 11 comunidades autónomas. El PP tiene un apoyo en los territorios que nos convierte en la resistencia”, avisó. “Si Puigdemont eleva su pulgar, al final Pedro Sánchez se convierte en el presidente de este país. ¿Cuánto puede durar un Gobierno así? ¿Dos años, quizá?”.

Gonzalo Capellán (La Rioja). “No puede romperse ni ponerse en peligro el orden constitucional que ha sido el marco de convivencia y progreso democrático y que asegura la equidad entre todos los españoles”, alertó el barón riojano. “Cambiar las reglas del juego en beneficio de unos pocos pone en riesgo la libertad y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos”.

Juan Jesús Vivas (Ceuta). El presidente de la ciudad autónoma defendió la Constitución, pero ni siquiera citó la amnistía y, en cambio, criticó a quienes pretenden dividir el sentimiento de españolidad ceutí “por razones de credos y de razas”.

Juan José Imbroda (Melilla). “Es una traición del señor Sánchez que alcanza a su propio electorado socialista, al que engañó, creo yo, negando que la amnistía estuviera encima de la mesa”.

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