Llegada de la Guardia Nacional a la Sedena, un riesgo

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el cambio de la Guardia Nacional a la Sedena es un riesgo para el orden constitucional, por lo que hizo un llamado al diálogo y el consenso.

De acuerdo con la confederación tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados en la que se considera que la Sedena tenga el control formativo, operativo, administrativo, y jurisdicción militar de la Guardia Nacional; lo que consideraron que vulnera el principio de control civil sobre las fuerzas de seguridad.

Afirmaron que al inicio la corporación fue creada como una institución de carácter civil para atender la seguridad pública, sin embargo, con la reforma advierten se abre la puerta a una militarización de las funciones de seguridad.

“Un enfoque que podría generar riesgos importantes en materia de posibles violaciones a los derechos humanos y limitar el acceso a la justicia para los ciudadanos”, señalaron.

Coparmex destacó que esto representa la militarización de la seguridad pública lo que contradice disposiciones constitucionales, además que lo consideraron un retroceso democrático, lo que podría tener implicaciones en la confianza de los inversionistas en el país, ya que genera incertidumbre en cuanto al respeto de las instituciones y el estado de derecho.

“Esta reforma contradice varios artículos de la Constitución Mexicana, en particular el artículo 129, que limita la participación militar en tiempos de paz, y el artículo 13, que restringe la jurisdicción militar a asuntos estrictamente relacionados con militares en actos de servicio”.

Afirmaron que dicha reforma contradice principios constitucionales, lo que genera incertidumbre jurídica, que a su vez debilita la confianza en las instituciones y afectan el entorno necesario para el crecimiento y desarrollo económico del país.

Mencionaron que con la reciente propuesta de reforma se permitirá a la Guardia Nacional colaborar en investigaciones con los Ministerios Públicos lo cual aseguraron que es una señal preocupante de la creciente militarización de las funciones civiles en México.

“Las fuerzas militares, enfocadas en la defensa del país, no deben asumir funciones de justicia, que requieren la profesionalización de las instituciones civiles. Es crucial que el Ministerio Público mantenga su autonomía para asegurar la aplicación objetiva de la ley”, aseguraron.

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Señalaron que la intervención militar en tareas de seguridad pública en el país se ha asociado a casos de abuso y violación de derechos, porque hacen uso de que son acciones para la seguridad nacional.

“Reiteramos nuestro llamado al gobierno y a los integrantes del Senado mexicano para que evalúen correctamente esta decisión y mantengan la Guardia Nacional bajo control civil”.