La policía chilena allana la oficina del abogado Luis Hermosilla, protagonista de un audio sobre supuestas coimas a funcionarios

Tras la filtración de un audio el martes 14, en el medio de comunicación Ciper, en el que se revelan supuestos pagos para obtener información a dos funcionarios públicos, del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión de Mercados de Valores (CMF), el departamento del O-S7 de Carabineros ha allanado este jueves la oficina del penalista chileno Luis Hermosilla. El jurista es protagonista de la grabación de una reunión privada que sostuvo en junio en su estudio jurídico junto al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos.

En paralelo, en la Fiscalía Metropolitana Oriente de Santiago ha sido citada a declarar, por segunda vez en menos de 24 horas, a la abogada Leonarda Villalobos, quien era muy cercana al empresario Sauer, cuya casa también fue allanada ayer por la policía por orden del Ministerio Público.

En el allanamiento, el equipo de carabineros requisó teléfonos móviles, computadores, además de documentos.

El audio fue publicado el martes y revela una conversación entre Hermosilla, uno de los penalistas más influyentes del país sudamericano como litigante en casos de alta complejidad, con Daniel Sauer, dueño de la empresa de factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, multado por la CMF, el organismo que supervisa al mercado de valores chileno. También estaba presente Leonarda Villalobos, abogada de confianza del empresario y a quien medios chilenos, como ellos Ex-Ante, han sindicado como sospechosa de la grabación, de más de 100 minutos, pues al comienzo se escuchan sus pasos y un diálogo con quien sería la recepcionista del estudio, a la quien le cuenta que fue asaltada en la calle.

En la grabación se habla de conseguir “una caja negra” para funcionarios públicos “en sobres” para obtener información, pero no se mencionan sus nombres. “Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá [asunto] se arregla con plata [dinero], que se pasan así, se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada [un gran problema], porque estamos atrasados (…) Cuál es la primera huevada [asunto] que hay que hacer aquí: es controlar toda la información que salga del servicio (…) Tenemos que tener control de esa puerta y el que tiene la llave esa puerta es un huevón [un hombre] al que le debemos 10 millones de pesos [unos 11.200 dólares]”, dice el penalista en el audio filtrado por Ciper. Los pagos, se deduce, buscan información privilegiada para favorecer al empresario Sauer.

Al día siguiente de la filtración, Hermosilla, cuya defensa la asumió su hermano, el también penalista Juan Pablo Hermosilla, divulgó una declaración pública en la que niega haber realizado pagos. En ocho puntos, el abogado planteó que ha sido “objeto de una maniobra siniestra, cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo”. Y que, “categóricamente” no ha “pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno”.

Luis Hermosilla agregó en esa declaración que “el contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo” y que, tras la filtración, “están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados”, ya que “por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”.

“Aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita” y que “habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho”, señaló.

El audio ha provocado conmoción en Chile, pues es una trama que involucra la obtención de información privilegiada en la que los protagonistas son, además de los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, varios empresarios.

Sobre el caso, el economista chileno Eduardo Engel, quien lideró en 2015 una comisión para proponer soluciones contra a corrupción que convocó la expresidenta socialista Michelle Bachelet en su segundo Gobierno, luego de diversos escándalos protagonizados por diferentes sectores políticos y empresarios, ha dicho en una entrevista con EL PAÍS que “esta grabación alimenta los sentimientos anti-élite en la ciudadanía”.

Según Engel, profesor de la Universidad de Chile y director del centro de estudios Espacio Público, y quien se ha convertido en un referente en Chile de la discusión para empujar la probidad, “es posible que estemos presenciando el comienzo de un caso mayor de corrupción, donde irá apareciendo más y más evidencia. Un abogado que, supuestamente, puede influir sobre los fallos en casos de delitos económicos mayores sugiere que podría ser una práctica común”.

“Después de todo, los abogados que no ofrecen estos servicios no podrían competir. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, sin embargo, es que en realidad se trate de un abogado vendiendo servicios a un cliente, servicios que no tiene la menor intención (o posibilidad) de concretar y que el cliente no tiene cómo verificar. En esa situación, las implicancias sistémicas serían acotadas”.