La odisea de Kilmar Ábrego, el migrante salvadoreño que pelea por no ser deportado por segunda vez de EE.UU. – BBC News Mundo

Ábrego García podría ahora ser enviado a Uganda luego de haberse negado a firmar un acuerdo con los fiscales que lo acusan de haber sido un traficante de migrantes, informaron sus abogados.

Su caso ha sido emblemático en la polémica ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, que ha ordenado la detención y deportación masiva de indocumentados, incluso de algunos que tienen protección legal como Ábrego García.

Este migrante salvadoreño en particular se ha visto envuelto en una disputa política y judicial desde su primera detención. Aquí repasamos cuatro momentos de su caso.

Ábrego era un trabajador de la industria metalúrgica en el estado de Maryland, donde vivía con su esposa, Jennifer Vasquez, ciudadana estadounidense, y tres niños.

Llegó a Estados Unidos como indocumentado a la edad de 16 años. Según su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, estaba huyendo de las amenazas en su contra de las pandillas en su natal El Salvador.

Desde 2019 contaba con una garantía llamada “suspensión de remoción”, que le impedía al gobierno de EE.UU. devolverlo a su país de origen por el riesgo de violencia que enfrentaba.

Ese año fue arrestado cuando estaba en el estacionamiento de una tienda de insumos de construcción buscando trabajo.

Un juez de inmigración entonces determinó que se encontraba de forma irregular en EE.UU., y en una audiencia del proceso, un informante confidencial afirmó que Ábrego era un miembro activo de la Mara Salvatrucha.

Según las autoridades, el salvadoreño no logró demostrar en ese proceso que no era un miembro de ese grupo, ni que su liberación “no supondría un peligro para los demás”.

Esto ha sido citado por el gobierno de Trump para justificar su expulsión del país.

El salvadoreño había solicitado asilo, que fue rechazado por un juez que, a cambio, le concedió una “suspensión de remoción” y un permiso de trabajo.

Sin embargo, el migrante fue detenido en su automóvil por autoridades federales el pasado 12 de marzo.

En una de las llamadas “deportaciones exprés” que está efectuando el gobierno de Trump, fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.

Su caso generó protestas que rápidamente llegaron al debate nacional en EE.UU. sobre las redadas antiinmigrantes del gobierno de Trump y las faltas al debido proceso en algunos casos de detención y deportación de indocumentados.

Activistas y congresistas de EE.UU. se pronunciaron sobre el caso de Ábrego García e incluso un senador demócrata lo visitó personalmente en El Salvador.

El gobierno de EE.UU. sostenía que u deportación era correcta, pero un funcionario de Maryland reconoció que fue un “error administrativo”.

Tras esto último, la Corte Suprema de EE.UU. respaldó parcialmente a mediados de abril la orden de una jueza federal, Paula Xinis, que le ordenaba al gobierno que “facilitara” el regreso del salvadoreño a territorio estadounidense.

Pero su devolución no fue inmediata.

El migrante pasó el resto del mes de abril y todo mayo en el Cecot, donde asegura que fue “golpeado severamente, privado del sueño y torturado psicológicamente” durante los tres meses que estuvo internado ahí.

Luego de los vaivenes judiciales y políticos, Ábrego García finalmente fue devuelto a Estados Unidos el 6 de junio.

Sin embargo, no fue liberado, pues los fiscales federales presentaron una acusación en su contra por tráfico de inmigrantes indocumentados, armas y drogas, como parte de la pandilla MS-13, según el Departamento de Justicia.

El salvadoreño rechaza estas acusaciones y se declaró no culpable.

La jueza Barbara Holmes concedió la libertad provisional para el migrante, pero su liberación fue retrasada un mes por petición de su defensa, que temía que las agencias migratorias lo detuvieran nuevamente y lo deportaran otra vez.

Esto luego de que funcionarios del gobierno de Trump dijeran que podrían intentar deportarlo a México o Sudán del Sur.

El pasado 22 de agosto, otro juez, Waverly Crenshaw, confirmó la decisión de Holmes y ordenó su libertad condicional.

Ábrego García se trasladó a su casa en Maryland, pero tenía que presentarse este lunes a una cita de migración.

Ahí fue detenido nuevamente por los agentes del ICE.

“La razón es simplemente que han decidido detenerlo para castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales”, declaró a los periodistas el abogado Sandoval-Moshenberg, quien dijo que no recibieron ninguna explicación de las autoridades.

Aseguró que su cliente rechazó una oferta para declararse culpable de los cargos de tráfico de personas a cambio de ser deportado a Costa Rica.

Un agente dijo que lo llevarían a un centro de detención, pero no especificó cuál.

Su abogado argumentó que no había motivos para detener a su cliente, ya que llevaba un monitor en el tobillo y estaba “básicamente bajo arresto domiciliario”.

Su familia y la defensa ahora temen que se produzca una segunda deportación, esta vez a Uganda, un país con el que no tiene vínculos conocidos.

Noem alegó, sin aportar pruebas que lo sustenten, que Ábrego García es “culpable de tráfico de personas y abuso doméstico” y que el presidente Trump no permitirá que “siga aterrorizando a los ciudadanos estadounidenses”.

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