La Audiencia envía la querella de Podemos contra la cúpula de Interior del PP al juez que pidió imputar a Pablo Iglesias

La querella que Podemos presentó en octubre contra la cúpula del Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy (PP), por las maniobras policiales urdidas para desprestigiar con pruebas falsas al partido, se ha enviado al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, encabezado por el magistrado Manuel García-Castellón. Según informan fuentes jurídicas, la formación ha recurrido ya esa decisión, pues la fuerza política no quiere que el caso quede en manos de este juez, al que ya atribuyó una “animadversión” hacia Podemos y que trató de imputar a Pablo Iglesias en octubre de 2020 en el llamado caso Dina, una derivada del caso Villarejo, por presentarse como víctima de las cloacas del Estado.

Estas fuentes detallan que la querella de Podemos cayó por reparto en el Juzgado Central de Instrucción 5, dirigido por Santiago Pedraz, quien estimó que debía remitirse al Central 6, debido a las conexiones que presentaba con otros sumarios que se han investigado en este. En el órgano dirigido por García-Castellón se ha indagado el caso Kitchen, sobre la operación policial urdida en Interior durante la época de Rajoy para robar presuntamente documentación sensible al extesorero popular Luis Bárcenas; y también el caso Dina, las pesquisas sobre cómo el contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, una antigua asesora de Pablo Iglesias (ex secretario general de Podemos), acabó en poder del comisario José Manuel Villarejo después de que ella denunciara el robo a finales de 2015. Pero, pese a ello, este Juzgado Central 6 no había visto hasta ahora base para abrir una causa sobre todas las maniobras contra Podemos.

Tras conocer la decisión de Pedraz de enviar la querella a García-Castellón, Podemos ya hizo un primer movimiento y recurrió la iniciativa ante el propio Juzgado Central de Instrucción 5. Sin embargo, este órgano desestimó sus pretensiones. Ante tal negativa, la fuerza política de izquierdas ha presentado alegaciones de nuevo para que se vuelva a estudiar si la querella la asume finalmente el juzgado de Pedraz por reparto, o el de García-Castellón por los casos precedentes que ha investigado.

Esta futura resolución llegará después de que Podemos se haya querellado este noviembre ante el Tribunal Supremo contra el propio García-Castellón por reabrir en 2021 una investigación sobre la financiación del partido, que se había archivado en 2016, y que retomó cinco años después a raíz de unas declaraciones de Hugo Armando Carvajal, El Pollo Carvajal, jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014. Por esa decisión, la formación atribuye al magistrado los delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos.

La formación de izquierdas mantiene una intensa batalla contra el juez de la Audiencia Nacional. Sobre todo, después de que el magistrado intentase imputar a Pablo Iglesias en el caso Dina, una derivada del caso Villarejo. En octubre de 2020, García-Castellón envió al Supremo una extensa exposición razonada donde, entre otros, acusaba al entonces vicepresidente del Gobierno de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito. Le achacó que, con el objetivo de obtener un rédito electoral, se inventase una conspiración para presentarse como víctima de la policía patriótica —el grupo de agentes que operó en Interior bajo las órdenes del ministro Jorge Fernández Díaz para desprestigiar con pruebas falsas a rivales políticos—. Una tesis del magistrado que fue rechazada después por el alto tribunal.

La querella de Podemos contra Interior

El pasado octubre, Podemos presentó en la Audiencia Nacional una querella contra una decena de altos cargos del Ministerio del Interior entre 2015 y 2016: entre ellos, el entonces ministro Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En su escrito, la formación señala que los dirigentes del PP en el Ministerio del Interior durante la etapa de Rajoy, así como mandos policiales de su confianza, utilizaron “métodos ilegales” para desprestigiar al partido de Pablo Iglesias con el objetivo de, “una vez celebradas las elecciones, evitar o dificultar cualquier posible pacto de investidura que desalojara del Gobierno” al Partido Popular.

Entre otros indicios, Podemos esgrime los mensajes telefónicos intervenidos a Francisco Martínez. Estos, sumados a los audios desvelados por EL PAÍS hace más de un año, apuntan a que desde 2015 se ejecutó desde las cúpulas de Interior y de la Policía una investigación exhaustiva para obtener supuestos trapos sucios de cargos de Podemos para filtrarlos a determinados medios de comunicación; o se fabricaron falsos informes policiales para perjudicar al partido —como el Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto documento policial que afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno para lanzar la carrera política del dirigente de izquierdas—.

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