Jornada política del 10 de enero de 2024 | Sánchez salva gracias a Junts dos de los decretos, pero Podemos tumba la reforma del subsidio de paro de Díaz

Bolaños, a los diputados: “Hoy los ciudadanos comprobarán si están para facilitarles la vida o para dañarles”

La sesión en el Senado —ya que el Congreso está en obras— ha comenzado con el debate sobre el real decreto ley 6/2023 del 19 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes relacionadas con la recepción de los fondos europeos —como la digitalización de la justicia—. El primero en intervenir ha sido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. “Tenemos por delante una sesión parlamentaria larga, intensa, especialmente importante para el futuro de la ciudadanía y de las familias y empresas en nuestro país”, ha dicho Bolaños. “No votamos solo unos decretos, hoy los ciudadanos podrán comprobar si los representantes que eligieron el 23-J en las urnas están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que también dañan al Gobierno”, ha añadido.

Bolaños ha defendido las medidas sociales que incluyen los tres decretos —además del 6/2023, el que extiende a 2024 gran parte del paquete anticrisis y un tercero impulsado por el Ministerio de Trabajo—. Los decretos, por ejemplo, recogen la subida del 3,8% de las pensiones este año, con lo que si decae, el Ejecutivo calcula que un jubilado dejaría de percibir de media 734 euros este año, unos 52 euros al mes en el caso de una pensión media.

Según fuentes del Gobierno, si decaen los decretos, que también son el paraguas normativo en el que se apoya la rebaja al transporte público, una familia (pareja con dos hijos mayores de 14 años) que vive en las afueras de Madrid tendría que pagar 3.297 euros más este año por usar Cercanías. En Barcelona, 3.357 euros más; y en Valencia, 5.585 euros. 

Los decretos también recogen, entre otras cosas, rebajas fiscales aprobadas y relacionadas con la energía. Según el Ejecutivo, la factura de la luz de un consumidor medio pasaría de 44,3 euros mensuales a 53,3 (casi 10 euros más). En el caso de los hogares vulnerables, sin estas medidas de protección, la factura se dispararía casi un 60%, siempre según los cálculos del Gobierno formado por el PSOE y Sumar.