Feijóo acusa a Sánchez de “fraude electoral” por preparar una amnistía que negó hasta el 23-J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subido el pistón acusando este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cometer un “fraude electoral” al abrir paso a una amnistía a los encausados del procés, a pesar de que hasta las elecciones del 23 de julio siempre negó que esa amnistía cupiera en la Constitución. Feijóo ha comparecido en el escritorio del Congreso tras el pleno para advertir de que España se encuentra ante “un punto de inflexión en la historia democrática” por la posibilidad de que el PSOE apruebe esa ley de amnistía, que los partidos independentistas exigen para apoyar la investidura de Sánchez y que el líder del PP consideraría “un ataque a la democracia, a la Constitución y a la división de poderes”. Lo ha hecho después de que el presidente del Gobierno en funciones sugiriera la víspera, desde Nueva York, que está abierto a conceder la amnistía, y añadiera: “Una crisis política [la del procés] nunca tuvo que derivar en acción judicial”.

Feijóo ha remarcado que el líder del PSOE “se presentó a las elecciones con un programa muy claro: la amnistía no cabe en la Constitución”. “Es evidente que estamos ante un fraude electoral, un ataque a la democracia española y un ataque a la división de poderes que protege la Constitución”, ha añadido, calificando ese “fraude” de “agravado” y “reincidente” porque, según él, Sánchez coloca “mentira sobre mentira”. Los populares se manifestarán este domingo en contra de la amnistía en un acto de partido en la calle en Madrid, solo 48 horas antes de que comience la investidura de Feijóo, que el PP asume que no prosperará.

En realidad, el PSOE no llevaba la amnistía en su programa, ni para apoyarla ni para rechazarla. En el apartado sobre política territorial y Cataluña, el programa socialista se limitaba a prometer que seguiría con la senda del “diálogo”. Pero tanto Sánchez como varios de sus ministros han reiterado durante los últimos cuatro años, y hasta el día de los comicios, que la amnistía era una medida imposible por inconstitucional y que los responsables del procés independentista de 2017 —empezando por Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde entonces— debían rendir cuentas ante la justicia. La amnistía, de aprobarse, supondría eximir a Puigdemont y el resto de encausados de ser juzgados, y borrar los antecedentes de los ya condenados.

El propio Pedro Sánchez, que en 2018 se aventuró a decir que el delito cometido por los líderes del procés era el de “rebelión”, prometió en la campaña electoral de noviembre de 2019 traer a Puigdemont a España para que fuera juzgado, y afirmó en septiembre de 2021: “Para el independentismo, el referéndum y la amnistía es su propuesta, y para nosotros, evidentemente, ni el referéndum ni la amnistía son posibles. Y no solamente porque desde el punto de vista de la Constitución no se incorpore”. Tres días antes de las elecciones generales del pasado 23 de julio, Sánchez reivindicaba que no había cedido ante las principales demandas de Junts y ERC: “El independentismo pedía la amnistía y pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido la amnistía y no hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá”, decía.

Varios de sus ministros se han manifestado en estos años en términos similares, rechazando la amnistía tajantemente y asegurando que no cabe en el ordenamiento jurídico. Cuando el pasado de 5 julio el Tribunal General de la Unión Europea retiró la inmunidad a Carles Puigdemont y a otros dos exdirigentes de la Generalitat prófugos —una decisión que aún está pendiente de recursos—, la ministra de Justicia, Pilar Llop, se felicitó por ello: “El Gobierno se encuentra muy satisfecho porque es un respaldo indudable a las instituciones españolas, a la justicia española y al Parlamento Europeo”, dijo. Y añadió: “Dejémonos de paños calientes: el ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la justicia. Y podemos decir también que gracias a la actuación de este Gobierno a lo largo de estos cinco años la ley se cumple en Cataluña; muy distinto a lo que ocurría hace cinco años, cuando había un Gobierno del PP y los responsables huían de la acción de la justicia”.

Esa opinión del Gobierno sobre una posible amnistía cambió a partir del 24 de julio, cuando los resultados electorales confirmaron que la llave de la investidura de Pedro Sánchez estaba en manos de Junts, el partido de Puigdemont. Y sobre todo después de que este anunciara el 5 de septiembre que la amnistía era una “condición previa” para negociar. Desde entonces, tanto Sánchez como sus ministros se han volcado en reivindicar la necesidad de proseguir con la “desjudicialización” —tras los indultos y la reforma del Código Penal de la pasada legislatura— y “pasar página” definitivamente del procés. No han especificado si eso implica una amnistía u otra fórmula jurídica, pero sí han dejado de sostener que la amnistía sería inconstitucional y ahora se limitan a decir que eso lo decidirá en todo caso el Tribunal Constitucional.

El PP también ha evolucionado su posición política acerca de cómo abordar en esta fase el conflicto catalán, aunque siempre se opuso a la amnistía. Feijóo defendió primero el diálogo con Junts, un partido del que llegó a decir que “no es un rival político e ideológico”, después de que los populares hubieran tachado a ese partido casi de golpista. Poco después, tras conocer las exigencias de Puigdemont, renunció a negociar con ellos. El líder del PP también defendió que había que buscar “un nuevo encaje territorial para Cataluña”, aunque luego se corrigió a sí mismo asegurando que en ningún caso hablaba de un trato diferencial.

Este miércoles, Pedro Sánchez dio un paso más en el giro argumental del PSOE: preguntado por si seguía pensando que Puigdemont debe ser juzgado, contestó: “A ver, nosotros hemos respetado siempre el trabajo y la labor de la justicia. También digo que una crisis política [del procés] nunca tuvo que derivar en acción judicial”. Cuando se le preguntó si, como sostiene Oriol Junqueras, la amnistía ya está pactada, Sánchez evitó desmentir al líder de ERC y apuntó: “Voy a ser coherente con la política de normalización y estabilización de la situación política en Cataluña. Y estoy diciendo mucho”.

El PP da máxima trascendencia a esas palabras de Sánchez, y Feijóo, además de cargar contra los cambios de opinión del presidente socialista, advierte contra las consecuencias de una medida de gracia como esa en relación con la crisis del procés. “Si [entonces] no debió utilizarse la justicia, estamos haciendo una enmienda a la totalidad del Estado de Derecho”, ha afirmado. El líder popular ha hecho suyas las críticas de parte de la vieja guardia socialista contra esta medida. Parafraseando a Alfonso Guerra, ha enfatizado: “Yo también estoy de acuerdo en que la amnistía es la condena a la democracia”.