¿En qué países está penalizada la homosexualidad? (y cuál es la situación en América Latina) – BBC News Mundo
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La homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 67 países del mundo, con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión a la pena de muerte.
Esta es una cifra que, por suerte, se reduce cada año, aseguran desde las organizaciones LGTBI.
Pese a los progresos, aún hay países que siguen endureciendo sus políticas contra este colectivo. El último ha sido Uganda, que ya castigaba con penas de cárcel las relaciones sexuales entre personas de mismo sexo, pero cuyo parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley para enviar a la cárcel a todo aquel que se identifique como gay. Si la ley llega a ratificarse, será la primera en el mundo que criminalice la identidad homosexual.
En el cómputo global, sin embargo, “existe una progresión en cuanto a la penalización, la situación va mejorando, y esta es una tendencia que hemos visto en los últimos años e incluso décadas”, explica a BBC Mundo Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA World, la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, con sede en Suiza pero con miembros en todo el mundo.
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Manifestantes en contra de la penalización de la homosexualidad en el mundo en una protesta en Paíes Bajos en 2019.
En la última década, 17 países han dejado de perseguir la homosexualidad, entre ellos Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Angola, Mozambique, Singapur y el más reciente, Barbados.
El pasado mes de diciembre, el Tribunal Supremo de este país caribeño anuló las secciones 9 y 12 de la Ley de delitos sexuales, también conocidas como las leyes de “sodomía” e “indecencia”, que databan de la época colonial británica y que podían llegar a condenar a cadena perpetua a quienes las violaran.
Según el recuento que hacen las organizaciones que defienden los derechos de este colectivo, 62 Estados miembros de la ONU tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar dos territorios que no son independientes: Gaza y las Islas Cook. Además, otros dos países, Egipto e Irak, la castigan “de facto”.
Indonesia es el número 67, un país en el que, con la excepción de los territorios en los que se aplica la sharía, como Sumatra y Banda Aceh, no castigaba las relaciones LGTBI.
Sin embargo, la reforma del código penal aprobada a finales de 2022, que prohíbe el sexo fuera del matrimonio, afecta de lleno a las relaciones homosexuales ya que no existe en matrimonio gay en ese país. Aunque el parlamento indonesio ya ha aprobado esta legislación, no entrará en vigor hasta 2025.
“Viendo la situación global, en los últimos años parece que avanzamos dando dos pasos adelante y uno atrás“, explica a BBC Mundo Victoria Vasey, jefa del departamento legal de human Dignity Trust (HDT), una organización con sede en Londres que proporciona apoyo jurídico a activistas y asociaciones locales.
Cómo es la situación en América Latina
El Caribe es la única región de todo el continente americano donde aún quedan países que castigan las relaciones homosexuales aunque, como afirma Alistair Stewart, jefe de Defensa e Investigación de HDT, “en cada uno de ellos hay casos legales activos que impugnan esas leyes, por lo que en unos cinco años podría no quedar ningún país que criminalice a las personas LGTBI en toda América”.
Latinoamérica, de hecho, “está en la vanguardia de los derechos LGTBI“, reconoce Julia Ehrt.
Cuatro países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, México y Cuba, además de algunas jurisdicciones de Argentina y Brasil, ofrecen una protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual.
Esto implica, en teoría, que todas las leyes inferiores deben incorporar este principio y se consideran los países más protectores a nivel legal.
Además, otros cinco países, Chile, Colombia, Honduras, Perú y Uruguay -además de Surinam y la Guayana Francesa- ofrecen una “protección amplia” contra la discriminación por orientación sexual. Esto incluye también la protección al acceso a bienes y servicios, a la salud, la educación y el empleo.
Nicaragua y Venezuela ofrecen protección contra la discriminación en el empleo, pero no en el resto de categorías, igual que Puerto Rico.
Entre los países con protección “limitada o dispar” se incluyen aquellos donde no hay leyes federales contra la discriminación, aunque sí estatales o locales.
En esta categoría están Argentina -donde hay leyes protectoras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Río Negro y la ciudad de Rosario-, El Salvador, República Dominicana, Belice y Costa Rica.
El matrimonio homosexual es una de las conquistas que una gran cantidad de países latinoamericanos ha logrado alcanzar en los últimos años.
Las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Ecuador y México. Excepto en estos dos últimos países, en todos ellos, las parejas homosexuales tienen, además, el derecho a adoptar niños.
En algunos casos, las leyes protectoras han acompañado un cambio social que ya era evidente. Pero en otros, han sido las propias normas las que han actuado como promotoras del cambio, como es el caso de México y Argentina, según explicó a BBC Mundo Lucas Ramón Mendos, autor principal del informe “Homofobia de Estado”, publicado en 2020 por ILGA World.
Mendos aclara que, “en los países donde hay más protección legal, esto no significa que la situación en el terreno sea segura o no haya hostilidad”. Sin embargo, sí existen posibilidades de buscar la protección del Estado en caso de violencia y discriminación.
Avances y retrocesos
El panorama esperanzador en América Latina contrasta con la situación en otras regiones del mundo, como es el caso de África, donde 32 países aún criminalizan las relaciones homosexuales y es percibido como una de las regiones más difíciles para las personas LGTBI.
“La creciente discriminación de las personas LGTB en África es preocupante”, denuncia ILGA World, “particularmente cuando países de todas las regiones del mundo, desde el Caribe hasta Asia, han ido en la dirección opuesta en los últimos años y han derogado este tipo de leyes opresivas de la época colonial”.
En el caso de Uganda, el parlamento ha aprobado con una amplísima mayoría un proyecto de ley que podría condenar a cadena perpetua a las personas que se identifican como homosexuales.
Para convertirse en ley aún debe ser ratificada por el presidente ugandés, Yoweri Museveni, a quien apelan ahora organizaciones como ILGA, HDT, Amnistía Internacional o la misma ONU.
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El parlamento ugandés aprobó con una amplia mayoría el proyecto de ley que criminaliza la identidad homosexual, que no se convertirá en ley hasta ser ratificada por el presidente del país.
Según lo aprobado por el parlamento, no solo la mera identificación como gay se convierte en algo ilegal por primera vez, sino que los amigos, familiares y miembros de la comunidad tendrán el deber de acudir a las autoridades para denunciar a las personas que mantengan relaciones con otras del mismo sexo.
“Este proyecto de ley no solo criminaliza a las personas LGTB, sino también y de forma muy directa a sus aliados, a sus familias… Va mucho más allá de las personas LGTB, alcanza a toda la sociedad“, denuncia Victoria Vasey.
Las consecuencias de que este proyecto llegara finalmente a convertirse en ley serían muy perniciosas, no solo para los ugandeses, sino para toda la región, asegura Vasey. La activista recuerda que en Ghana, por ejemplo, se está considerando una nueva ley parecida que lleva meses debatiéndose en el parlamento y, “ahora podrían verse animados a seguir el mismo camino de Uganda”.
Pese a todo, “incluso en África ha habido una mejora real”, asegura Alistair Stewart. Como ejemplo, menciona los casos de Angola, Leshoto, Botswana, Mozambique y Seychelles, países que han dejado de castigar la homosexualidad.
Pero una cosa es la legislación y otra el clima social.
Según apunta Julia Ehrt, se está produciendo “un mayor escrutinio de las comunidades trans en Estados Unidos y en Reino Unido, o de las personas LGTBI en países como Polonia y Hungría”.
A ello se suma Rusia, donde una nueva ley amplía las restricciones ya existentes sobre las actividades que se perciben como “propaganda LGTBI”.
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