El juez rechaza el intento de apartar a la fiscal Willis del caso contra Trump por fraude electoral en Georgia

El caso contra el expresidente Donald Trump por fraude electoral en el Estado de Georgia ha recibido este viernes un dictamen fundamental para seguir adelante. La fiscal que le imputó a él y a otros 18 sospechosos, Fani Willis, podrá continuar al frente del caso: el juez responsable ha considerado no probado que la relación sentimental, ya terminada, entre Willis y el fiscal especial que ella contrató en el caso, Nathan Wade, constituyera un conflicto de interés, como alegaba la defensa. Pero el juez no vindica por completo a la representante del ministerio público. Considera que existe la “apariencia” de una situación impropia que exige que uno de los dos fiscales tenga que dejar el caso. Wade ha presentado su dimisión pocas horas después de la decisión judicial.

En un dictamen de 23 páginas, el juez del condado de Fulton Scott McAffee encuentra que, tras una vista de dos semanas en febrero, los abogados de Trump “no han logrado” demostrar el conflicto de interés. “La fiscal de distrito no se ha comportado de ninguna manera que coincida con la teoría de que organizó una trama financiera para enriquecerse”, escribe. Pero —matiza— el caso sí ha puesto de manifiesto “una apariencia significativa de situación impropia que contamina la estructura actual del equipo de la Fiscalía. Una apariencia que debe corregirse”.

Por ello, “la fiscal de distrito puede elegir renunciar, con todo su equipo, y dejar que el Consejo de Fiscales nombre a otros responsables” para el caso, escribe McAffee. “Alternativamente, Wade puede retirarse, lo que permitiría que la fiscal, los abogados defensores y el público continúen sin que su presencia o remuneración distraigan y acaben poniendo en peligro los méritos del caso”.

El fiscal Wade no ha tardado en reaccionar. Pocas horas después de que se hiciera público el dictamen del juez, presentaba su renuncia en el caso en una carta abierta. “Ofrezco mi dimisión por el bien de la demmocracia, en dedicación al público estadounidense y para que este caso avance lo más rápidamente posible”, ha indicado el experto legal en su misiva, divulgada por la Fiscalía de Fulton.

La decisión del juez representa un duro revés para Trump, que en sus cuatro casos legales pendientes busca cuando menos retrasar los respectivos juicios hasta después de las elecciones de noviembre. Para Willis es una victoria importante en el plano personal y en el profesional, pero una victoria pírrica. La vista de febrero en el condado de Fulton —donde Trump y sus compañeros de banquillo tendrán que responder a las acusaciones de crear una asociación mafiosa para falsear los resultados electorales de 2020— sacó a la luz numerosos detalles sobre su vida privada. En un momento dado, durante su testimonio ella llegó a recordar: “A mí no me están juzgando. Es a esa gente (a Trump y a los imputados con él) a quienes se va a juzgar por intentar robar unas elecciones”.

Esos detalles pueden seguir muy presentes entre la opinión pública a medida que progrese el proceso. Willis ya sufrió un revés en el caso contra Trump esta misma semana a manos de McAffee. El juez retiró seis de los cargos presentados contra los acusados —de ellos, tres afectaban al expresidente— al considerar que la Fiscalía no los había justificado lo suficiente, aunque dejó la puerta abierta a que puedan volverse a presentar con mejor argumentación.

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Acoso y amenazas

El caso tendrá consecuencias. A lo largo de los dos años de investigación sobre el caso Willis, la primera afroestadounidense al frente de la Fiscalía de Fulton, ha sufrido actos de acoso de todo tipo, incluido racistas, y amenazas contra su vida. Según quedó de manifiesto en la vista de febrero, el hostigamiento fue tal que le obligó a mudarse temporalmente de vivienda.

Es posible, por un lado, que Trump y el resto de imputados apelen la decisión de McAffee. Por otro, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, aprobaba una ley estatal esta semana que permite investigar a fiscales locales de los que se sospecha que actúan por razones impropias. Legisladores republicanos de ese Estado ya han indicado que planean abrir una investigación contra Willis, de filiación demócrata. Un comité parlamentario local ya ha abierto su propia audiencia sobre las alegaciones contra los dos fiscales.

El escándalo estalló en enero, cuando los abogados de Mike Roman, uno de los imputados en el caso por fraude electoral, denunciaron la existencia de la relación sentimental entre Willis y Wade y aseguraron que constituía un conflicto de interés. La fiscal, según sostenían, recibió un beneficio económico por contratar en noviembre de 2021 a su entonces novio, que con su sueldo como fiscal especial —ha cobrado 650.000 dólares (unos 600.000 euros) durante este tiempo— pagó una serie de lujosas vacaciones para ambos en lugares como las Bahamas, Aruba o el valle californiano de Napa durante el desarrollo de la investigación contra el expresidente.

Los dos expertos legales admitieron la relación, pero negaron que hubiera generado un beneficio económico, directo o indirecto, para ella. Willis insistió en que había pagado su parte del coste de las vacaciones, aunque siempre en metálico porque —sostenía— su padre la acostumbró desde niña a tener a mano una cantidad sustancial de efectivo para emergencias.

Respecto a este punto, el juez McAffee considera esta práctica “entendiblemente preocupante”, porque no hay recibos que respalden las afirmaciones de la fiscal. Pero también reconoce que las explicaciones de Willis “no son tan descabelladas como para hacerlas increíbles”.

A lo largo de la vista, uno de los grandes puntos de conflicto entre los fiscales y la defensa de Trump fue el momento en el que comenzó la relación sentimental, terminada el año pasado. Willis y Wade testificaron que comenzó en 2022, después de que él fuera contratado para el caso en 2021. Los abogados del expresidente consideraban esa declaración “no verdadera” y, como tal, suficiente para decidir la descalificación de la fiscal de distrito.

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