Claves para entender el ‘caso Luis Donaldo Colosio’: una danza entre fiscalías e información fragmentada

El caso Colosio está de nuevo en la conversación pública unas semanas antes de que se cumplan 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas (Tijuana). El principal sospechoso del magnicidio, Mario Aburto Martínez, sigue preso desde aquel año mientras la Fiscalía General de la República (FGR) se sujeta de la teoría del “segundo tirador” y busca una orden de aprehensión contra el exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) Jorge Antonio Sánchez Ortega, que un juez le ha negado. La historia judicial del caso puede contarse entre fiscalías especiales, información que fluye de manera fragmentada e investigaciones sin continuidad. Estos son los momentos clave del caso Colosio.

Averiguación ‘SE/003/95’

Titulada Averiguación previa integrada con motivo del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, esta investigación, fechada en 1995, contemplaba la hipótesis de un segundo tirador. “En el fondo no sorprende tanto la teoría [actual] de un segundo tirador, ¿por qué? Porque desde 1995 esta carpeta de investigación ya manejaba esa teoría. Sin embargo, fue súper polémico el desempeño del fiscal Pablo Chapa Bezanilla en 1995, que lo destituyen del cargo y entra un último fiscal, que es Luis Raúl González Pérez, que fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México”, asegura en entrevista a EL PAÍS Laura Sánchez Ley, periodista y autora del libro Aburto. Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo (Grijalbo, 2017).

Una prueba realizada al agente Jorge Antonio Sánchez Ortega el día del asesinato de Colosio, para determinar si en sus manos había residuos de pólvora por el uso de un arma de fuego, dio positivo en palmar y dorsal de su mano derecha, y en el dorsal de su mano izquierda. Solo dio negativo en el palmar izquierdo. Además, la chamarra que usó aquel 23 de marzo tenía manchas de sangre que él mismo reconoció que eran de Luis Donaldo Colosio, aunque aseguró que se debió a que cargó el cuerpo del candidato.

Para Sánchez Ley, la investigación de 1995 se centra en dos momentos particulares: la caída de Luis Donaldo Colosio —”es muy polémica esa parte de, si [Aburto] le disparó en la cabeza y tuvo una muerte cerebral en 0,05 milisegundos, ¿cómo pudo hacer un eje de 180 grados y colocarse en el mismo lugar que Mario Aburto?”—, y el traslado del asesino, ya detenido, a Ciudad de México el día posterior al crimen. “Es trasladado a las instalaciones de la Procuraduría General de la República [hoy FGR] en su delegación Tijuana, más o menos a las 5.30 de la tarde, y se lo llevan [a la capital mexicana] a las 6.45 de la mañana del día siguiente”, explica la periodista.

Desclasificación de los archivos

En 2019, cuando se cumplieron 25 años del magnicidio de Colosio, fue desclasificado el expediente completo del proceso penal condenatorio contra Mario Aburto Martínez. Un equipo de investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad logró esta apertura de los archivos que contienen alrededor de 9.000 hojas. Los documentos muestran testimonios inconsistentes, tortura al acusado, presiones por parte de las autoridades y documentos inéditos que revelan contradicciones entre algunos de los principales testigos.

El expediente recorre siete años de investigación de la Fiscalía Especial para el caso Colosio en los que están contenidos careos, testimonios, fotografías y extractos de la averiguación previa que no fueron incluidos en la versión pública de la entonces PGR. En el año 2000, estos documentos habían sido clasificados por 35 años, con el argumento de que todavía podrían aparecer datos relacionados con la investigación que pudieran servir para resolver el magnicidio.

El amparo de Mario Aburto

El abogado de Aburto, Jesús González Schmal, tramitó un amparo para que el proceso judicial del acusado —que en 1994 fue sentenciado a 45 años de prisión— se aplique según la pena por homicidio del Código Penal de Baja California, entidad donde se cometió el delito, vigente en 1994, que era de hasta 30 años de cárcel. El 5 de octubre de 2023, un tribunal colegiado de Toluca (Estado de México) concedió este recurso y en esas fechas se especuló sobre una posible liberación de Aburto cuando cumpliera las tres décadas de condena en marzo de este año. Sin embargo, a finales del año pasado, la Fiscalía General de la República impugnó el amparo a favor de Mario Aburto y la Suprema Corte admitió a trámite esta impugnación, por lo cual el asunto está en manos del máximo tribunal, que tendría que apurar la revisión para que el sentenciado quedara libre en marzo próximo. Por lo pronto, la admisión a trámite de la Corte impide que un tribunal pueda ejecutar el amparo.

“Yo no creo en el tema de que salga [libre] el día de 23 de marzo. Eso implicaría que la Suprema Corte de Justicia estuviera en 15 días, básicamente, determinando qué va a pasar con Mario Aburto Martínez. Estamos en una cosa muy impresionante en la que, después de 30 años, evidentemente, en un contexto de elecciones, hay una reapertura de un caso, hay información mediática y a medias, hay la teoría de un segundo tirador, sin que nos oficialicen. No tenemos un informe, no tenemos nada, no sabemos absolutamente nada. ¿Qué queda? Esperar a la que la Suprema Corte de Justicia resuelva uno de los amparos”, asegura Laura Sánchez Ley.

La investigadora revela que recientemente recibió unos documentos sobre las denuncias de Mario Aburto por haber sido víctima de tortura. “La FGR le notificó que no va a ejercer acción penal contra nadie, es decir, realmente no consideró que tenía que responsabilizar a alguien de las torturas”, precisa.

Reapertura de la investigación

En abril de 2022 fue reabierto el caso Colosio por la Administración actual. Después de años sin un órgano dedicado a seguir investigando, se conformó la quinta fiscalía desde 1994, a cargo de Abel Galván Gallardo. “Hay 18 personas, nada más, trabajando en esta reapertura de la investigación, según el informe que nos pasó la FGR. Es muy poquito, y operando con un presupuesto muy pequeño también”, señala Sánchez Ley. “Cuarenta y cinco peritos han sido interrogados, otros 24 testigos, que es como ellos les llaman, y 19 policías. Esa es la gente que ha sido llamada a declarar. En total 99 personas”, detalla.

La investigadora cuestiona que la fiscalía actual del caso ofrezca información incompleta y sin presentar evidencias. “Las otras cuatro fiscalías, con todas sus deficiencias y que le quedaron bastante a deber a la gente, daban informes, ya sea semanales, mensuales o trimestrales, y desde el principio revelaron la línea de investigación que iban a seguir. Nunca fue un secreto. Mario Montes, el primer fiscal, habló de una acción concertada; Olga Islas habló y sostuvo la versión del asesino solitario; el tercer fiscal, Pablo Chapa Bezanilla, desde el principio se paró y dijo ‘es un complot’, y la última, de Luis Raúl González, dijo ‘Yo voy a reafirmar la teoría del asesino solitario”.

“No nos dicen realmente qué elementos o evidencias nuevas tienen en contra de Jorge Antonio Sánchez Ortega para volverlo un segundo tirador”, enfatiza.

—¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Mario Aburto?, se le pregunta a la periodista.

—Mario definitivamente es un personaje con muchas contradicciones, eso me cuesta un poco entenderlo… místico. Creo que ha manejado varias versiones de esta historia, por eso es muy difícil cuando la gente pregunta: ¿Lo mató o no lo mató? Yo siempre respondo que independientemente de eso creo que recibimos una historia filtrada por parte de los gobiernos en turno.

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