El Gobierno se aferra a la voluntad negociadora de Puigdemont aunque PSOE y Junts “estén en las antípodas”

El regreso de Carles Puigdemont al primer plano, con una reunión con Yolanda Díaz y con una conferencia en la que ha fijado sus condiciones para la negociación —sobre todo una ley de amnistía tramitada antes de la investidura y la afirmación de que Junts nunca renunciará a la unilateralidad—, ha subido la temperatura de la política española y ha extendido la idea de que una repetición electoral no es descartable. Sin embargo, en La Moncloa, donde se maneja más información que en otros centros de poder y hay contacto fluido con Junts después de la exitosa negociación para la Mesa del Congreso, prefieren ver el vaso medio lleno y se aferran a la voluntad negociadora que el expresident de la Generalitat, huido de la justicia española desde 2017 y ahora eurodiputado, ha mostrado en su conferencia.

Para el sector socialista del Gobierno, Puigdemont plantea “un programa de máximos” que no será el que finalmente se acuerde, pero sobre todo señala con claridad que quiere negociar la investidura de Pedro Sánchez. Y eso en sí ya es un avance importante para alguien que hasta hace poco estaba totalmente fuera del juego político nacional y votaba en contra prácticamente de todas las leyes del Gobierno de coalición. En el entorno del secretario general del PSOE señalan que lo más importante del discurso de Puigdemont es lo que no ha dicho: no ha colocado el referéndum de autodeterminación como una condición indispensable, algo que habría hecho imposible la negociación. Y eso, para el Ejecutivo, es una clara muestra de que hay espacio, aunque nada es fácil.

El Gobierno salió el martes a tranquilizar a los suyos y dejar claro que las posiciones socialistas y las de Junts, un grupo que defiende el referéndum de autodeterminación, la independencia y la unilateralidad, “están en las antípodas”, pero eso no quiere decir que no puedan ponerse de acuerdo en una serie de puntos para lograr la investidura de Sánchez como antes lo hicieron para que el PSOE y Sumar y no el PP y Vox tuvieran el control de la Mesa del Congreso. La portavoz, Isabel Rodríguez, hizo muchos esfuerzos para evitar cualquier concreción y no contestó a ninguna de las condiciones concretas que plantea Puigdemont, en especial la de la ley de amnistía antes de que se vote la investidura. El sector socialista del Gobierno prefiere que la negociación sea como la de la Mesa del Congreso, con total discreción y sin que se conozcan las condiciones de partida para evitar que luego sea imposible volverse atrás. Por eso todas las respuestas eran genéricas, con un mantra repetido: cualquier cosa que se acuerde, será dentro de la Constitución. Los socialistas no hablan directamente de amnistía, pero de sus palabras se deduce que han asumido que tendrán que hacer un alivio fiscal definitivo del procés si quieren la investidura. De hecho, el propio Sánchez habló abiertamente el lunes de “pasar página” y de ser “coherentes” con lo que hizo en la anterior legislatura el Gobierno de coalición con los indultos y la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y cambiar el delito de malversación.

Pero los socialistas parecen especialmente interesados en que el electorado progresista (que, según la encuesta de 40dB. publicada el lunes en EL PAÍS, apoya mayoritariamente que se busque una investidura con la mayoría de la anterior legislatura y Junts mucho antes que una gran coalición) no se alarme ante los mensajes de Puigdemont, y sobre todo ante las duras críticas de la oposición, que sostiene que España vive un momento de excepcionalidad democrática. “Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad”, sentenció en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes la portavoz del Ejecutivo. “Ya nadie se cree que viene el lobo. Ya está bien de meter el miedo en el cuerpo a los españoles. El Gobierno y el presidente Sánchez han demostrado que hacen cumplir la Constitución en toda España. Fue con un Gobierno del PP cuando alguien quiso saltarse la Constitución. Sánchez ha garantizado que se cumpla. Afrontamos la siguiente legislatura con la base del diálogo, el marco de la Constitución y el objetivo de la convivencia. Ha quedado acreditado en estos cinco años de Gobierno que por más que decían que venía el lobo, que España se rompía, que estábamos atados, se ha respetado la Constitución y Cataluña está mucho mejor que hace cinco años. No son palabras. Son hechos”, remató Rodríguez. Mientras, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un juez de larga trayectoria, sentado a su lado, no quiso entrar como experto al debate jurídico sobre la constitucionalidad o no de una posible ley de amnistía.

En cualquier caso el Ejecutivo sabe que la presión será muy fuerte en las próximas semanas. Personalidades del PSOE, como el expresidente del Gobierno Felipe González, han vuelto al primer plano. El martes durante una entrevista en Onda Cero, González recuperó el foco para mostrar su rechazo a un acuerdo con Junts y para asegurar que, en su opinión, una ley de amnistía no cabe en la Constitución. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, fue el lunes muy claro en su rechazo. Y no serán los únicos. “Lo que se vaya a hacer, cuando proceda, se hará con transparencia, democracia y coherencia con lo que hemos venido haciendo, que ha dado resultado en Cataluña y, por cierto, ha obtenido el respaldo mayoritario en las urnas”, señalan en La Moncloa como respuesta a González.

La negociación, que formalmente empezará después de que fracase la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero que en realidad ya está en sus preliminares, será muy compleja. Y nadie garantiza el éxito. Pero en La Moncloa ven a Puigdemont, apartando su retórica independentista pensada también para un mundo al que durante años el líder les ha dicho que no había negociación posible con un Estado opresor, con voluntad de llegar a un acuerdo y abrir paso a una nueva legislatura con Sánchez en el Gobierno.

Cualquier otra opción llevaría a una repetición electoral que en el PSOE siguen viendo como la peor de las opciones, porque es tirar los dados de nuevo con el riesgo de que esta vez sí sumen PP y Vox —se han quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta con sus apoyos de UPN y CC— o de que surja un resultado muy similar que conduzca al mismo punto. Quedan muchas semanas por delante de negociación, y en el PSOE confían en que Puigdemont y todos los demás vuelvan ahora a la discreción en la que llevaban las últimas semanas. Pero ninguno de los dirigentes consultados cree que la repetición electoral esté más cerca después del discurso de expresident. “Ahora empieza el baile”, resume un ministro. El final está por escribir.