La pelea del presidente con la judicatura se eleva con el señalamiento de jueces en las Mañaneras

La cruzada que mantiene el presidente contra el “podrido” Poder Judicial y a favor de una reforma de la judicatura que no puede emprender por falta de votos en el Legislativo, ha subido otro peldaño al incorporar una nueva sección en la Mañanera donde se señala con nombres y apellidos a jueces que han tomado decisiones aparentemente polémicas: el de Guanajuato que exoneró a una empresa recicladora de pagar 1.500 millones de pesos al sistema tributario, aquella que rebajó en Aguascalientes la prisión que ya habían aceptado los delincuentes, quien no vinculó a proceso a un investigado, el que tiene tantas o cuantas sentencias absolutorias o aquel otro de Puebla que falló que no había intención de matar a tres policías porque los proyectiles impactaron en el coche patrulla, entre otros ejemplos. Corruptos o no, esta exhibición pública de la tarea judicial, como los miércoles se hace con los periodistas, levanta críticas entre los expertos jurídicos, que discrepan de la forma y del fondo. La forma no les parece ajustada a un Estado de Derecho; el fondo, inservible para lo que se pretende, a menos que solo se trate de hacer campaña política.

Andrés Manuel López Obrador repite día con día, este martes también, que es “urgente” la renovación del Poder Judicial para que a jueces y magistrados los elija el pueblo con “su instinto certero”, porque van a conocer sus antecedentes, qué es lo que han hecho antes, etcétera. “¿Por qué se elige al presidente municipal, a diputados, gobernadores y hasta al presidente o presidenta y no a los magistrados?”, se ha preguntado el mandatario. Le responde, a preguntas de este diario, el catedrático de Derecho Constitucional de la UNAM Fernando Serrano Migallón: “El poder Ejecutivo y el Legislativo deben ser electos, porque representan al pueblo, pero el Judicial es un poder técnico con criterios objetivos que debe incorporar a los mejores y más honestos para ejercer de manera eficiente, como en Europa, donde su selección depende de pares jurídicos. Una cosa es que los propongan los políticos y los aprueben los Congresos y otra el voto popular. La democracia es el poder político elegido, pero el pueblo no podría determinar quiénes son los mejores médicos o ingenieros”, explica.

No cree Serrano Migallón que eso sirva para acabar con la corrupción, sino “al contrario”: “Aumentaría”, dice. “La política práctica en México es de lo más corrupto y pasar la elección de los jueces a manos de los partidos sería fatal; ¿quién los va a postular? Pues los políticos. En Estados Unidos, los jueces locales son electos y la política interviene. Los que se presentan se comprometen hasta con las grandes mafias del poder para poder llegar al puesto”, afirma este experto.

Que la justicia necesita una buena revisión no lo pone en duda la abogada Constitucionalista Ana Laura Magaloni, quien reconoce que en los ámbitos locales “la injerencia de los gobernadores es tremenda, así como arraigada la práctica de los litigantes para comprar y vender sentencias”, pero cree que López Obrador yerra en el diagnóstico y en la solución y que su empecinamiento por cambiar el sistema es solo una cuestión política. “El modelo de designación de ministros no es ni el problema ni el origen de la corrupción judicial, cuyos ejemplos más numerosos se dan en el ámbito local. Lo que plantea el presidente no es una discusión sobre una reforma, sino un enfrentamiento con la Justicia, y eso es muy delicado, porque la Corte representa un contrapeso al poder político y es el último árbitro, quien debe resolver este conflicto. Se trata, pues, de un conflicto límite, no hay nadie que pueda pacificarlo”, advierte Magaloni.

El presidente es quien propone a los ministros de la Corte, recuerda el experto en Derecho Constitucional Javier Martín Reyes, y el Senado los aprueba por una mayoría de dos tercios de la Cámara. “Obrador hizo cuatro propuestas y dos ministros se han comportado con mucha independencia, [Juan Luis González] Alcántara y [Margarita] Ríos Farjat”, sostiene este profesor de la UNAM. Considera que la exhibición pública que estos días hace el presidente de determinados jueces locales “le sirve para abonar su estrategia e impulsar la reforma cuyo centro es la Suprema Corte, donde se dirimen los asuntos que a él le afectan”. En este tribunal se han frenado las grandes reformas que pretendía el presidente, como el traspaso de la Guardia Nacional al mando militar o las modificaciones del INE, así como los asuntos del instituto de Transparencia, entre otros. Tendrá que esperar López Obrador a una nueva mayoría en el Congreso si quiere cambiar la Constitución para proceder con estas reformas. “Ese es el problema, que al presidente no le gustan los fallos que emanan de la Corte”, sostiene Martín Reyes. Y cree que señalar con nombres y apellidos a los jueces locales en sus Mañaneras no sería discutible, “porque disentir de los jueces y sus sentencias es legítimo y debe ser algo abierto, si no fuera porque López Obrador no aporta las evidencias de corrupción necesarias. Si las hay deben documentarse y sancionarse y destituir a quien sea corrupto”, opina.

“Para juzgar si hay corrupción o no hay que conocer el caso, pero no puede ventilarse así [en la Mañanera]. Si no se tienen datos estamos de nuevo ante el mismo problema, la politización de la justicia, es además muy agresivo”, sostiene Magaloni.

La exposición pública de ciertos profesionales en las conferencias matutinas influirá desde luego en el quehacer diario de los miles de jueces del país, pero quizá no en la dirección deseada. “Hay quien se acobardará y quien se engallará, pero si la corrupción es interesada por motivos económicos, no creo que se intimiden por lo que se diga de ellos” en la conferencia matutina, sostiene Serrano Migallón. Su colega Martín Reyes cree, sin embargo, que una situación así puede generar un efecto inhibidor en los jueces de primeras instancias, dado que tienen menos garantías que los de la Suprema Corte.

Martín Reyes sabe que “las cárceles están llenas de inocentes, de pobres, de gente en prisión preventiva sin juicio”; sabe también que las fiscalías no siempre hacen bien su trabajo, lo que puede ocasionar después sentencias polémicas por parte de los jueces, pero opina que para conseguir independencia y eficacia se necesitan unas condiciones de trabajo y seguridad que no siempre se tienen. “Al cabo son personas de carne y hueso y están recibiendo unos ataques brutales”.

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