La madre en Chile a la que obligaron a esperar que su bebé muriera en su vientre y ahora un fallo histórico le otorga una indemnización millonaria
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“Te sientes como si tú fueras el verdugo”.
La frase es de Catalina Pizarro, una profesora de música de 39 años que acusó a su médico de haber obstruido su derecho al aborto en Chile.
La dice para intentar explicar una sensación que, a casi ocho años de que su hija Clara muriera en su vientre, aún no se puede quitar.
“Te sientes sucia, culpable. Nunca más vuelves a habitar tu cuerpo de la misma forma”, afirma en conversación con BBC Mundo.
El corazón su hija dejó de latir a las 20 semanas de gestación, el 5 de diciembre de 2018.
Pero, varias semanas antes, Catalina había pedido a su equipo médico abortar por inviabilidad fetal, una de las tres causales legalizadas en Chile.
El 3 de septiembre pasado, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda que presentó contra el ginecobstetra y jefe de Maternidad de la entonces Clínica Tabancura, Eduardo Carstens Ulloa.
El tribunal estableció que el médico incumplió sus obligaciones contractuales y profesionales, resultando en la obstaculización del derecho de Catalina a acogerse a la ley de aborto, y le ordenó indemnizarla por 100.275.000 pesos chilenos, equivalentes a unos US$100.000.
De confirmarse el fallo de primera instancia que ya fue apelado por el médico, la sentencia podría sentar un precedente histórico en Chile.
Según Francisca Millán, abogada de la demandante, se trataría de la primera sentencia favorable de esta naturaleza en el país.
El doctor Carstens, por su parte, espera que ésta se revierta. Su defensa sostiene que su actuar se ajustó a la ley y a la buena praxis médica, y que el cuadro de Clara no configuraba las condiciones para un aborto.
“Tenía confianza de que iban a cuidar de mí”
Catalina y su pareja llevaban intentando concebir por un año y medio cuando, a inicios de agosto de 2018, llegó la buena noticia: estaba embarazada.
Se empezó a controlar en la entonces Clínica Tabancura, ahora llamada Clínica RedSalud Vitacura, un servicio de salud privado ubicado en una acomodada zona de Santiago.
Su tío paterno era jefe de Neonatología en el lugar, por lo que la idea de atenderse ahí se le hizo natural. “Tenía confianza de que iban a cuidar de mí”, afirma.
Sus primeros controles fueron con la ginecóloga Rosana Faúndez. Todos salieron normales.
Hasta la semana 11. Fue en esa ecografía cuando el personal médico se dio cuenta de que algo no iba bien.
“El doctor se empieza a demorar mucho rato, mucho rato. Y me dice: ‘voy a traer a un colega’. Trae al colega y miran. Y ahí me cuenta que Clara venía con un higroma quístico bilateral y con hidrops generalizado”, recuerda Catalina.
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Según la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología (ISUOG), el higroma quístico es una anomalía del desarrollo del sistema linfático que provoca acumulación de líquido, por lo general, en el cuello del feto.
“Este hallazgo incrementa el riesgo de anomalías cromosómicas, malformaciones cardíacas y no cardíacas, así como la probabilidad de muerte fetal”, describe el ISUOG.
El cuadro frecuentemente viene acompañado con el hidrops generalizado (o hidrops fetal), como ocurrió en el caso de Clara. En simple, se trata de una acumulación anormal de líquido en distintas partes del cuerpo, incluyendo la piel.
Un mal pronóstico
Catalina afirma que desde el primer momento los médicos le dijeron que ese diagnóstico impediría que su embarazo llegara a término.
De acuerdo con su relato ante la justicia, tras esa ecografía pidió cita con su ginecóloga, la doctora Faúndez, con quien discutió por primera vez la posibilidad de abortar por inviabilidad fetal.
La ley que regula el aborto, vigente en Chile desde 2017, permite la interrupción del embarazo bajo esa causal, además de la de riesgo vital de la madre y la de violación.
La causal de inviabilidad se configura, según la ley, cuando el embrión o feto padece “una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal”.
Para acreditarla, la ley exige “dos diagnósticos en igual sentido de médicos especialistas”.
“Mi ginecóloga me dijo que no veía problema y que tenía que conversarlo con el Comité de Ética de la Clínica, pero que me llamaba esa misma tarde”, recuerda Catalina.
En esos primeros días le solicitaron hacerse un examen genético para ver si había alguna causa a nivel cromosómico que explicara el cuadro de su hija.
Ese examen salió normal, pero no implicaba necesariamente un mejor pronóstico.
Catalina ya tenía tomada la decisión de interrumpir su embarazo. No quería esperar que su hija muriera en su vientre en una etapa más avanzada de la gestación.
Buscó otras opiniones y llegó a la consulta del doctor Waldo Sepúlveda, quien la examinó el 26 de octubre.
De acuerdo al fallo judicial, el médico detectó un deterioro importante de la condición fetal y concluyó en su informe que, por el hidrops fetal de causa no tratable, el caso podía acogerse a la causal de inviabilidad contemplada en la ley de aborto.
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Más exámenes
Con su diagnóstico, a Catalina sólo le faltaba obtener un segundo informe favorable en el mismo sentido.
Envió un correo a su ginecóloga, con el informe del doctor Sepúlveda adjunto, solicitando nuevamente si podían autorizar su aborto.
Pero la doctora Faúndez se contactó con ella para decirle que el Comité de Ética de la Clínica había revisado su caso y pedía más exámenes antes de tomar una decisión definitiva.
Le pidieron hacerse una ecocardiografía fetal y le dijeron que su caso quedaba ahora a cargo del doctor Carstens.
Catalina se realizó nuevas ecografías. Un doctor, que atendía en otra clínica, sospechó que Clara podía presentar una afección cardíaca compleja.
Luego, el 5 de noviembre, otro especialista detectó signos que podían indicar un desarrollo insuficiente del ventrículo izquierdo de su corazón.
El profesional recomendó repetir los estudios cuando el embarazo estuviera más avanzado, pasada la semana 20.
Pero Catalina no quería seguir esperando. Estaba cansada de lo que denomina “un peregrinaje” de exámenes y consultas médicas que no llegaban a nada.
Su hija Clara seguía creciendo en su vientre.
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Según su relato ante la justicia, después de realizarse los últimas ecografías, el doctor Carstens la citó a una reunión el 12 de noviembre.
Catalina afirma que el médico le dijo que había conversado con los doctores a los que ella había consultado y que todos coincidían en lo mismo: no cumplía las condiciones para acogerse a un aborto por inviabilidad fetal.
Carstens -dice Catalina- también argumentó que la condición de Clara no figuraba en la lista de patologías contempladas en el reglamento de aplicación de la ley.
Sin embargo, la norma especifica que dicha lista no es taxativa, es decir, no debe entenderse como un catálogo cerrado de patologías.
Él médico le ofreció, en cambio, controlar su embarazo de manera regular.
“Me ofreció ir todos los lunes, él me hacía un sobrecupo en su consulta y no me cobraba la ecografía para ver si seguía latiendo. Me dijo que iba a pasar en cualquier momento”, afirma Catalina.
Pasarían otras tres semanas antes de que Clara muriera.
“Es una tortura muy grande”
Catalina dice que esos días fueron eternos. Estaba con licencia médica, sin poder salir de su casa, donde vivía con su pareja de ese entonces y su hijo de 11 años.
Se sentía como en un espiral. No podía dejar de pensar en eso.
“Es como estar en el borde de la locura, porque de verdad te llegas a cuestionar todo… El encariñarse, por ejemplo. Le hablas y después dices ‘no, no te puedes engañar, no puedes generar un lazo porque esto no va a durar’. Y luego te sientes culpable por eso, y es un loop, un loop horrible. Es tortura muy grande, muy grande”, sostiene.
El escuchar el corazón de su hija regularmente no ayudaba. Tampoco el ir a la consulta y ver a otras mujeres embarazadas sin complicaciones.
“Eso avivó un poco más todo lo traumático”, afirma. “Era un lugar muy oscuro de habitar”.
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La muerte de Clara ocurrió el 5 de diciembre de 2018.
En la ecografía de rutina, el doctor Carstens le confirmó a Catalina que su corazón había dejado de latir.
De acuerdo Catalina, en ese momento, él le habría dicho: “preferí que fuera así porque es más natural. Así no tendrás cargo de conciencia”.
“Ahí entendí todo”, dice Catalina.
En su defensa, el doctor Carstens afirma, en cambio, que las decisiones que se tomaron respecto del embarazo respondían a criterios médicos y legales.
En su apelación, la defensa del médico sostiene que el cuadro de Clara no configuraba una patología necesariamente incompatible con la vida extrauterina.
Y que, por tanto, era necesario buscar sus causas y ver si era posible tratarla, antes de concluir que se trataba de una inviabilidad fetal.
BBC Mundo se puso en contacto con la Clínica RedSalud Vitacura y el doctor Carstens para ahondar en su versión de los hechos, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.
La llegada de Clara
Cuando el corazón de Clara dejó de latir, Catalina fue ingresada a una cesárea de emergencia.
Dice que no quiso que la anestesiaran demasiado. Quería estar consciente para poder ver a su hija.
“Pedí la epidural para poder tener una cesárea normal en el sentido de poder abrazarla. Pero en el minuto que me están sacando a la Clara, ella se reventó”, afirma.
“Pedí que me la envolvieran en una sábana, en algo. Así que me la pasaron y pude estar con ella”.
Luego le tocó esperar que el Servicio Médico Legal examinara el cuerpo de su hija para confirmar que no se había tratado de un aborto ilegal.
“Había que esperar ciertos trámites para poder hacerle un funeral”, recuerda Catalina.
Asegura que ese es otro paso traumático que deben enfrentar las mujeres cuyos hijos mueren en el vientre. “Todo el sistema es muy violento”, afirma.
El posparto
Catalina dice que el momento más difícil para ella fue el posparto.
Con las cenizas de su hija ya en su casa, se sumió en lo que describe como “el agujero más profundo”.
Los primeros días no se podía levantar de la cama. Recuerda que su hijo de 11 años se convirtió en su principal cuidador:
“Él me despertaba para darme comida. Llegué a pesar 47 kilos, no podía hablar bien”.
Cuenta que repetía una y otra vez en su cabeza la frase que le habría dicho el doctor Carstens el día en que su hija murió.
“Yo creo que fue puro paternalismo”, dice.
“No quiero creer que fue porque sea malo, no quiero pensar que fue porque puso su religión primero. Creo que es el paternalismo que existe en muchos aspectos de la vida, como el papá que te dice ‘esto es lo mejor para ti’. Pero ellos no saben lo que es mejor para uno, porque ellos no están en tus zapatos, no han vivido tu vida, no saben lo que es estar embarazada”, agrega.
Para Catalina, “estas decisiones son difíciles, pero cuando uno decide, uno acepta la consecuencia de eso y puede procesarla en paz, puede entender el por qué y para qué de esa decisión. Pero cuando hay algo que está impuesto, no ayuda al proceso”.
Con la ayuda de su hermana, pudo financiar una terapia psicológica y psiquiátrica.
Y luego de un tiempo decidió interponer una demanda civil en contra del doctor Carstens. “Esto no es contra mis doctores, no es contra nadie”, sostiene Catalina.
Afirma que lo que siempre ha querido es que su caso sirva para visibilizar las dificultades que enfrentan las mujeres en Chile para acceder al aborto.
Una vez que su denuncia se hizo pública, dice que decenas de mujeres con experiencias similares se acercaron a ella.
“Los obstáculos no siempre son un ‘no'”
La exministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno de Gabriel Boric, Antonia Orellana, asegura que durante su período en el gobierno detectaron una serie de obstáculos que enfrentaban las mujeres para ejercer su derecho al aborto en el país.
Ello motivó modificaciones al reglamento del derecho de objeción de conciencia que tiene el personal médico para no interrumpir un embarazo y a la norma técnica de aplicación de la normativa.
“El caso de Catalina muestra que en el derecho al aborto los obstáculos no siempre son un ‘no’: se disfrazan en dilaciones, un examen más, una cita más, una segunda opinión que nunca llega”, sostiene la exministra a BBC Mundo.
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“Cuando hay una discrepancia clínica, lo que corresponde es resolverla con diligencia, no dejar que el embarazo avance hasta que la discusión se vuelva irrelevante. Eso es paternalismo, y es justamente lo que la ley vino a terminar, la decisión es de la mujer y el rol del equipo de salud es acompañarla e informarla”, agrega.
Aunque Chile registra el número de casos que cumplen los requisitos legales para interrumpir un embarazo por inviabilidad fetal y cuántas interrupciones se realizan, estas estadísticas no permiten establecer cuántas mujeres lo pidieron y no lograron acceder a procedimiento.
A nueve años de la entrada en vigencia de la ley, se han registrado 7.566 casos en los que se acreditó alguna de las tres causales. La inviabilidad fetal es la más frecuente, con 3.245 casos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Chile actualizadas a julio de 2026.
Orellana afirma que “tomamos conocimiento durante nuestra gestión de casos reportados de mujeres, sobre todo niñas, que debían trasladarse a otro centro, incluso a otra región, porque no había profesionales no objetores disponibles. Por eso era tan importante modificar el reglamento de objeción de conciencia para garantizar la prestación”.
“La objeción es legítima cuando se ejerce como la ley la regula, se declara por escrito y con la obligación de la derivación oportuna. El problema es cuando alguien que no se ha declarado objetor opera como obstructor. Piden exámenes innecesarios o posterga la segunda opinión, eso no es objeción de conciencia, es derechamente obstrucción”, agrega.
Reconstruirse
Catalina sabe que aún queda tiempo para darle un cierre definitivo a su batalla judicial.
Con la apelación del doctor Carstens, el proceso podría extenderse aún más.
“Me encantaría que se pudiera generar un precedente para otras mujeres”, subraya.
Por ahora, le queda esperar.
Dice que sabe que ya no es la misma y que el duelo la va a acompañar para siempre.
Pero también quiere retomar su vida. Volvió a tocar el bajo en una banda de música tropical.
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“No todo es tan oscuro; uno aprende a valorar las cosas de la vida, la simpleza, aprende a poner las prioridades…No sé, el saber que de repente no todo es trabajo, que primero está la familia, que la vida puede cambiar al otro día, así que hay que disfrutarla.”, reflexiona.
Cuando tenga un fallo definitivo podrá hacer algo que quiere hacer hace mucho tiempo.
“Espero, cuando termine todo esto, poder liberarla. Me encantaría poder tirar sus cenizas al mar”.
