Despliegan a la policía en Polonia ante un enfrentamiento entre el primer ministro y la oposición por el control del Tribunal Constitucional
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El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, debió dar la vuelta en pleno vuelo de Europa a África y regresar a su país ante la conmoción desatada por un enfrentamiento político que puso en jaque al Poder Judicial.
La policía antidisturbios fue desplegada en la madrugada de este sábado en la sede del Tribunal Constitucional de Polonia en medio de una creciente tensión entre el gobierno y los jueces superiores, respaldados por la oposición.
La disputa enfrenta al gobierno de centroderecha proeuropea del primer ministro, Donald Tusk, con sus predecesores del partido de derecha nacionalista Ley y Justicia (PiS), que apoyan al presidente Nawrocki.
La intervención policial se produjo después de que el ministro de Justicia, Waldemar Żurek, declarara que había solicitado que se les retirara la inmunidad judicial al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y al vicepresidente, Bartłomiej Sochański, para poder presentar cargos penales contra ellos.
Estos jueces fueron designados por el PiS en un proceso controvertido.
Tusk se ha comprometido a despolitizar el poder judicial y el viernes defendió la medida mientras los partidarios del PiS se congregaban frente a los tribunales en Varsovia para protestar.
Al asumir como primer ministro en 2023, Tusk se comprometió a restablecer el estado de derecho y reformar el sistema judicial.
Pero desde que Nawrocki está en el poder (agosto de 2025), ha actuado para bloquear esos esfuerzos.
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Nawrocki estaba el viernes en viaje a Senegal; se dirigía a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano en Dakar.
Ya de regreso en Varsovia, entró a la sede del Tribunal Constitucional en las primeras horas de este sábado, de acuerdo a su jefe de gabinete.
La policía antidisturbios fue desplegada para impedir que cientos de manifestantes entraran en el edificio del tribunal.
En una publicación en redes sociales, el Tribunal Constitucional escribió que los dos jueces que el gobierno quiere procesar siguen siendo magistrados superiores del tribunal, designados legalmente.
“Todas las personas que participen en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado”, decía el comunicado.
También en redes sociales, Tusk escribió: “Restablecer el estado de derecho es nuestro deber. Tras años de ilegalidad por parte de Ley y Justicia, este es un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere medidas decisivas. No hay otra alternativa”.
Designaciones polémicas
El gobierno liderado por el PiS asumió el cargo en 2015 y nombró rápidamente jueces en el tribunal con el fin de obtener una mayoría, ya que dicho organismo tiene la potestad de decidir sobre la legalidad de la legislación.
Los principales tribunales europeos —el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— dictaminaron posteriormente que la mayoría del PiS había elegido indebidamente a tres de los jueces porque duplicaban puestos que habían sido cubiertos válidamente por el parlamento anterior.
Los tribunales europeos dictaminaron que el Tribunal Constitucional de Polonia ya no era un “tribunal independiente e imparcial”, y que el gobierno de Tusk ha utilizado esos fallos como base para dejar de publicar las sentencias del tribunal.
Tusk no ha logrado revertir los cambios de la era PiS, en parte porque Nawrocki y su predecesor, Andrzej Duda, también respaldado por el PiS, utilizaron sus vetos presidenciales para obstaculizar sus intentos.
Nawrocki, además, se ha negado a juramentar a cinco jueces del Tribunal Constitucional elegidos por el Parlamento desde marzo, alegando supuestas irregularidades en su procedimiento de selección.
Una de esas juezas, Anna Korwin-Piotrowska, ha sido designada ahora para dirigir el tribunal de forma interina.
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A principios de este mes, la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa en materia constitucional, afirmó que Nawrocki debería tomar juramento a los jueces para que pudieran ocupar sus puestos en el tribunal.
El ministro de Justicia, Żurek, afirmó que Święczkowski y su vicepresidente deberían afrontar cargos penales por no permitir que los jueces dictaran sentencia.
Algunos de los partidarios de Tusk le han acusado de no haber actuado con decisión para revertir las reformas de la era del PiS.
Las elecciones parlamentarias están previstas para el próximo año, y algunos ven su maniobra como un intento de aumentar la popularidad de Tusk entre esos votantes.
Pero sus acciones han sido criticadas. En septiembre, Tusk propuso a un político, Maciej Berek, un abogado que fue ministro en su gabinete, como candidato a juez del tribunal.
El abogado Marcin Matczak, crítico de la reforma judicial de la era PiS, quien ha declarado que considera a Święczkowski el peor presidente del tribunal, afirmó que su suspensión carecía de fundamento legal “por un millón de razones”.
“La actuación de hoy en el Tribunal Constitucional, en mi opinión, deja sin efecto este caso y la cuestión del estado de derecho durante dos décadas”, escribió el profesor Matczak en las redes sociales.
“Las imágenes de policías armados y las interpretaciones legales que permiten al ministro de Justicia destituir por decreto al presidente del Tribunal Constitucional tendrán una fuerte reacción en contra del Estado de derecho durante los próximos años”, añadió.
Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.
