El primer ministro francés intenta aplacar las protestas con ayudas y buenas palabras mientras anuncia recortes
La situación en Francia es cada vez más tensa. Las protestas de estudiantes de institutos y universitarios se multiplican en las calles y el otoño puede significar también el regreso de los chalecos amarillos, manifestaciones por el clima y un tenso debate sobre el presupuesto, que prevé unos 50.000 millones de euros en recortes y podría terminar provocando la caída del Gobierno. El primer ministro, Sébastien Lecornu, consciente de la gravedad del momento y de la fragilidad de su Ejecutivo a solo siete meses de unas elecciones presidenciales cruciales, compareció el miércoles por la tarde para anunciar ayudas sectoriales y empatizar con el malestar generalizado.
El primer ministro sacó la chequera y prometió una bajada del litro de gasóleo entre 12 y 18 céntimos. También anunció que Francia recurrirá a un stock de 10 millones de barriles de petróleo y que a partir de enero se instaurará un cheque energía para las familias más desfavorecidas. El jefe de Gobierno se acordó de todos: estudiantes, agricultores (anunció un “plan de urgencia”), transportistas. “Nos encontramos en una situación difícil, pero eso no significa que no tengamos respuestas”, declaró al comienzo, asegurando comprender “el cansancio de quienes tienen la sensación de que, apenas han superado una dificultad, aparece otra”.
El problema es que el otoño, más allá de esta empatía política, apretará y mostrará las costuras de las promesas. Habrá protestas en la calle todo el mes de octubre, justo cuando en el Parlamento tendrá que aprobarse un presupuesto que pasa la tijera en casi todas las partidas básicas.
El objetivo del Gobierno es reducir el déficit público hasta el 5 %. A pesar de las medidas ya adoptadas, está previsto que el déficit alcance el 5,5 %. “Nuestro país está envejeciendo y nuestro sistema de pensiones aumenta mecánicamente. El presupuesto que proponemos contempla un ajuste de 54.000 millones de euros. Tomar esta decisión repartiendo la carga de manera equitativa permitirá hacer previsiones para el conjunto del país”, señaló Lecornu. “Apelo al patriotismo de todos”, siguió en tono grave y dirigiéndose a los partidos políticos que, previsiblemente, preferirán tumbar al gobierno que asociarse a él a pocos meses de las presidenciales (la primera vuelta se celebrarán el próximo 18 de abril).
Lecornu también aseguró en su discurso que entendía a los estudiantes. Pero, al mismo tiempo, defendió a la policía y negó cualquier instrucción de reprimir a los estudiantes sin motivo. Pero la tensión es máxima, y el ministro de Interior, Laurent Nuñez, anunció por la mañana que se prohíbe temporalmente el lanzamiento de granadas ensordecedoras y de gases para evitar este tipo de incidentes que han terminado ya con 215 estudiantes heridos, según señaló él mismo al ser interrogado en la Asamblea Nacional.
La protesta de los estudiantes continúa en las calles aunque el nivel de tensión ha menguado ligeramente después de una jornada de movilización y disturbios. Según las cifras provisionales del Ministerio de Educación, el 86% de los centros educativos abrió sus puertas el miércoles por la mañana. Sin embargo, las clases estaban total o parcialmente suspendidas en 528 institutos, lo que supone una disminución del 41% respecto al martes. Unos 30.000 estudiantes, según el ministro del ramo, no podrán volver a las clases en las próximas semanas debido a los daños provocados en sus institutos.
El martes, entre 266.000 y 450.000 personas -estudiantes de secundaria, universitarios, profesores y padres de alumnos- se manifestaron en Francia, según las autoridades y los organizadores. Pero el miércoles varios centros -facultades e institutos- seguían bloqueados por estudiantes, como los liceos de Hélène-Boucher y Voltaire, donde nuevamente se colocaron contenedores de basura para bloquear las entradas. La universidad Sciences Po Paris, símbolo de la excelencia educativa francesa, también estaba bloqueada por una barricada vigilada por una fuerte dotación policial.
Paralelamente, la polémica sobre el uso excesivo de la violencia por parte de la policía sigue cobrando fuerza. Durante las protestas, un estudiante en la ciudad de Lens perdió una mano al estallarle una granada y un adolescente de 14 años sufrió una doble fractura de mandíbula después de recibir el impacto de un disparo de un lanzagranadas de gas lacrimógeno el lunes en Saint-Ouen-l’Aumône, en el departamento de Val-d’Oise. El policía que disparó ha sido detenido.
El ministro de Interior, que admitió que el movimiento había cogido por sorpresa a las fuerzas del orden al ser “inédito” y que ha “mutado rápidamente en actos violentos, señaló que 6.629 personas han sido detenidas y que 761 policías o gendarmes han resultado heridos, según el balance desde el comienzo de las protestas. Además, 89 miembros del personal docente han resultado afectados. El ministro de Educación, Édouard Geffray precisó que “algo menos de la mitad de esos heridos son directores de centros, es decir, personal directivo, directores o subdirectores”. “Ha habido una voluntad violenta dirigida contra el personal de Educación Nacional y nunca habíamos visto algo así, nunca”, dijo.
El recuento oficial señala también, de forma menos enfática, que la policía ha provocado heridas a 215 estudiantes, “en la gran mayoría de los casos”, precisa el ministro del Interior, “las lesiones fueron accidentales” o estuvieron relacionadas con “el lanzamiento de proyectiles o morteros por parte de otros manifestantes”. Algo que no terminan de creerse en las bancadas progresistas, que insisten en suprimir determinados métodos de represión de la policía. En los últimos años, las protestas de los llamados chalecos amarillos ya pusieron al descubierto el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
“El abandono de las granadas ensordecedoras frente al movimiento de los estudiantes de secundaria, anunciado por el Gobierno, no es suficiente: también hay que prohibir los lanzadores de balas de goma, los LBD [los fusiles que lanzan bolas de goma]”, reclamó el miércoles Olivier Faure, líder de los socialistas y candidato en las primarias en las que se designará al representante del partido en las presidenciales.
El movimiento de protestas estudiantiles estalló el pasado 17 de septiembre en un instituto de Créteil, a las afueras de París. Los alumnos bloquearon el centro para denunciar la falta de medios y de profesores y las condiciones insalubres en los centros de las zonas más apartadas, el suyo entre ellos. En pocos días, y sin que el Gobierno lo viese venir, el movimiento se ha extendido por todo el país. Y a diferencia de otras veces, el estallido ocurre en otoño y no en primavera y no surge como reacción a una nueva reforma, sino fruto del hartazgo generalizado por la descomposición y decadencia del sistema. Algo que difícilmente podrá atenuarse con las medidas de un primer ministro en la cuerda floja y un presidente de la República al final de su mandato.



