Las familias de las víctimas de Concordia contra Vizsla Silver: una fosa, una mina y 42.000 dólares

Fue gracias a un tornillo, un microtornillo de ortodoncia que José Antonio Jiménez traía instalado en las encías. Su esposa, Priscila Murrieta, aguardaba en los pasillos de la sede de la Fiscalía en Mazatlán, en el sur de Sinaloa. Y mientras, el dentista forense entraba y salía. De los cuerpos rescatados de las fosas de El Verde, Jiménez podía ser uno de varios. Descartados lunares y tatuajes, quedaban dos con características parecidas, los dos con brackets. Entonces salió el dentista, le preguntó si traía un tornillo incrustado en la encía. “Cuando me dijo eso, fue como, ¡diablos, sí es!“, explica la mujer. Después entró ya a reconocerlo, a ver su boca, el tornillo, las dos muelas que le faltaban. El horror.

Murrieta vivió aquel infierno entre el 7 y el 8 de febrero, horas y horas que pasó en la fiscalía, aguardando su turno, una situación extraña y desagradable, un turno para ver lo que no quiere verse. “Le tuvieron que quebrar la mandíbula para poderle ver la dentadura y tú lo que veías era. ¿Cómo te pones a pensar que eso que está ahí es tu esposo?, ¿no? Porque tú lo recuerdas con la barba, con sus ojos”, dice en entrevista. Pero Jiménez ya no tenía barba, ni ojos. Ya no tenía nariz. Criminales se lo habían llevado el 23 de enero de la casa que su empresa rentaba en Concordia, en la sierra de Sinaloa. Luego lo mataron y lo tiraron a una fosa. El proceso de descomposición fue rápido. Cuando lo encontraron, el tiempo había dejado una huella profunda en su cuerpo.

Otros nueve hombres sufrieron el mismo destino que Jiménez. Todos menos uno eran trabajadores de la minera Vizsla Silver o alguna de sus contratas. Todos vivían en Concordia. La empresa canadiense trabajaba en la zona desde hacía años, tratando de encontrar vetas de plata. Jiménez era el encargado de “seguridad patrimonial” de la minera, que descargaba esta labor en una empresa subsidiaria. El resto tenía diferentes ocupaciones, desde guardias de seguridad a encargados de relaciones comunitarias. Incluso, a uno de los desaparecidos, 11 en total, lo agarraron en mitad de la calle, mientras esperaba el autobús. Su cuerpo también apareció en El Verde. De los 11, solo uno sigue desaparecido, el ingeniero y geólogo Francisco Antonio Esparza, de 68 años.

Murrieta repasaba los detalles esta semana en Ciudad de México, junto al hijo del ingeniero Esparza, Alan. Los dos y otras cinco familias han iniciado una campaña de protesta por la lentitud en el avance de las investigaciones por lo ocurrido y por la falta de apoyo de Vizsla Silver y de su figura jurídica en México, Minera Canam. A las nueve familias de los trabajadores cuyos cadáveres aparecieron en las fosas de El Verde, la minera les ha ofrecido un pago doble estos meses, dos convenios “de pago de apoyo solidario”, uno en concepto de finiquito, explica Esparza, y el otro por las “circunstancias trágicas del fallecimiento como consecuencia de un acto delincuencial”. 42.000 dólares en total. 42.000 dólares por una vida.

Ambos critican que ni siquiera saben con exactitud qué pasó el día de los hechos, 23 de enero. Aportan, sin embargo, un detalle muy importante: los criminales, presuntos integrantes de la facción criminal de Los Chapitos, se llevaron a los trabajadores de dos casas distintas, detalle que no se conocía hasta ahora. Cuando se supo de la desaparición de los trabajadores, solo trascendió que los criminales se los habían llevado de su campamento, establecido en un complejo residencial de Concordia conocido como Clementinas. La imagen de los criminales entrando y llevándose a los trabajadores impedía entender el motivo. ¿Iban por ellos? ¿Había sido casualidad? El hecho de que los fueran a buscar a dos casas distintas apunta a la primera opción.

Pero no queda claro entonces por qué los criminales se llevaron al muchacho que esperaba al autobús en la calle: ¿qué tenía que ver él con los demás? Todo ocurrió más o menos a la misma hora, entre las 7.00 y las 7.30 am de aquel 23 de enero. Los criminales fueron a un lugar, luego a otro, y antes o después agarraron al muchacho en la calle, que se llamaba Pablo Osorio, era de Oaxaca y trabajaba en Concordia de ingeniero civil. Los casos están relacionados por la hora y el día de la desaparición y porque su cuerpo apareció en las fosas de El Verde, un poblado cercano a la cabecera municipal de Concordia, donde enterraron a casi todos los demás.

Murrieta y Esparza apuntan a otro misterio, el de los chalecos reflectantes. Días después de lo ocurrido, el Gobierno federal impulsó la versión de que los criminales habían ido por los trabajadores porque los habían confundido con integrantes de un grupo contrario. No queda claro si acaso los contrarios llevaban chalecos reflectantes de algún tipo, una posible forma de camuflaje. “A mí, mi esposo me dijo que les pidieron que cambiaran el color de los chalecos que llevaban”, dice Murrieta. Esto fue entre diciembre y enero. La petición, dice Esparza, vino supuestamente de la empresa. Al principio no le dieron mucha importancia, pero cuando se llevaron a sus familiares, fue un detalle cuya relevancia creció.

Murrieta y Esparza critican la falta de apoyo de Vizsla Silver, que ni siquiera ha denunciado los hechos ante las autoridades mexicanas, según confirma su abogado, Odracir Espinoza. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el representante legal de la firma en México, Joel González, para preguntarle por este aspecto, por la recomendación de cambiar el color de los chalecos laborales y por los montos ofrecidos a las familias de las víctimas. Este diario ha preguntado también por un asunto que desespera a las familias, la presunta falta de cuidado de la compañía. “Había documentados muchos eventos de inseguridad en los meses previos”, dice Esparza, “incluso pararon labores en abril de 2025. ¿Por qué permitieron que siguieran trabajando?”, añade. González no ha contestado a las preguntas enviadas.

La situación en Concordia y en la sierra en general ha sido complicada los últimos dos años. Los Chapitos y otra facción del Cartel de Sinaloa, Los Mayos, están enredados en una guerra que ha dejado ya miles de muertos y personas desaparecidas. Desde principios de 2025, las batallas empezaron a ser más frecuentes en Mazatlán y su tramo serrano, de Concordia a Rosario. El empuje de grupos vinculados a una u otra facción se ha llevado por delante a la sociedad. En ese contexto trabajaban los empleados de Vizsla. “En septiembre de 2025, a mi esposo le tocó ir a rescatar a unos perforadores que se quedaron atrapados entre balaceras en la sierra”, dice Murrieta. “Él no es encargado de seguridad del personal, solo de patrimonial, pero por empatía, agarró a un paramédico y fue a buscarlos”, añade.

Se ha dicho que lo ocurrido con los mineros fue una confusión, también que iban directamente por ellos, que la mina sufría extorsiones, que no las pagaba. Todo rumores. Lo cierto es que, más allá de la cruda realidad de las víctimas, no se sabe por qué se los llevaron. Por qué mataron a la mayoría. Esa es otra de las críticas de las familias. Murrieta y Esparza reclaman avances en la investigación y que Vizsla Silver colabore. A la empresa le demandan que entregue las grabaciones de las casas que rentaba para sus trabajadores y que presente, si los hay, los testimonios de los empleados encargados del mantenimiento de esas casas. A las autoridades, que expliquen sus avances. A principios de septiembre, el Gobierno anunció la detención de dos hombres en Sinaloa, a los que vinculó con estos hechos. “Pero ni siquiera sabemos por qué o cómo están involucrados”, protestan los dos.