Un decreto cosido a medida para implicar a toda la mayoría

Junts expresó su rechazo al decreto de vivienda a las puertas de la votación hoy en el Congreso. Sin embargo, los independentistas esta vez no pueden apelar a que no han estado en la negociación y elaboración del decreto, porque el texto, según algunas fuentes del Gobierno, tiene su impronta en un porcentaje muy elevado, que algunos cifran incluso en un 80%. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, lleva meses negociando de forma discreta con Junts y con todos los demás grupos, en especial el PNV, el otro hueso duro de roer porque tiene muchas discrepancias ideológicas sobre la política de vivienda del Gobierno. No en vano ni Junts ni PNV votaron a favor de la ley de vivienda aprobada en la anterior legislatura con el apoyo de la izquierda, porque no estaban de acuerdo.

Esta vez, la técnica que ha utilizado el Gobierno para seducir a Junts y PNV ha sido incorporar todas las propuestas de estos dos grupos de centro derecha que no fueran vetadas radicalmente por los grupos de la izquierda. Un claro ejemplo de lo contrario es la reforma de la ley del suelo. Era una exigencia del PNV y estuvo en todos los borradores hasta el final, pero se sacó para llevarla en otro momento porque Podemos dijo que si estaba dentro ellos no votarían a favor.

Junts y PNV han presionado especialmente para la parte de la norma que favorecer a los pequeños propietarios, especialmente con bonificaciones fiscales. El Gobierno calcula que todas las medidas de bonificaciones incluidas suponen unos 330 millones de euros que se ahorrarán los pequeños propietarios en su declaración de la renta.

Una medida que claramente lleva el sello de Junts y PNV, y que la izquierda ha aceptado para lograr que se apruebe el decreto aunque no es su apuesta, es la deducción del 70% hasta el 100% del impuesto sobre el alquiler si el pequeño propietario suscribe un nuevo contrato bajando la renta más de un 5% respecto al contrato anterior. Si mantiene el precio del contrato, la deducción es del 50%. Si es primer contrato, se establecen reducciones de entre el 50% y el 100% en función del índice de referencia.

Para los nuevos propietarios, el mecanismo TU CASA permite la financiación del 20% del valor de la vivienda hipotecada, hasta 50.000 euros. Los préstamos se concederán hasta 10 años a un tipo de interés del 0% y sin comisiones.

El Gobierno incorporó en el último momento, ya a a punto de empezar el Consejo de Ministros, otra reforma que tiene el sello de Junts, que presionó para que entrara: las garantías para los propietarios en caso de desahucios. Si un procedimiento de desahucio se suspende por vulnerabilidad del inquilino de forma temporal al no haber alternativa habitacional, la administración competente debe asumir y compensar al propietario por los impagos de rentas y suministros, señala la norma. Es algo inédito y una gran ventaja para los propietarios a los que se les paralice el desahucio por este nuevo escudo. Las autonomías están obligadas a consignar la deuda del inquilino en un plazo de dos meses.

Además, los propietarios que vendan un inmueble a entes del sector público para destinarlo a vivienda social o asequible tendrán una exención del 100% en el IRPF sobre las ganancias patrimoniales generadas para valores de transmisión de hasta 200.000 euros, siendo proporcionalmente decreciente hasta los 800.000 euros.

Otras ventajas para los propietarios introducidas a sugerencia de Junts o PNV son la aplicación del tipo reducido de IVA al 10% a las obras de renovación y reparación de viviendas destinadas al arrendamiento habitual. Además habrá un IVA superrreducido para la compra de vivienda protegida y una deducción del 10% por alquiler de vivienda habitual para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros.

Todas estas eran las medidas más pensadas para contentar a Junts y PNV, que en principio eran los más difíciles de convencer, ya que habían votado en contra de muchas de las medidas. Pero el decreto contiene muchas más pensadas para contentar a la izquierda del PSOE, especialmente a Sumar, que lo negoció hasta el último minuto, incluso ya empezado el Consejo de Ministros. Y ahí están sus propuestas estrella, en especial la prórroga de alquileres, una iniciativa que los socialistas siempre rechazaron y que incluso llegaron a calificar de inconstitucional, pero que finalmente acabaron aceptando e incorporando en el decreto principal, el único que tiene posibilidades reales de salir. Otros grupos, como Podemos, ERC, y Bildu, también han presionado a favor de estas medidas, sobre todo el escudo antidesahucios, pero también las regulaciones sobre los alquileres por habituaciones o los límites al alquiler de temporada, que se ha usado como un truco para evitar el control de precios de los alquileres normales especialmente en Cataluña, el lugar donde más se ha aplicado la ley de vivienda.

La clave de la parte más progresista del decreto es esa protección contra los desahucios y la prórroga temporal de hasta dos años de los contratos de alquiler en vigor. Y también ese segundo decreto con la la extensión indefinida de los contratos que reclama la acampada del Sindicato de Inquilinas desde la Puerta del Sol. Otro bloque claramente marcado por los grupos de izquierda está en la lucha contra el fraude en el alquiler, tanto de temporada como de habitaciones. Entre otras medidas, el decreto plantea elevar el IVA de los pisos turísticos al 10%. Además hay un cuarto bloque en el decreto diseñado con el objetivo de impulsar la construcción del parque público. La idea era precisamente esa, un texto equilibrado para que todos los grupos tengan una pista de aterrizaje. Pero mientras todos parecían haber asumido esa lógica y uno tras otro iban avanzando su voto a favor, Junts decidió como siempre mantener el suspense hasta el final y en el último momento anunció por sorpresa que tumbará un decreto que ellos mismos han negociado durante meses e incorpora buena parte de sus medidas.