El presidente del Constitucional insta a los partidos a que cumplan con su obligación en el Senado y renueven el tribunal
El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha hecho un llamamiento este jueves a las fuerzas políticas para que se pongan de acuerdo en el Senado con la renovación de los miembros del tribunal, cuyo mandato acabó en diciembre de 2025 (entre los que se encuentra él mismo). El magistrado ha instado a las fuerzas políticas a que cumplan con el mandato que les impone la carta magna: “No puede haber otros intereses políticos de cualquier otra naturaleza que se superpongan al cumplimiento de la Constitución Española”. En ese sentido, el magistrado ha recordado que el texto constitucional “dice claramente” que los miembros del tribunal de garantías “serán designados por un periodo de nueve años”. Y ha insistido en que dicho periodo “ya ha transcurrido”.
En el marco de un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en Madrid, al que han asistido sus compañeros del Constitucional, magistrados de la judicatura y expresidentes del Poder Judicial, como Vicente Guilarte o Raúl Mozo, Conde-Pumpido ha trasladado su deseo de que la renovación del tribunal que preside se produzca lo antes posible. El magistrado ha señalado que el Senado ―“de una forma razonada”― le comunicó que, “dado que estaban pendientes elecciones en diversas comunidades autónomas”, veía procedente prorrogar ese plazo para que las comunidades autónomas pudieran constituirse y proponer a sus candidatos para la renovación del TC. Esa prórroga, ha subrayado, se extendió hasta el 30 de noviembre a petición de Andalucía: “Una vez que se alcance el 30 de noviembre, empezarán con las comparecencias de los candidatos”. El presidente del TC ha avisado de que, hasta que se consume la renovación, mantendrá “el normal funcionamiento del tribunal”, como establece la ley.
El Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos más a propuesta del Gobierno; y otros dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El diciembre pasado tocaba la renovación que corresponde al Senado, de mayoría popular. En aquel momento, el PP ―pese a las protestas del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y a las ofertas de negociación― decidió dar largas a las propuestas del Ejecutivo para renovar a los cuatro miembros elegidos por la Cámara Alta. Ya por entonces, fuentes del partido avanzaban que este bloqueo apuntaba a ser indefinido. Este jueves, 10 meses después de que los mandatos hayan caducado, el presidente del Constitucional ha insistido en que los partidos han de estar a la altura.
Los cuatro magistrados que vieron caducar su mandato son el propio Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. Este último, sin embargo, podrá repetir y extender su mandato nueve años ―en caso de ser propuesto por el Senado–, ya que tomó posesión del cargo en septiembre de 2024, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud dos años antes. Con esta renovación parcial, la composición actual del tribunal de garantías ―con siete progresistas y cinco conservadores― podría verse afectada, dado que se consolidará la salida de dos magistrados del ala progresista y dos del sector conservador y deberán entrar cuatro nuevos. La última vez que ese número de magistrados entró al Constitucional, la antigua mayoría conservadora ―de seis magistrados frente a cinco― dio un vuelco a una holgada mayoría progresista ―de siete contra cuatro―.
Amnistía al delito de malversación
Durante su intervención, Conde-Pumpido se ha pronunciado también sobre la amnistía al procés. Sus palabras tienen lugar en la misma semana en la que ha trascendido el contenido de la ponencia que redactó sobre el recurso de amparo presentado por la exconsejera catalana Dolors Bassa. En dicho borrador de sentencia, que se elevará al próximo pleno del 6 de octubre, el presidente del TC defendía que el delito de malversación debía ser incluido dentro de la Ley de Amnistía, lo que abre la puerta al regreso a España del expresident Carles Puigdemont. Conde-Pumpido sostenía que el Tribunal Supremo, al negarse a aplicar la ley a los siete líderes del procés acusados de malversación, ignoró “absolutamente” la finalidad de la norma: “El apaciguamiento del conflicto” en Cataluña. Este jueves, el magistrado ha deslizado al Supremo que la doctrina que el Constitucional establezca es vinculante, por lo que deberá aplicarla.
“Cuando el Constitucional dicta un fallo, debe dictar un fallo lo suficientemente claro, preciso y contundente”, ha sostenido Conde-Pumpido sobre su ponencia. “Si establecemos que se aplique la ley, en nuestro fallo debemos ser claros”, ha subrayado, cuando se le ha preguntado por la mención explícita en su ponencia sobre el recurso de Bassa a que el Supremo debe aplicar la amnistía a la malversación: “Si estimamos que la Ley de Amnistía establece que de forma preferente y urgente se tiene que aplicar, en nuestro fallo final debemos ser claros”.
Durante el desayuno de este jueves, el presidente del Constitucional ha querido hacer una cronología del papel del tribunal en lo que respecta a la amnistía. “Una vez que declaramos la constitucionalidad en abstracto, nos dedicamos a analizar en concreto”, ha afirmado el magistrado. “Terminado ese proceso, existían asuntos en los que aún no se había aplicado la ley porque existían obstáculos por parte de algún tribunal”: Era un problema de interpretación de la norma, para ver si la Ley de Amnistía era aplicable. Ahí se plantearon por parte del Supremo dos problemas”: si era acorde a la justicia comunitaria (como así confirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) y si la malversación era susceptible de ser amnistiada.
Con todo, Conde-Pumpido ha querido ser prudente sobre cuestiones como cuándo debería levantarse la orden de detención de Puigdemont. “Debo hablar sobre hechos producidos”, ha sostenido, negándose a especular sobre el retorno del expresident o sobre si el Supremo intentará una nueva cuestión ante la justicia comunitaria, en caso de que la semana que viene el Constitucional considere (como ya ha avanzado su presidente) que la malversación entra dentro de la Ley de Amnistía.
El Tratado de Amistad con Francia
A lo largo de más de una hora de comparecencia, el presidente del tribunal de garantías ha tenido ocasión de tocar un amplio rango de temas, como el tratado de amistad entre Francia y España. Como ya hizo el tribunal de garantías por unanimidad, Conde-Pumpido ha defendido la constitucionalidad del acuerdo.
El Senado, de mayoría popular, rechazó este martes la convalidación del tratado, coincidiendo con la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron. El punto de fricción es la presencia ocasional de miembros del Gobierno de uno y otro Ejecutivo en sus respectivos Consejos de Ministros. Para el presidente del Constitucional, no ha dudas: “Llegamos a la conclusión de que la asistencia a un Consejo de Ministros no lo convierte en un miembro del Gobierno. Asiste como invitado”.
Cuestión distinta es el no del Senado: Conde-Pumpido, que asistió este miércoles a una cena con Macron, ha insistido en que la Cámara Alta tomó una “decisión política” dentro de sus competencias. “Hemos hecho nuestro trabajo y hemos declarado por unanimidad su constitucionalidad”, ha zanjado, matizando, eso sí, que respeta la decisión.
Este jueves, además, el magistrado ha aprovechado para resaltar en su intervención los logros del tribunal de garantías durante su presidencia, entre los que está “el reto independentista de Cataluña”. También ha celebrado que el Constitucional ha resuelto recursos que llevaban mucho tiempo en el cajón, como algunas cuestiones relacionadas con el aborto, y otras de “alto impacto jurídico social o económico”, como la eutanasia o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellos estaba también la vivienda. Sobre ello ha sido preguntado el magistrado, que comparecía a apenas una decena de metros de la Puerta del Sol, donde cientos de personas llevan días acampando en señal de protesta por la crisis inmobiliaria. Conde-Pumpido ha sostenido, en el tono sosegado que acompaña al cargo, que el tribunal ha resuelto recursos de todo tipo sobre esta materia, muchos de ellos sobre la competencia de las comunidades autónomas.
El magistrado, que lo ha sido casi todo en su carrera —fue durante más de una década magistrado del Supremo, también ha sido miembro del Consejo de Estado y ejerció como Fiscal General del Estado—, ha adelantado que su jubilación se producirá previsiblemente cuando se renueve el Constitucional: “Ya he cumplido más de 52 años desde que aprobé mis oposiciones. He tenido una larga trayectoria. creo que ha terminado mi vida profesional. Mi intención es, en principio, retirarme. No tengo proyecto de seguir en ningún otro órgano y nadie me lo ha planteado”.
