El estrecho margen de las finanzas públicas convoca a las voces que llaman a una reforma fiscal integral en México
El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hizo su antecesor político, Andrés Manuel López Obrador, sostiene que la recaudación tributaria –la principal fuente de ingresos del país– seguirá creciendo, incluso sin una reforma fiscal estructural. Sin embargo, en medio de un crecimiento económico estancado y con una recaudación de impuestos que sigue siendo insuficiente para atender la brecha cada vez más estrecha entre los ingresos y el gasto público, crecen las voces de académicos y economistas que traen a la mesa la necesidad de un ajuste estructural en México.
Para la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal (CIJUF), este debate, que durante años ha quedado relegado por su complejidad y costo político, ha llegado a un punto de urgencia. En la presentación del libro Los Desafíos del Sistema Fiscal en México, una veintena de académicos de diferentes corrientes ideológicas prescribe, a través de 19 capítulos, una receta basada en la creación de impuestos progresivos, es decir, cuyo porcentaje aumenta a medida que crecen los ingresos y la riqueza del contribuyente. También, un sistema de inversión y gasto público que proteja a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad económica, mientras detone el desarrollo.
Esto, agregan, supone un proceso complejo de acuerdos entre el Gobierno y el sector privado, aunque uno que no puede seguirse postergando. Para los autores, el país se encuentra atrapado en un círculo vicioso de baja inversión y mínimo crecimiento, sin incentivos para emprender reformas estructurales profundas y necesarias. “Un modelo de ajustes marginales que no resuelve el problema de fondo”, se lee en la introducción del texto.
“Este es un tema difícil del cual la gente no quiere hablar. Nadie quiere pensar en pagar más impuestos. Ni la gente ni el Gobierno quieren pensar en una reforma fiscal”, ha resumido este miércoles el economista Gerardo Esquivel, copresidente de la CIJUF y coordinador del libro en su presentación. Sin embargo, añade, años de estancamiento en los ingresos del Gobierno, acompañados de una tendencia creciente por el lado de los gastos, se están convirtiendo en fricción en las cuentas y en el déficit fiscal.
Déficit recaudatorio
Según la proyección del Paquete Económico 2027, México espera aumentar su recaudación a un máximo de un 15,9% del Producto Interno Bruto (PIB), fundamentalmente mediante mayor eficiencia y fiscalización para tapar las fugas que dejan el contrabando, el huachicol fiscal o la facturación abusiva y apócrifa. Pero a pesar de estos esfuerzos, México todavía es el miembro que menos impuestos recauda dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso está por debajo del promedio de otras economías latinoamericanas más pequeñas.
Este fenómeno ocurre, en parte, porque una parte importante de los trabajadores y las empresas opera fuera del sistema formal, y la carga fiscal recae desproporcionalmente en la base formal relativamente pequeña. Además, el país, a pesar de tener una Administración más alineada a la izquierda, fiscaliza menos a los dueños de las grandes riquezas. En comparación con otros países de la región, tiene menos impuestos que pesan sobre la propiedad y los activos. Por ejemplo, México no grava las herencias y donaciones, como sí lo hacen Uruguay, Argentina o Brasil.
“Ya no existe más espacio, a través de una mejora en la eficiencia tributaria, aumentar la recaudación tributaria. El Gobierno ha sido demasiado prudente para salirse de esta discusión”, explica Mónica Unda, comisionada de la comisión y una de las autoras del libro. “También, en buena parte, es porque, sí, es complejo. Cuando un país depende tanto de la inversión privada como México, el sector empresarial puede hacerte la vida más difícil. Esto no se puede lograr si no existe un acuerdo, un pacto, entre estos actores que son los medulares: las organizaciones empresariales, los individuos de altos ingresos y el Gobierno”, añade.
Para ello, agrega la profesora, se deben crear alicientes para que el ecosistema se comprometa al pago de nuevos impuestos, como mejores servicios públicos y garantías para la inversión. Según las previsiones del mercado, México cerrará el 2026 nuevamente con un crecimiento moderado cercano al 1%, en gran parte, por la atonía de las inversiones públicas y privadas en medio de una prolongada discusión de las reglas del tratado de libre comercio entre el país, Estados Unidos y Canadá. Además, afectada por las cargas burocráticas a las que se enfrentan los privados, un obstáculo que la presidenta intenta corregir con su programa sexenal, el Plan México.
La Secretaría de Hacienda informó este miércoles que al cierre de agosto, los ingresos presupuestarios crecieron 1,3% frente al año anterior, impulsados por la mayor recolección de IVA, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) distinto a combustibles y gravámenes a las importaciones. Esto compensó parcialmente una menor recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR). A la par, el gasto en desarrollo social aumentó a un mayor ritmo, un 8,4% real anual, en línea con una mayor inversión en salud (14,3%), educación (7,3%), protección social (7,0%) y vivienda (5,8%).
En ese sentido, los expertos además subrayaron que la discusión presupuestaria, cada vez más inaplazable, deberá extenderse más allá de los confines de las aulas y la academia. A la larga, de cuánto y cómo se recaudará en los próximos ejercicios dependerá el aseguramiento de los recursos para la compra de medicamentos, adecuación de escuelas, calles alumbradas y seguridad.


