Solo el 11,9% de los ciudadanos cree que el acceso a una vivienda digna está garantizado para todos por igual
La vivienda es el principal problema para los ciudadanos según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde hace más de un año, según la encuesta Actitudes hacia el Estado de bienestar (III), publicada este miércoles, el acceso a la vivienda es un derecho que no está garantizado para todos los ciudadanos por igual. Solo el 11,9% de los encuestados creen que el acceso a una vivienda digna y adecuada está garantizado para todos, mientras que el 68,4% de los ciudadanos afirma que solo está garantizado para algunas personas y el 18,2% dice que el derecho a la vivienda no está garantizado para nadie. El instituto dirigido por José Félix Tezanos realizó esta encuesta entre el 10 y el 17 de septiembre, una semana antes del desahucio de Maricarmen Abascal que ha dado pie a protestas y acampadas en diferentes ciudades de España.
Preguntados por los problemas en el acceso a la primera vivienda en el futuro, el 14,3% es optimista e indica que mejorarán, frente al 17,2% que considera que seguirán igual y el 65,9% que estima que las dificultades de las familias para comprar un primer hogar empeorarán con el paso de los años. En este aspecto no hay diferencias de criterio entre los votantes de los distintos partidos políticos; la mayoría de quienes participaron en las últimas elecciones es pesimista respecto al futuro de este problema.
La encuesta contiene preguntas sobre diferentes derechos sociales y si están garantizados para los ciudadanos. El 52,4% de los encuestados indica que no todas las personas tienen las mismas oportunidades de acceso a los servicios públicos. El 28,2% afirma que el principal problema para poder disfrutar de estos servicios son los ingresos económicos. Otros de los motivos que dificultan el acceso son la comunidad autónoma (13,6%) o el barrio de residencia (11,3%) y la etnia (10,6%) o nacionalidad (10,4%).
El derecho que los españoles consideran más garantizado es la protección a la salud, seguido del acceso a la educación pública de calidad, el acceso a la cultura y la protección a la infancia. Respecto al futuro de estos derechos, más de la mitad cree que la atención sanitaria irá a peor en los próximos años, frente al 21,9% que dice que mejorará y el 25% que dice que seguirá igual. Hay un 44,7% de los encuestados que dice que el sistema educativo público empeorará, mientras que el 23,6% afirma que mejorará y el 29,1% apuesta por que quedará igual. También hay una mayoría de ciudadanos que son pesimistas sobre el futuro de la protección al desempleo, ya que solo el 17,6% dice que irá a mejor.
Sobre las aportaciones a la administración pública mediante impuestos y cotizaciones, solo tres de cada 10 ciudadanos afirman que pagan más quienes más tienen. Y preguntados por cuánto se beneficia la sociedad de estas aportaciones, hay un 47% que dice que los españoles obtienen “poco” de lo que pagan, un 11,7% que considera que no se recibe “nada”, enfrente, hay un 12,7% que piensa que los ciudadanos perciben “mucho” y un 26,7% que estima que la sociedad se beneficia “bastante” de lo que dan al Estado. En este sentido, el 60,9% de las familias indica que recibe “menos de lo que paga” frente al 27,5% a quien le llega “más o menos” lo mismo que aporta y el 8,9% que dice que obtiene “más de lo que paga”.
Los españoles también aprecian diferencias entre cómo se aplican las leyes. Hay un 70,7% de ciudadanos que considera que “se hacen diferencias según de quién se trate” para aplicar las normas, enfrente se encuentra el 26,6% de los encuestados, que dicen que “se da el mismo trato” a todos.
Acceso y funcionamiento de los servicios
El instituto que dirige José Félix Tezanos pide a los ciudadanos que valoren de 0 a 10 el funcionamiento de los diferentes servicios de los que puede disfrutar la ciudadanía. Todos los servicios aprueban. La mejor nota la reciben las farmacias, a quienes los españoles ponen un 8,23, seguido de internet (7,71), las tiendas de alimentación (7,55) y las de ropa o calzado (7,07). Los servicios que peor nota reciben son las oficinas bancarias (5,65), los ayuntamientos (5,84) y los centros para personas dependientes (5,91). Preguntados por cómo acuden al centro de salud, al banco, al ayuntamiento, a los comercios, a Correos, al colegio o al instituto o al centro de mayores, la mayoría afirma que puede hacerlo tanto caminando como en transporte público.
La encuesta dedica varias preguntas a la educación. De quienes tienen al menos un hijo cursando enseñanza obligatoria u otros estudios oficiales, la mayoría (55,9%) lo hace en un centro público, frente al 12,2% cuyos hijos se educan en un colegio o instituto concertado y un 5% que lo hace en una institución privada. El 20% de las familias cuyos hijos están en un colegio o instituto público preferiría que estudiaran en un centro privado, mientras que el 77,6% opta por que se mantengan en la enseñanza pública.
