Sumar se reivindica con la vivienda en el arranque de un curso electoral
Hace prácticamente un año, cuatro ministros de Sumar presentaban con toda solemnidad un decreto de medidas urgentes para intervenir el mercado de la vivienda. Aquel acto, celebrado en la sede de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, constituyó un ejercicio inédito en la coalición —las competencias en esta materia son del PSOE— y fue interpretado como un intento de presionar al socio para hacer frente a la escala de precios, que los barómetros del CIS ya señalaban desde hacía meses como el principal problema de los españoles. Pero entonces, no parecía posible su aprobación, pese a la insistencia, la propuesta permaneció durante meses guardada en un cajón. La política de vivienda ha sido una disputa histórica entre los partidos del Ejecutivo y un tema particularmente sensible en el electorado de Sumar. Este martes, después de que miles de personas hayan salido a la calle en los últimos días indignadas con la imagen de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años siendo desalojada de su casa en camilla, los representantes del grupo de Yolanda Díaz en el Gobierno han comparecido en una rueda de prensa paralela a la de La Moncloa para reivindicar el acuerdo por el que se aprueban buena parte de aquellas reivindicaciones.
El pacto, que da luz verde a sendos textos que obligan a prorrogar los contratos de alquiler hasta 2029 y prohíben los desahucios hasta 2030, ha sido posible tras “una dura negociación” que ha permitido “el contexto de la histórica movilización popular por el derecho a la vivienda”, según ha declarado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que junto a Ernest Urtasun (Cultura) ha llevado las negociaciones y recordaba en su intervención este año de trabajo. Pero en el arranque del gran curso electoral de la legislatura (con municipales, autonómicas y generales) supone una victoria política para el socio minoritario de la coalición, que lleva meses a la zozobra, sin liderazgo que sustituya a Yolanda Díaz y habiendo tenido que tragar durante el verano con la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares —un incumplimiento del acuerdo de gobierno que no le fue consultado— y una crisis migratoria en Ceuta que ha supuesto un enorme desgaste para el Gobierno.
El PSOE, además, pospuso a finales de julio la aprobación del decreto sobre vivienda, anunciado como un éxito también por Sumar semanas antes, ante la falta de apoyos parlamentarios. La prórroga de los contratos ya estuvo en vigor un mes en primavera y decayó en el Congreso por la negativa de PP, Vox y Junts. Una derrota que no quiere repetir el PSOE.
Distintas voces de Sumar se mostraban muy satisfechas este martes tras la reunión del gabinete —que empezó una hora tarde y en la que no estuvieron sus ministros al principio—, a pesar de que uno de los dos decretos, que separa la prórroga automática de los contratos de alquiler para convertirlos casi en indefinidos, tiene pocas opciones de prosperar. “Estamos hablando de medidas que hace 24 horas era impensable que el PSOE aceptase, como el alquiler por habitaciones, donde se producen muchos abusos; o la prohibición de compra por parte de los fondos buitre”. Aunque tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario reconocen que hubieran querido un solo texto, que no comparten la acotación temporal de algunas iniciativas de protección ni son partidarios del modelo de bonificaciones fiscales introducido, creen que se trata de un “muy buen acuerdo”, “el mejor posible”, según admiten varias fuentes, que también subrayan que se recogen “todas las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas”.
“Lo rentabilizaremos electoralmente si somos capaces de defenderlo sin complejos”, señala un portavoz de los partidos de la coalición, que cuestiona las críticas de diputados de Podemos, BNG o la parlamentaria de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, que han afeado que se “trocee” el texto. El partido de Ione Belarra ha vinculado su voto a la posición del sindicato que ha empujado la acampada en Sol, a unos metros del Congreso. “Dividir el decreto es una trampa y tiene un único objetivo: lavarle la cara al Gobierno y contener la movilización social”, ha lanzado Belarra en los pasillos del hemiciclo antes del pleno.
Para Sumar, en cambio, la de Podemos es una posición inasumible, porque ya apoyaron el decreto que el Congreso tumbó en abril pasado, que era menos ambicioso y no incorporaba muchas de las medidas que ahora sí se contemplan.
La sensación entre los partidos del grupo es que el Ejecutivo tenía una oportunidad única para reconducir el malestar social, que al fin ha estallado en las calles después de una legislatura muy compleja, con un bloqueo parlamentario evidente, la actualidad salpicada por los casos de corrupción y una escalada en los precios de la vivienda. En este contexto de movilización, el Gobierno quiere aprovechar para forzar a los grupos a apoyar los textos y por eso se ha inclinado por llevarlo ya el viernes al Congreso en un pleno extraordinario. Su aprobación puede suponer, junto a la ley de dependencia, uno de los grandes hitos del Ejecutivo y colocaría a los partidos de Sumar, reorganizados bajo la marca Frente Amplio, en mejores condiciones para lanzar su candidatura y líder para las generales, que esperan anunciar en la primera quincena de octubre. En todo caso, creen que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y que serán otros, rivales a derecha e izquierda, los que tengan que “retratarse”. “Auguro a quien se ponga enfrente de ese clamor social un destino político muy delicado”, ha advertido Bustinduy.
