Más de 800 fugitivos reclamados por España han sido localizados fuera de la UE desde 2018

El pasado 26 de abril, el profesor gallego Martiño Ramos Soto era entregado por las autoridades de Cuba a España. Condenado por abusar sexualmente con inusitada crueldad durante años en Ourense de una de sus alumnas de 12 años, había huido de España en julio del año pasado tras conocerse que el Tribunal Supremo había convertido en firme una pena de 13 de años y seis meses de prisión por estos hechos. Meses después, en junio, llegaba a Madrid desde Bali (Indonesia) Steven Lyons, presunto cabecilla del clan de los Lyons, una de las organizaciones más violentas del narcotráfico escocés que se había asentado en la Costa del Sol. Un juzgado de Málaga lo investiga por pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero. El pasado agosto era detenido en el emirato de Dubái el empresario vasco Alejandro Hamlyn, reclamado por la Audiencia Nacional por no presentarse a un juicio contra una trama de supuesto fraude en el IVA de hidrocarburos en el que se le solicitaba 89 años de prisión. Hamlyn aparece en la grabación de un encuentro con la exmilitante socialista Leire Díez en la que esta le pedía datos comprometedores de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mientras le insinuaba supuestos favores de la Fiscalía a cambio. El empresario vasco no ha sido extraditado.

Ellos son tres de las 822 personas reclamadas desde 2018 por España en el marco de procedimientos de extradición que han sido localizadas y detenidas en países de fuera de la Unión Europea. De ellas, 456 (el 55,5%) han sido finalmente entregadas en estos cerca de nueve años a las autoridades de Madrid para ser juzgadas o cumplir condena, según recoge una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Por países, Colombia lidera esta colaboración con 268 detenidos y 161 extraditados, lo que supone casi un tercio del total de ambas cifras. Por delitos, el narcotráfico encabeza la estadística con 338 localizados y 190 entregados.

En su respuesta, el Gobierno aclara que estas cifras no incluyen aquellas órdenes de detención y entrega que se tramitan con países de la UE, ya que estas peticiones se gestionan directamente entre órganos judiciales de los diferentes países sin intervención por parte del Ministerio de Justicia, sí encargado de dar cauce a las que se dirigen a terceros países. La mayor parte de estas actuaciones se han desarrollado al amparo de tratados bilaterales de extradición (677 detenciones y 359 entregas), frente a las 144 localizaciones y 97 extradiciones realizadas mediante el Convenio Europeo de Extradición. En un caso, el arresto se ha producido por el llamado principio de reciprocidad ―cooperación con estados con los que no hay tratado bilateral y que permite conseguir un trato semejante al que estos reciben de España―, aunque este caso no se ha traducido aún en la entrega a la justicia española, según la estadística del Gobierno.

Por años, 2019 es en el que se registraron mayor número de localizaciones (145), pero no de entregas ―no necesariamente una extradición se produce en el mismo año del arresto―, ya que en ese periodo se materializaron 46, frente a las 73 de 2025, año en el que hubo 85 detenciones; o las 71 de 2022, cuando se contabilizaron 93 arrestos. El año con el número más bajo de extradiciones fue 2018, con 17. En ese año se localizó a 77 fugitivos. Desde 2022, cuando terminaron las restricciones de movilidad tras la pandemia de la covid, la estadística refleja una mejora en el número de extradiciones, con más de 60 entregas anuales durante cuatro ejercicios consecutivos. Hasta el 31 de agosto de este año, se habían registrado 38 localizaciones y 34 entregas.

Los delitos relacionados con el tráfico de drogas concentran el mayor número de reclamados, con 338 localizados y 190 entregados, seguidos de los delitos contra el patrimonio y de índole económica (192 detenidos y 107 extraditados) y los sexuales y contra menores (122 y 73, respectivamente). También se produjo la localización de 54 reclamados por homicidio y delitos contra la vida, de los que 30 ya han sido extraditados; 14 por tráfico de personas (nueve ya entregados) y siete por organización criminal y tráfico de armas (tres extraditados). Por terrorismo, el Gobierno contabiliza cuatro detenciones y dos entregas en estos años.

Por países, Colombia destaca como el principal lugar de localización de fugitivos reclamados por España, con 268 detenidos y 161 entregados. A continuación aparecen Perú (72 localizados y 37 extraditados), Suiza (61 y 40), Argentina (58 y 31) y Albania (41 y 31). También sobresale Emiratos Árabes Unidos, al que pertenece el emirato de Dubái, convertido desde hace años en un lugar de cobijo recurrente para prófugos de todo el mundo. En estos años, este Estado del golfo Pérsico ha materializado 31 detenciones a petición de España ―entre ellos Alejandro Salgado Vega, un presunto narcotraficante madrileño conocido como El Tigre―, aunque solo seis extradiciones.

Le siguen, en una lista en la que aparecen 53 Estados o territorios que han colaborado con la justicia española, Marruecos (30 arrestos y 18 entregas), Brasil (21 y 9), República Dominicana (21 y 15) y Venezuela (20 y 3). El pasado mayo, la Audiencia Nacional libró una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a las autoridades de este último país para recabar información sobre 14 miembros de ETA huidos que supuestamente se refugian en su territorio, entre ellos Iñaki de Juana Chaos.