Maricarmen fuerza un giro del Gobierno y sus socios sobre vivienda
Para ella llega tarde, porque su desahucio ya se ha ejecutado y se ha quedado sin casa. Pero Maricarmen Abascal, a sus 87 años y con una imagen de total fragilidad en su silla de ruedas, parece estar a punto de lograr un imposible: los grupos de la mayoría de investidura, que llevaban meses de batalla sin solución a la vista, parecen ahora forzados a encontrar un acuerdo y dar un giro a la política de vivienda este martes con un decreto pactado entre todos. A la presión de la propia Maricarmen se sumó este sábado una manifestación masiva que interpeló sobre todo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad, responsables de dar soluciones a la anciana, pero también a Pedro Sánchez y su Gobierno, exigiéndoles que este martes aprueben un decreto potente para impedir que haya más Maricarmenes. La presión es tan fuerte que es difícil pensar que se frustre esta vez el acuerdo, aunque tampoco es imposible porque las posiciones son contradictorias y hay vetos cruzados.
La decisión de llevarlo este martes sí o sí al Consejo de Ministros parece definitiva, según diversas fuentes del Ejecutivo, aunque Sumar avisó este sábado de nuevo a sus socios del PSOE por si acaso: si hay un intento por retrasarlo, se plantarán en la reunión semanal del Gabinete como ya hicieron otra vez precisamente también por la vivienda, el asunto, junto con el gasto en defensa, que más tensiones ha provocado dentro de la coalición en estos ocho años.
Las posiciones parten de puntos muy alejados, y sigue siendo muy difícil poner de acuerdo a Sumar o Podemos, que reclaman expropiaciones y congelación total de los alquileres, con el PNV y Junts, que quieren tocar la ley del suelo para agilizar la construcción y desgravaciones a los propietarios para que contengan los precios, por poner ejemplos concretos de las discrepancias.
Pero algo ha cambiado en esta semana. Todas las fuentes implicadas en la negociación, tanto del Gobierno como de los grupos, coinciden en que esta vez hay un ambiente político diferente y nadie quiere ser el culpable de romper la expectativa de un acuerdo para un decreto este mismo martes.
La vivienda, el gran problema para millones de personas, especialmente los más jóvenes, sigue dividiendo al Congreso, pero Maricarmen está a punto de lograr que la maltrecha mayoría de legislatura se rearme solo para dar una respuesta a su caso y de paso dar un giro en vivienda con un decreto amplio, que contiene varias reformas de calado, según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la principal negociadora con los grupos. Ella lleva meses de conversaciones discretas, el trabajo estaba muy avanzado, pero aún hay que rematarlo para buscar un punto común entre todos, sobre todo, saber si hay o no voluntad para cerrarlo. Otros acuerdos de vivienda, incluida la ley en la anterior legislatura, se cerraron en el último minuto, con los ministros esperando y el Consejo retrasado. En ese caso fue en el despacho de Félix Bolaños, el gran negociador de Pedro Sánchez. Es presumible que esta vez la escenografía sea algo similar, también en el último minuto.
“Hemos tenido una mayoría de derechas toda la legislatura”, resume un miembro del Gobierno. “Nos ha llegado la explosión de la crisis de la vivienda con esa mayoría en el Congreso. Cuando había mayoría progresista, en la anterior legislatura, conseguimos sacar adelante con mucho esfuerzo la primera ley de vivienda de la democracia. Es una buena ley, con sus defectos, pero el problema es que las autonomías del PP no quieren aplicarla. Donde se hace, como Cataluña, está funcionando y los precios han dejado de subir a lo loco como en Madrid”, remata.
Otro ministro admite que Maricarmen ha dado un giro completo al ambiente político sobre la vivienda. Ella misma es consciente de su fuerza y desde el hospital en el que está envió un mensaje político al Gobierno y a sus socios: “Este es un mensaje para Pedro Sánchez, pero también para toda la gente que me ha apoyado durante estos días. Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas, quiero que sirva para que la gente luche y para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio”, asegura la anciana, que exige que el decreto se apruebe este martes.
Incluso el PP y Vox, que siguen en el no a todo lo que venga del Gobierno y es probable que voten en contra del decreto, parecen haber modulado algo su discurso ante la presión social por ese caso, que incluso ha forzado a la empresa que la echó de su casa sin contemplaciones a ofrecer ahora alguna solución, aunque de momento no hay acuerdo y la anciana sigue sin casa.
“La presión es enorme”, explica este último miembro del Gobierno. “Ahora es mucho más difícil tumbar un escudo antidesahucios que todo el mundo sabe que habría impedido el caso de Maricarmen. Todos tenemos presión, también en el Gobierno. Necesitamos salir con algo potente el martes. Todo el mundo está mirando qué hace la política después de un caso así y cualquiera que se oponga a esa ola va a sufrir. Lo sabemos todos y en ese contexto estamos negociando. No es fácil, pero Maricarmen ha abierto una oportunidad inédita”, señala.
La cercanía de las elecciones, ya en el horizonte tanto las generales como municipales y autonómicas, en teoría juega en contra de un acuerdo, porque nadie quiere ceder y todos quieren fijar su posición, pero de nuevo el efecto Maricarmen es tan fuerte que nadie quiere llegar a los comicios con la imagen de culpable del fracaso. Incluso Junts, que lleva meses en todo durísimo negando que haya ni siquiera conversaciones con el Gobierno —aunque era evidente que sí las había sobre muchas cuestiones—, ahora sí admite que hay negociación y detalla sus posiciones. Un gesto claro de voluntad de acuerdo y que el caso de Maricarmen, aunque se produjo en Madrid, reverbera en Cataluña y añade presión a todos los partidos de esta comunidad, donde hay un ambiente social más favorable que en Madrid a intervenciones públicas en el mercado de la vivienda.
Otro miembro del Gobierno está impactado con el cambio en el debate social. “El giro ha sido absoluto”, explica. “Hace pocas semanas toda la derecha, incluida Junts, solo hablaba de ocupaciones, y de hecho se cargaron el escudo antidesahucios con el argumento de las ocupaciones, pero ahora todo el mundo está viendo que el problema real de la vivienda no es la ocupación, sino el aumento de precios, el control de los fondos y los desahucios a ancianas en sillas de ruedas. Todo eso lo ha conseguido Maricarmen. Vamos a intentar aprovecharlo para aprobar lo que antes no se podía acordar”.
Aun así, las posiciones siguen estando muy distantes y todo se podría ir al traste antes del martes. Sumar publicó un comunicado muy duro este sábado. “El PSOE no se puede poner más de perfil”, señalaron. “El próximo martes el Consejo de Ministros tiene que aprobar un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. No valen parches. Las soluciones llevan meses sobre la mesa: la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él. Nos plantamos hace medio año y nos volveremos a plantar el martes si hace falta. La sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda”, sentenciaban.
“El PSOE tiene que saber que vamos en serio. No podemos aceptar un paripé. Tienen que estar los cuatro temas que hemos planteado”, resume un miembro del Gobierno de este grupo. Para el espacio político a la izquierda del PSOE, la vivienda es la clave de todo. De las protestas y los movimientos antidesahucios se levantó buena parte de esa izquierda que luego llegó al poder, con figuras como Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona que ahora podría encabezar el Frente Amplio, la nueva marca de Sumar.
La discusión interna en la coalición gubernamental es esa: aprobar el martes un decreto rotundo, nítidamente progresista, que corra el riesgo de ser tumbado en el Congreso pero marque la posición del Gobierno y muestre dónde estaba dispuesto a llegar, como plantea Sumar, o uno más suave, que contenga un mínimo común en las posiciones de todos, que incluya a Junts y PNV, pero que sí tenga votos para salir y demuestre que aún hay una mayoría y que Maricarmen ha obrado ese aparente milagro. Los negociadores del PSOE, con la ministra Rodríguez a la cabeza, están trabajando en esta segunda opción, por primera vez en mucho tiempo, tienen la sensación de que esta vez hay agua en la piscina. Y la explicación tiene un nombre propio: Maricarmen Abascal.

