Cómo la geopolítica está propiciando un regreso a la mina
Elvira Díaz, enfermera de 64 años, está en contra de una mina de litio que planean abrir a unos 10 kilómetros de su casa, en el norte de Cáceres; teme, entre otras cosas, que la explotación le deje sin agua o la contamine de tal manera que se acabe teniendo que marchar. Exactamente por la misma razón, para poder quedarse en el sitio donde vive, Antonia Buxo, de 31, sí quiere que abran una mina de wolframio cerca de su casa en el oeste de Ciudad Real; espera que la explotación le dé trabajo a ella, a su pareja y a mucha más gente de la zona y que su pequeño pueblo, Abenójar, deje de vaciarse.
Conviene advertir que esta no es una historia sencilla y está llena de paradojas y contradicciones, individuales y colectivas, de esas que a veces nos devuelven una imagen incómoda de nosotros mismos. Y Díaz y Buxo, con su vida, sus aspiraciones y empeños, están justo al final de una larga y compleja cadena de motivaciones que los conectan a las estrategias geopolíticas de las grandes potencias del mundo en estos convulsos tiempos de incertidumbre y guerras, al lobby de la industria minera, que mueve cada año miles de millones de euros, y también a usted, que probablemente tenga en el bolsillo un smartphone de última generación o se acabe de comprar un coche eléctrico.
Se trata de toda una enrevesada madeja de intereses que confluye en la estrategia europea que intenta asegurar el acceso del continente a las materias primas fundamentales que sostienen la llamada transición verde, que requiere arrancar de la tierra ingentes cantidades de minerales y refinarlos en complejos procesos industriales (unos 3.000 millones de toneladas hasta 2050, calcula el Banco Mundial) para poder fabricar todas las baterías eléctricas, las placas de energía solar o las turbinas de los molinos eólicos que hacen falta para dejar atrás los combustibles fósiles. Pero también las que alimentan la industria de la defensa, que gana cada día más fuerza por la amenaza rusa y las exigencias del Estados Unidos de Trump a sus aliados. Y esa estrategia pasa, aunque no solo, por volver a abrir unas minas que llevaban décadas cerrándose en el continente por su escasa competitividad frente a otras zonas del planeta menos explotadas y con menos exigencias medioambientales y laborales. Precisamente por ello, el plan no solo se enfrenta a grandes dificultades económicas y burocráticas, sino a una fuerte oposición de los grupos ambientalistas y muchos de los lugareños que tendrían que volver a acoger esas explotaciones cerca de sus casas.
Pero empecemos por el principio: ¿cuáles son esas materias primas de la discordia?
Estamos en una calurosa mañana de junio en el Museo Geominero de Madrid, un edificio histórico coronado en su sala principal por unas espectaculares vidrieras art déco. En una de las vitrinas hay una reproducción de la caja que le regalaron a Felipe VI en una reciente visita. Es una selección de los minerales presentes en España de los que se obtienen algunas de esas materias primas que la Comisión Europea considera esenciales para su futuro. Una de ellas es la escuterudita, mineral del que sale el cobalto, usado para fabricar baterías (entre otras, las de los smartphones) y aleaciones para la industria aeroespacial, aunque también puede llevar algo de níquel, que se utiliza asimismo en aerogeneradores marinos de energía eólica. “Un aerogenerador es un imán que alrededor tiene una bobina de cobre, pero tiene que ser pequeño, porque si no sería imposible subirlo hasta arriba [del molino], por lo tanto necesitas neodimio, que se saca de las tierras raras [simpático nombre que reciben 17 elementos químicos dispersos por la tierra en zonas arcillosas y rocosas] y con el que se fabrican imanes muy potentes”, explica la geóloga Ester Boixereu, experta del Instituto Geológico y Minero de España del CSIC.
Es una firme defensora de la estrategia europea para intentar asegurar al menos una parte del suministro de cobalto, cobre, níquel, wolframio, tierras raras, titanio, litio, magnesio… Habla de garantizar la viabilidad de industrias que dan trabajo a millones de personas en el continente y que dependen de la llegada continua de minerales controlados en su mayor parte por unos pocos países. Menciona Sudáfrica, Turquía, la República Democrática del Congo o Chile. Pero se detiene en China, que controla el 59% de la extracción mundial de tierras raras y el 91% de su refinado, aunque extrae en torno al 17% del litio, fundamental para las baterías de los coches eléctricos, controla el 70% del refinado. La preocupación por estos minerales no es nueva. De hecho, cuando China demostró en 2010 que podía zarandear industrias enteras de todo el mundo si le venía en gana (impuso limitaciones a la exportación de tierras raras, wolframio y molibdeno tras un conflicto diplomático con Japón), hacía ya dos años que la Comisión había lanzado su primera iniciativa de materias primas esenciales. Por entonces se hablaba más de asegurar el suministro por la vía diplomática en el mercado global y con reciclaje que de volver a abrir minas. No fue hasta finales de 2020, tras la gran sacudida de la pandemia de la covid, cuando se empezó a hablar sin tapujos de ello y se terminó de plasmar en 2024 (tras la invasión rusa de Ucrania), con un reglamento llamado Critical Raw Materials Act.
Esta norma fijó los siguientes objetivos en torno a 17 materias primas consideradas estratégicas (hay otras tantas consideradas también críticas por su importancia económica y su riesgo de suministro, pero estas son básicas para sostener la transición energética y digital, y las industrias de defensa y aeroespacial): en 2030, al menos el 10% de su consumo anual debe salir de minas situadas en la UE, el 40% debe procesarse en el continente y al menos el 25% ha de proceder del reciclaje de materiales. Para tratar de conseguirlo, la Comisión seleccionó el año pasado 47 proyectos estratégicos: 23 de ellos son de extracción, de los cuales 12 también incluyen plantas de refinado, a los que se suman otros 13 que solo procesarán el mineral; la Comisión asegura que minas y plantas tienen que ir de la mano, pues sin acceso asegurado al mineral es imposible crear un entramado sólido de refinamiento. El resto es de reciclaje. Además, impulsa otras 13 minas fuera de Europa.
A principios de otoño está previsto que la Comisión anuncie los proyectos elegidos en una segunda ronda. De momento, Ecologistas en Acción tiene denunciados ante el Tribunal General de la UE a seis de los siete proyectos españoles elegidos en la primera (todos los que incluyen explotación minera) para que les retiren esa designación. “No cumplen los criterios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza exigidos por el propio Reglamento europeo”, argumentó la ONG.
Que vienen los chinos
Para evitar los rigores de la ola de calor, la cita es muy temprano en la Dehesa Boyal Las Navas, al norte de Cáceres. Elvira Díaz, enfermera en un hospital público, y Julio César Pintos, educador social jubilado, portavoces de la plataforma No a la Mina de Cañaveral, llevan unos días inquietos porque un medio de comunicación, dicen, les acaba de acusar poco menos que de ser espías chinos. Aunque no los citan directamente, han utilizado la foto de una de sus manifestaciones para ilustrar una noticia que asegura que el CNI investiga infiltraciones chinas y rusas para tratar de incentivar la oposición local a los proyectos para extraer minerales esenciales. Entre ellas, sí se menciona expresamente la mina a la que se oponen, Las Navas, que prevé extraer y procesar estaño, tántalo, niobio, rubidio, cesio, sobre todo, 40.000 toneladas al año de hidróxido de litio para baterías, por lo que ha obtenido el sello europeo de estratégico.
Los activistas se declaran perplejos por las vinculaciones que se insinúan. “Supongo que, como presentamos unas alegaciones tan bien hechas [durante el proceso, aún en marcha, para que la mina obtenga los permisos oficiales para operar], no se creían que las hubiésemos hecho nosotros”, aventura Díaz. Mientras pasean entre encinas, alcornoques y pinos piñoneros, los activistas explican que están en contra del proyecto, entre otras cosas, porque afecta a aguas superficiales y un acuífero, el Galisteo, requeriría un drenaje masivo del nivel freático en un radio de 1,5 kilómetros y creen que no está bien resuelto el tema de los vertidos.
Ignacio Baños, consejero delegado de Lithium Iberia, asegura por escrito que muchas de las dudas que plantea la plataforma quedarán disipadas en cuanto presenten la actualización del proyecto. Además, insiste: “Contribuiremos de forma significativa al desarrollo de las zonas rurales en las que se ubicará”.
Esta idea es la que parece más extendida a unos 200 kilómetros de allí, en el municipio de Abenójar, en Ciudad Real, donde se prevé abrir la mina de wolframio de El Moto, que también es “estratégica”, según la Comisión. En el pueblo hay alguno al que no le hace ninguna gracia, pero en general los vecinos se mueven entre la indiferencia y la ilusión por la puesta en marcha, prevista para este mismo año, del proyecto, que también promete traer prosperidad a la comarca en general, en particular, a un pueblo que ha perdido en los últimos 20 años casi una cuarta parte de su población.
Hoy son 1.300 vecinos, pero un 14 de julio, con una temperatura de 37 grados a mediodía, cuesta encontrarlos en sus calles de arquitectura funcional y desigual, típica de los pueblos de la Mancha. Sobre las tres de la tarde, la plaza del recinto ferial está desierta cuando Antonia Buxo, de 31 años, abre la tienda de sus padres, una de esas en las que en municipios como este se puede encontrar casi de todo. “La mina supongo que al negocio le vendrá bien; si viene gente, tendrán que comprar en algún sitio”, explica. A ella le gustaría trabajar en El Moto, y se ha formado para manejar las máquinas que se utilizan en este tipo de minas. “Quería convencer a mi novio para que hiciera los cursos y me acabó liando él a mí”, cuenta entre risas. No fue fácil; tuvieron que ir a estudiar a 600 kilómetros, al Bierzo leonés.
Allí, en una antigua mina de carbón del municipio de La Ribera de Folgoso, se creó hace 37 años la Fundación Santa Bárbara, un centro público de formación para el empleo único en toda España, ya que sus alumnos aprenden en una explotación subterránea real y utilizando las carísimas máquinas que se usan en este sector: carros de perforación, niveladoras, buldócers… Hace unas semanas, un grupo de estudiantes se turnaba en el área de movimiento de tierras, un espacio construido como una mina a cielo abierto, en el manejo de una retroexcavadora que iba cargando de material un vehículo tipo dumper con capacidad para transportar 14 toneladas. A la espera de su turno estaban Sergio Blanco, ponferradino desempleado de 50 años —“tenía que haber hecho esto hace mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos”—, y Carlos Abreu, venezolano de 62. Abreu cuenta que hace un año sus dos hijos hicieron este mismo curso, tras ver lo bien que les ha ido, se vino hace cuatro meses desde su país natal para seguir sus pasos.
“Trabajo no les va a faltar”, asegura el director de la fundación, Manuel Álvarez, sobre el centenar de alumnos que forman cada año en minería. Desde hace un lustro, continúa, llegan estudiantes de otras regiones del país, sobre todo de Andalucía. En esta comunidad están cuatro de las seis minas de minerales metálicos (de las que salen la inmensa mayoría de materias primas esenciales) en activo en España en 2024, según la última estadística del Gobierno, en una zona conocida como la Faja Pirítica, una extensión de tierra que llega hasta Portugal, rica en yacimientos que han sido explotados desde hace miles de años. A eso se suman cientos de permisos de investigación por todo el país y un programa de exploración de yacimientos del Gobierno dotado con 150 millones de euros.
Del pequeño pueblo ciudadrealeño de Abenójar han ido a León a formarse en la Fundación Santa Bárbara una decena de personas. Antonia y su novio estuvieron un año, sacándose dos cursos: uno para usar “la niveladora y el buldócer” y otro de “minería y excavación con explosivos”. Alquilaron una casa cerca de las instalaciones. “La formación es gratis, pero es un esfuerzo muy grande, porque tienes que pagar el alojamiento y la vida allí”, cuenta la joven. Su pareja ya está empleada en la mina de El Moto —“ya están abriendo el túnel”— y espera que a ella también la acaben llamando, aunque aún hay muy pocas mujeres en este sector, lamenta.
Aparte de los beneficios económicos, los defensores de la vuelta a la mina en Europa suelen sacar la carta de la “hipocresía”. “La gente no quiere la minería porque nadie quiere una mina al lado de casa. Pero tampoco quiere nadie un aeropuerto al lado de casa, ni una autopista, ni una planta de generación de bioelectricidad”, señala Rolf Kuby, director general de Euromines, que representa a 18 empresas y a 15 federaciones nacionales del sector y ejerce como lobbista ante la Comisión Europea. Kuby defiende que el continente ya no puede permitirse, ni ética ni geopolítica ni económicamente, seguir trayendo de fuera las materias primas “sin mancharse las manos”, es decir, “sin asumir el trabajo, la huella ambiental ni las consecuencias de la minería sobre el terreno”.
Elvira Díaz rechaza de plano esta idea. Ella, como la inmensa mayoría de los miembros de su asociación, ha nacido, crecido y ha vivido siempre en la zona de Cáceres donde hoy se proyecta una mina de litio, y no cree que haya que sacrificar el entorno para obtener unos beneficios que, además, no suelen revertir de forma justa en los vecinos. En general, los ecologistas desconfían por principio de las buenas intenciones de una industria que tradicionalmente ha basado sus beneficios en “generar unos pasivos ambientales que las empresas nunca pagan”, defiende Joám Evans, de Ecologistas en Acción.
Amigas de la Tierra habla de “zonas de sacrificio” donde las compañías quieren vía libre para sobreexplotar recursos. Sara Johansson, de European Environmental Bureau, advierte, de hecho, que el sector está haciendo fuerza en Bruselas para debilitar la Directiva Marco del Agua y “se les permita contaminar”.
La Comisión Europea responde que la revisión de la norma aún no ha empezado, pero admite que se podrían, efectivamente, acabar concediendo “exenciones adicionales” para apoyar proyectos estratégicos. Pero defiende que es posible una minería en Europa social y ambientalmente responsable: “Ya se está haciendo; solo tenemos que hacerlo más”.
Para ello, los proyectos señalados como estratégicos cuentan con un respaldo público que les viene muy bien a la hora de buscar financiación (incluida la del Banco Europeo de Inversiones) y un plazo máximo para ver tramitados sus permisos: 27 meses para las minas y 15 para las plantas de procesamiento o reciclaje. La Comisión asegura que en ningún caso se pueden saltar las exigencias legales y que todos han pasado ya exámenes muy estrictos. Sin embargo, una filtración sembró dudas sobre el proceso del año pasado, pues sugieren que 11 proyectos fueron incluidos en el último momento por motivaciones políticas, ya que no aparecían en una lista preliminar solo dos semanas antes del anuncio oficial. Bruselas lo niega, pero no ha hecho públicas, alegando motivos de seguridad, las evaluaciones de los expertos, las objeciones concretas, las observaciones de los Estados ni las razones por las que esos proyectos acabaron entrando en la lista definitiva. Lo cierto es que tres de las seis minas estratégicas españolas no estaban en el primer documento, las dos de litio: Las Navas, en Extremadura; Doade, en Galicia, y Cobre Las Cruces, en Andalucía.
Esta última ha tenido que enfrentarse a numerosos conflictos durante los 15 años que ya estuvo operando en la localidad sevillana de Gerena (produjo 700.000 toneladas de cátodos de cobre hasta 2023), principalmente por el uso de un complejo sistema que extrae el agua de un acuífero y lo vuelve a reinyectar a cierta distancia del yacimiento para poder extraer el mineral. Así, una sentencia de 2016 condenó a tres exdirectivos por contaminar con arsénico y detraer ilegalmente aguas subterráneas durante la fase de excavación inicial y la empresa fue multada en 2018 por detracción ilegal de aguas subterráneas y daños al Dominio Público Hidráulico.
Hoy, con dueños nuevos (la acaba de comprar Global Panduro, la sociedad del inversor especializado en el sector minero Resource Capital Funds), una portavoz de Cobre Las Cruces responde que el sistema se mejoró hace mucho tiempo (“se construyó la planta de tratamiento que depura mediante ósmosis inversa el agua del acuífero antes de reinyectarla”) y que ninguna de las acusaciones de que contaminan el estuario del Guadalquivir (donde vierten, una vez tratadas, las aguas que utilizan) han prosperado nunca en los tribunales.
Montañas de chatarra
Impresiona ver las montañas de residuos electrónicos —placas de circuitos electrónicos, viejos teléfonos móviles, torres de ordenador, portátiles…— que esperan a ser tratados un día cualquiera en la planta de Hoboken de la empresa Umicore, en las afueras de Amberes. Cada año reciben entre 400.000 y 450.000 toneladas de residuos para recuperar de ellos 17 valiosos materiales, incluidos metales preciosos como el oro y la plata, y materias primas críticas y estratégicas para la UE como cobre, níquel, germanio (elemento clave para la industria aeroespacial, telecomunicaciones e inteligencia artificial), antimonio, bismuto y arsénico (cruciales para tratar estos materiales complejos y difíciles de separar). No todo sale de la basura tecnológica, también de residuos industriales y mineros, de la industria automovilística (sobre todo, catalizadores de automóviles usados para recuperar metales del grupo del platino) y de la química. Con esa experiencia, la futura planta de Umicore en la cercana localidad de Olen, otro de los proyectos estratégicos de la UE, tratará de recuperar germanio de depósitos con concentraciones muy bajas, que hasta ahora se consideraban imposibles de rescatar.
Actualmente Europa consume, según los cálculos de la Comisión, el 8,3% de materias primas estratégicas procedentes del reciclaje, muy lejos del 25% del objetivo que se ha marcado para 2030. Un objetivo, en todo caso, demasiado modesto para los ecologistas, que opinan que cualquier estrategia sostenible debe basarse en la recuperación y en la reducción de los insostenibles niveles actuales de consumo. “El problema es que no estamos sustituyendo nada por nada, los negocios simplemente se están sumando”, dice Julio César Pinto, señalando que, mientras se acelera el uso de energías renovables, el uso de combustibles fósiles no ha dejado de crecer por el aumento de la demanda global.
Una demanda, según los que se dicen más realistas, casi imposible de intervenir (sobre todo en los países emergentes), al menos en los niveles que harían falta. Así que defienden la transición verde, con todos sus inconvenientes, como la mejor de las alternativas. Y el reciclaje, constata el CEO de Umicore, Bart Sap, se enfrenta además a limitaciones técnicas —“siempre se pierde algo en el proceso”— y burocráticas: “Trasladar residuos de un país a otro dentro de la UE puede llevar días, semanas e incluso meses”. Cada año se venden en Europa unos 150 millones de smartphones y más de 76 millones de smartTV. En total, en 2023 se compraron 14,4 millones de toneladas de productos electrónicos nuevos, según Eurostat. Pero solo se recogieron 5,2 millones; el resto se queda cogiendo polvo al fondo de los armarios de las casas o acaba en circuitos opacos, a menudo exportados a terceros países, muchas veces camuflados como productos reutilizables.
Por eso, la extracción de minerales es, aunque necesaria, solo una pata de las soluciones que se están buscando, asegura el secretario de Estado de Energía del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Joan Groizard. Explica que el Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030 incluye medidas en la parte del consumo —se habla de exigir por ley el derecho a reparar, es decir, que los fabricantes de tecnología estén obligados a reparar los productos que sean reparables una vez expirada la garantía legal— y de reciclaje: el plan de exploración incluye la búsqueda de materiales reutilizables en balsas de lodos y escombreras de antiguas minas.
La ciudad engullida
Las carencias en el ámbito del reciclaje de la estrategia europea no es algo que solo vean los ecologistas; también el Tribunal de Cuentas de la UE la señaló en un informe publicado el pasado abril. En él planteaba, además, serias dudas sobre la eficacia del plan para lograr sus objetivos, por motivos burocráticos y por falta de inversión: “Existe el riesgo de que los esfuerzos de la UE caigan en un círculo vicioso, ya que la falta de suministro frena el desarrollo de los proyectos de procesamiento, lo que a su vez reduce el impulso para garantizar el suministro”. Sobre los proyectos estratégicos, señala que la mayoría de ellos, por su nivel de desarrollo, “es muy improbable que contribuyan de manera significativa a los objetivos de 2030”.
¿Es este otro caso de lentitud burocrática y falta de previsión? ¿O es que en el fondo da un poco igual que salgan adelante? ¿Y si tal vez tienen un objetivo político cuando el viento de la opinión pública sopla en contra del ecologismo y varias iniciativas emblemáticas del Pacto Verde aprobado en 2019 han sido ya aplazadas, suavizadas o revisadas? ¿Y si los proyectos son sobre todo una baza negociadora con China en un momento en el que Bruselas está revisando a cara de perro su desequilibrada relación comercial con el gigante asiático?
Sea como sea, Joám Evans, de Ecologistas en Acción, constata con pesadumbre que, por el camino, la narrativa ha cambiado. “El lobby ha trabajado intensamente, sobre todo en el ámbito europeo, para que la minería dejara de verse como una cuestión económica y se convirtiera en una cuestión de seguridad nacional, de geopolítica, supraordinaria. Y ese discurso ha calado”.
Jari Söyrinki asegura que en los últimos tiempos ha notado cómo las empresas mineras “han acumulado un poder político sin precedentes”. Aparte de escritor y activista, Söyrinki es minero en el norte de Suecia, en la región lapona de Malmfälten, de donde sale el 90% del hierro que produce la UE. Y vive en Kiruna, una ciudad que se ha convertido en símbolo del debate sobre la minería: la mayor parte del municipio ha tenido que ser trasladada unos kilómetros porque corría grave peligro de que el suelo se la tragase por culpa del avance de una gigantesca mina de hierro de la empresa estatal LKB. La misma que impulsa quizá el proyecto estratégico estrella de la UE, que explotará un gigantesco depósito de óxidos de tierras raras. “Durante mis 18 años como minero de interior hemos visto un deterioro constante de la seguridad laboral, la gestión y los salarios. La industria ha socavado los derechos de los trabajadores y las organizaciones independientes que los representan. En Malmfälten, mientras las empresas obtienen beneficios récord año tras año, los municipios están constantemente al borde de la quiebra”, escribe en un mensaje. Y añade: “Sí, la minería es necesaria”, destaca, pero añade: “Hoy se están acelerando las operaciones mineras de una manera extremadamente cortoplacista y despiadada”.
Sin embargo, buena parte de los vecinos de Kiruna acepta su destino minero, incluida la relocalización de la ciudad en una zona en la que el frío lapón es todavía más intenso. “Si constantemente te dicen que es la única opción posible, que la ciudad no podría existir sin la mina y cosas por el estilo, no te rebelarás ni te opondrás”, contesta por escrito la artista sueca, natural de Kiruna, Lina Brännström.
