Una jueza ordena excarcelar al exgobernador Ruffo y le da arresto domiciliario en el caso por huachicol fiscal
El exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo enfrentará desde su casa las acusaciones que le carga la Fiscalía de encabezar presuntamente una gran trama de huachicol fiscal. La jueza de control Alejandra Rodríguez de la Vega ha ordenado el cambio de la medida cautelar que se le había impuesto al político del PAN en un principio, esto es, ser recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, hasta la resolución de la sentencia. Se espera que Ruffo, de 74 años, abandone la prisión en las próximas horas. Fuentes con conocimiento del caso señalan que es posible que el exgobernador sea trasladado en una aeronave oficial a Ensenada, en Baja California, donde tiene su domicilio. La jueza ha dictado a Ruffo restricciones de movilidad para garantizar que cumpla la resolución. Las fuentes aclaran que no se ordenó colocarle un dispositivo rastreador.
El cambio de la medida precautoria ha derivado de un amparo que promovió la defensa legal de Ruffo contra su reclusión en el temible Altiplano, donde convive con criminales de alto perfil, incluidos narcotraficantes. Sus abogados alegaron que, conforme al Código Penal Federal, un imputado mayor de 70 años tiene derecho a la prisión domiciliaria para afrontar una acusación en su contra. Una jueza federal de amparo, Azucena Lazalde, ordenó esta semana a la jueza de control con sede en el Altiplano que rectificara la medida que ella misma le había impuesto a Ruffo en julio, en la audiencia de imputación.
La defensa del exmandatario ha celebrado la decisión de la jueza Rodríguez de la Vega, pero ha aclarado que “no se trata de una concesión graciosa o privilegio, sino de la rectificación del proceso”. “Se reconoció el derecho humano de los adultos mayores de 70 años a enfrentar su proceso desde casa, derecho que se refuerza cuando a la edad se agrega una condición de salud que la reclusión no hace más que empeorar comprometiendo incluso su vida. Esta resolución es un avance hacia el respeto del debido proceso, pero aún falta mucho por hacer”, ha afirmado Juan Marcos Gutierrez Gonzalez, integrante del equipo defensor de Ruffo.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exgobernador fue uno de los principales orquestadores de una red de huachicol fiscal que contrabandeó a México desde Estados Unidos 18 millones de litros de gasolina y diésel en 2025. En el centro de la trama se localiza la firma Ingemar, de la que Ruffo era accionista y secretario del consejo de administración. Según la acusación, a través de las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, Estado de Tamaulipas, frontera con EE UU, Ingemar introdujo 163 ferrotanques con combustible declarando una cantidad mucho menor a la que realmente transportaban, con lo que la red criminal evadió, presuntamente, el pago de 166,4 millones de pesos en impuestos.
La FGR acusó a una veintena de personas, desde accionistas de Ingemar y otras empresas hasta agentes aduanales corruptos. El 16 de julio fue arrestado el exgobernador panista. En la audiencia de imputación, la Fiscalía pidió a la jueza de control que se le impusiera la prisión preventiva oficiosa alegando que existía riesgo de que Ruffo se diese a la fuga, debido a su capacidad económica, su red de contactos y su doble nacionalidad (mexicana y estadounidense). Extrañamente, en aquella audiencia, su defensa legal no apeló para pedir otra medida cautelar, según las fuentes consultadas. Los abogados del exgobernador dejaron pasar varios días para impugnar la prisión preventiva oficiosa por la vía del amparo. En la audiencia de este viernes, la Fiscalía no apeló la decisión de la jueza de conceder la prisión domiciliaria al acusado, lo que implica que la autoridad estuvo de acuerdo en última instancia, añaden las fuentes.
La defensa de Ruffo ha advertido de que seguirá adelante en su lucha. De hecho, los abogados han promovido un segundo amparo para revocar la vinculación a proceso del político del PAN. Sus familiares y amigos han dicho que confían en su inocencia. “Insistimos en nuestra denuncia de que está sujeto a proceso por el simple hecho de pertenecer a una empresa, sin que exista una acción o conducta concreta que lo pudiera hacer responsable de delito alguno”, han indicado. La organización Comité por la Libertad de Ernesto Ruffo, vinculada al partido Somos, considera al exgobernador “preso político”, y sostiene que el cambio de medida cautelar es “el principio para demostrar su total inocencia”.
