La ONU también se pronuncia sobre el desahucio de Maricarmen: “La jueza lo debería haber suspendido”
El relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, ha criticado este jueves el desahucio de Maricarmen y ha sostenido que la jueza debería haberlo suspendido temporalmente para evitar “un daño irreparable” y permitir que España cumpliera de buena fe sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Este martes, un día antes del lanzamiento, la propia Maricarmen dijo en rueda de prensa que los únicos que habían dicho que su desahucio era ilegal habían sido los representantes de la ONU.
Casla ha difundido en sus redes sociales cuatro reflexiones sobre el caso, un día después de que Maricarmen fuera desalojada de la vivienda en la que llevaba 70 años. “Este caso pone de manifiesto que la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado. No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”, ha escrito.
El relator defiende que ningún desahucio que pueda dejar a una persona en la calle debe ejecutarse hasta que el Ayuntamiento o la comunidad autónoma ofrezcan una alternativa “viable y justa”. También rechaza que un gran tenedor pueda cambiar unilateralmente las condiciones del alquiler como paso previo para expulsar a un inquilino: “Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte”.
Hace unos meses, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU dictó medidas cautelares para suspender temporalmente el desahucio. “La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe. La legislación procesal requiere una enmienda”, ha afirmado Casla.
En diciembre de 2025, Naciones Unidas también exigió al Estado que elaborara un informe con medidas para evitar los desahucios de personas sin alternativa habitacional. En caso de que esas medidas no se cumplieran, pidió que los desalojos se suspendieran o que se ofrecieran alternativas adecuadas.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que adopten “medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables”, tras el desalojo de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid, un caso que, según la institución, confirma que “existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible”.
El organismo considera además “imprescindible que las administraciones ofrezcan soluciones inmediatas” ante situaciones como esta, que “se constituye como una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder” y en la que “se comprueba en toda su crudeza la crisis de la vivienda y la escalada al respecto de intereses especulativos”.
