Denunciado penalmente un cura español por abusos sexuales en un orfanato en Bolivia: “Tenemos esperanza de justicia”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

Los exmiembros de Colonia Piraí, un albergue en Bolivia para niños en situación de calle, que denunciaron a este medio los abusos sexuales que sufrieron en ese lugar, presentaron el martes una denuncia penal ante la Fiscalía contra su presunto abusador, el fallecido cura español Miguel Parrilla, y otros religiosos. Las víctimas se querellan contra Parrilla y el exsecretario adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, Fernando Rojas, por agresión sexual infantil que dicen haber sufrido en las décadas de 1970 y 1980, cuando tenían entre 7 y 13 años.

Además, han sido acusados de encubrimiento los que fundaron Piraí junto al sacerdote español: los jesuitas bolivianos Rafael y Álvaro Puente. Figuran también otros dos altos cargos eclesiásticos que supieron de las denuncias desde 2019 y no presentaron el caso al Ministerio Público.

Aunque la muerte extingue la acción penal, el abogado de los demandantes, Jhonny Arratia, incluyó en la imputación a Parrilla, fallecido en 2014, y a Rafael Puente, en 2025, para establecer conexiones que los vinculen al resto los demandados vivos. “La Fiscalía desestimará a los fallecidos con el tiempo pero a mí me sirve como antecedente en la investigación para revelar un red de encubrimiento”, explicó Arratia.

La fiscal Silvia Villarroel informó en un documento al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer que daba inicio a la investigación y solicitó medidas de protección a los afectados. Algunos de ellos, junto a representantes de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes —surgida a raíz de los casos de violación que destapó EL PAÍS—, acompañaron a su abogado a presentar la denuncia en la sede de la Fiscalía en Santa Cruz de la Sierra, ciudad donde ocurrieron los hechos. “Por fin se ha dado inicio a una denuncia pública contra la estructura criminal creada por sacerdotes y la complicidad de la Iglesia católica y las ONG creadas por estos curas”, dijo uno de los querellantes que prefiere no revelar su nombre real.

Todas las víctimas comparten un perfil similar: una infancia con muchas carencias económicas a causa de una familia numerosa, conflictiva o por la orfandad. Sus testimonios coinciden en señalar que, en las noches, después de ir al colegio y cumplir con las labores de la granja que funcionaba en el albergue situado en las afueras de la ciudad, eran invadidos en sus camas por Parrilla borracho. “No puedes volver a vivir bien. Piensas que te curas, pero siempre tienes recaídas. Siempre vuelve”, dice otro de los denunciantes.

Parrilla nació en Santiago de Compostela el 4 de diciembre de 1933. Fue abogado y sacerdote diocesano de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), que lo destinó a Bolivia en 1964. Después de ser rector de un seminario en Cochabamba, fundó el albergue al que estuvo vinculado por el resto de su vida. “La Colonia Piraí es una experiencia única en Bolivia. Surgió de una utopía mía: recoger y educar a los palomillos y polillas, los chavales de la calle, carne de delincuencia”, escribe Parrilla en un texto publicado en los números 42 y 43 (1987) de la revista religiosa Corintios XIII.

En 2019, motivados por el discurso del entonces papa Francisco de que esperaba “medidas concretas y efectivas” de la Iglesia para erradicar los abusos de sus clérigos, cinco exmiembros de Piraí contaron lo sucedido al Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra. El arzobispo Sergio Gualberti formó un tribunal eclesiástico compuesto por tres curas para escucharlos, les dijo que el caso continuaría siguiendo “normas internas”, por separado, les prometió trabajo y ayuda para su salud mental. Nunca más volvieron a saber de él. Ante reiterados intentos de dar continuidad al proceso, como está constatado en documentos sellados, trasladaron la queja a la capital administrativa del país, La Paz, a la Conferencia Episcopal Boliviana. Tampoco tuvieron suerte.

“Les dije: ‘Ustedes no me hacen caso. Iré hasta el Vaticano y en la puerta del Vaticano los denunciaré a todos ustedes’, pero no pude conseguir la plata, no es barato”, cuenta a EL PAÍS otra de las víctimas. Han pasado más de seis meses desde que decidieron poner la denuncia penal y finalmente se animaron a hacerlo.

Uno de los acusados por encubrimiento y fundador del orfanato, Álvaro Puente, aseguró a este medio que no puede “poner las manos al fuego por nadie”, pero no cree que exista “fundamento” para inculpar a Parrilla. Del mismo modo, asegura que no supo de ningún caso de violación durante su estancia en Piraí, que, dice, fue de dos años.

El cura Rojas, acusado de violación cuando era seminarista y pasaba jornadas breves en el albergue, prefirió por su parte no brindar declaraciones.