El código ético aprobado durante el mandato de Zapatero le impedía quedarse con las joyas que recibió de Arabia Saudí en 2007
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional en el que asegura que las joyas que la Policía Nacional incautó en su despacho en junio son un “obsequio” personal que Arabia Saudí le hizo en 2007 cuando estaba en La Moncloa. “Se trató de una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto de mi representado hacia el monarca saudí”, ha expresado el abogado del expresidente, Víctor Moreno Catena, en el documento de seis páginas entregado este miércoles. Las alhajas “se guardaron y permanecieron guardadas durante todo este tiempo, junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material”, puntualiza el escrito. Sin embargo, una normativa aprobada por el Consejo de Ministros en 2005, cuando gobernaba el propio Zapatero, impedía al entonces presidente aceptar regalo alguno.
El Código de Buen Gobierno salió del Consejo de Ministros en febrero de 2005, un año después de que Zapatero llegara a La Moncloa, y buscaba garantizar “la transparencia, eficacia y dedicación plena” de los altos cargos a sus funciones, así como evitar “toda aquella actividad o interés que pudiera comprometer su independencia e imparcialidad o menoscabar el desempeño de sus deberes públicos”. La normativa se aplicaba a los miembros del Gobierno, a los secretarios de Estado y al resto de altos cargos de la Administración General del Estado, entre otros, por lo que era de obligado cumplimiento para el entonces jefe del Ejecutivo.
Entre los principios de conducta que contempla el Código de Buen Gobierno se encuentra la obligación de rechazar regalos. “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional, se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente”, reza el punto sexto de ese apartado.
El Código Penal modificado en 2010, bajo el mandato de Zapatero, dice en su artículo 422 que prevé castigar a funcionarios o autoridades que reciban cualquier “dádiva o regalo que les fuera ofrecido en consideración a su cargo o función”, con penas de hasta un año de cárcel y suspensión de empleo y cargo de entre uno y tres años.
El Código de Buen Gobierno aprobado por el Ejecutivo de Zapatero era “una plasmación de principios de conductas, una orientación”, según explicó a este periódico el director ejecutivo de Transparencia Internacional de España, David Martínez, que destacó que no contemplaba ningún tipo de sanción y que tampoco era jurídicamente vinculante.
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada em 2013, también hacía referencia a la cortesía, sin establecer límites: “No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Los obsequios de “mayor relevancia institucional”, añadía, se incorporarán al patrimonio de la Administración pública.
