La Universidad de Morelos, en el punto de mira por la violencia contra sus alumnas: “Protegieron a mi agresor todos los años”

En los últimos 14 años, al menos una docena de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) han sido desaparecidas o asesinadas. Las últimas cuatro de ellas en solo siete meses de este 2026. Por el camino, son decenas las que han denunciado maltrato, acoso y agresiones sexuales. Tanto que en algún período la propia universidad ha reconocido públicamente que su Unidad de Atención de Víctimas de Violencia estaba desbordada. Las protestas de las alumnas reclamando mayor seguridad han sido constantes, pero han llegado a su punto álgido con el asesinato de Claudia Tacoronte. El crimen de la estudiante española ha devuelto el foco a algo que ellas llevan años denunciando: los casos de violencia son desatendidos dentro de la universidad. “Las estudiantes ya están cansadas de vivir esa violencia, con la pregunta de cuándo es la siguiente, quién es la siguiente”, dice a EL PAÍS Jearin Delgado, quien denunció a su agresor en 2019 y después al director de su facultad por protegerlo. La UAEM no ha contestado a las preguntas de este periódico.

La memoria de la violencia contra las mujeres en México es corta, pero su rastro es amplio, detallado, un camino sostenido de fechas y nombres. El rostro de Viridiana Morales fue el primero que se pintó en un mural en el campus. La estudiante de Psicología desapareció en 2012, cuando, con 21 años, fue víctima de una red de trata sexual. Ese año también se perdió el rastro de Jessica Cerón, alumna de la misma facultad. En 2017 encontraron asesinadas a las estudiantes Hazel Dávila y Liliana Cázares, y al año siguiente un alumno de la Universidad de Morelos fue acusado de haber matado a su novia, Mercedes Sierra, quien tenía 22 años y cursaba Derecho. En diciembre de 2018 secuestraron a María Fernanda Toledo, estudiante de Medicina e hija del director de una facultad, y encontraron sus restos nueve días más tarde. Dos hombres mataron a Mariana Valladares porque no había querido tener relaciones con ellos en 2019. Todos eran parte de la UAEM. También el novio de Aylin Rodríguez era estudiante de la Universidad de Morelos cuando la mató en 2025.

El rostro de la alumna de Psicología había sido el último en vigilar el campus pintado desde una fachada. Hasta que llegó este año y en solo siete meses, asesinaron a Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Fuentes y Claudia Tacoronte. La posición pública de la UAEM ha sido lamentar los hechos y pedir investigaciones exahustivas a la Fiscalía de Morelos. Sin embargo, las estudiantes reclaman más. También las familias de las víctimas. La madre de Aylin, Karime Rodríguez, reclamó a la actual rectora, Viridiana Aydée León, que no quisieran reconocer que el asesino de su hija era estudiante en activo, también que nunca accediera a reunirse con ella: “Creo que fue una falta de empatía para el asesinato de mi hija”. La hermana de Claudia, Lara Tacoronte, grabó un video preguntándose cómo se habían podido “normalizar” los crímenes en la universidad: “¿Y qué nadie haga nada?”.

Jearin Delgado encuentra un hilo conductor entre las omisiones de la universidad a la hora de investigar agresiones y los crímenes actuales: “Yo creo que si todos los casos iniciales se hubieran escuchado y se hubieran visibilizado hace tiempo, probablemente los feminicidios no hubieran surgido. Fuera de la universidad se cree que los feminicidios son cosas de hoy, pero no es así: las agresiones y la violencia institucional llevan sucediendo desde hace muchísimo tiempo”. De todos los crímenes letales recogidos contra estudiantes desde 2012, en al menos cuatro de ellos, sus asesinos también eran integrantes de la UAEM. En muchos no se sabe porque ni siquiera hay detenidos o sospechosos detrás de los homicidios.

Delgado, alumna de Comunicación y Gestión Intercultural, denunció una agresión sexual por parte de otro estudiante en 2019. Acababa de empezar su carrera y acudió a la Unidad de Atención de Víctimas. Allí relata que sufrió una “revictimización constante”, que la confundían con otras estudiantes, filtraron su información a su agresor, no siguieron el protocolo de género y nunca la ayudaron con lo que más le importaba: no tener que volverse a encontrar con él.

La situación empeoró cuando el alumno al que ella había denunciado se postuló como representante universitario, apunta, fue respaldado por el Instituto de Humanidades. “Le pusieron a él seguridad porque decía que tenía miedo de que yo le hiciera algo. La reacción de la UAEM no fue apoyarme a mí, sino apoyar a mi agresor. Lo protegieron todos los años que estuvo ahí”, relata por teléfono. Ante esto, la estudiante interpuso una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que ha tenido acceso este periódico. Vivió aterrada su etapa universitaria: “Toda la carrera me la pasé escondiéndome”.

La historia de Jearin no es única. La estudiante insiste en el lema que se repite desde las primeras protestas hasta la última marcha por Claudia Tacoronte esta semana: “No son hechos aislados”. Sofía (nombre ficticio para evitar represalias), estudiante de Humanidades, también siguió el camino recomendado y denunció en 2019 en la Unidad de Atención a Víctimas que un compañero, mucho mayor que ella, la había violado y que durante los siguientes meses la había acosado, insultado, escupido y también agredido físicamente, en ocasiones delante de otras personas.

La dependencia reconoció que el estudiante había tenido “comportamientos violentos” por lo que le recomendaba “tomar los Talleres Reflexivos Vivenciales de la Intervención de Reeducación Para Víctimas y Agresores de la Violencia”. Al mismo tiempo le invitaba a asistir a terapia psicológica. Esto como parte de que “la universidad era sensible ante la problemática de feminicidios”, según se lee en la resolución de la dependencia. La inacción por parte del centro de estudios sumió a Sofía en una fuerte depresión de la que tardó años en recuperarse. También su agresor hizo carrera en la política universitaria apoyado, señala, por la universidad.

Ambas denuncias se dan en el período justo antes de la pandemia de covid-19. Solo en esos meses previos, el entonces rector Gustavo Urquiza reconoció que hubo 62 denuncias en la Unidad de Atención por violencia de género. Algunas facultades se llenaron de tendederos con señalamientos a alumnos y profesores. Carlos Barreto, entonces director del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, donde estaban tanto Jearin como Sofía, pidió quitarlos porque atentaban contra la “imagen” de la universidad, según recoge la prensa local entonces.

Más tarde, Jearin le denunciaría por “violencia institucional”, por haber “encubierto a su agresor” y organizado una persecución contra ella y contra los compañeros que la respaldaron en su denuncia. Barreto es acusado de lo mismo por Sofía y fue señalado ante el Comité de Ética en 2022 por “vulnerar y revictimizar a compañeras que han denunciado ante su unidad la violencia que han sufrido de manera directa”. Hoy en día es rector del Colegio de Morelos.

“La UAEM no protege a sus estudiantes porque nunca le ha interesado hacerlo”, apunta Jearin Delgado. “La UAEM no es un lugar para estudiar para nadie. Ni nacional ni extranjero”, apostilla Sofía. Después de la muerte de Claudia Tacoronte, la Universidad de Granada canceló la llegada de otros tres estudiantes que iban a Morelos de intercambio y aseguró no haber sabido nada de los asesinatos anteriores. Mientras, las alumnas que siguen en el centro público siguen insistiendo en el mismo grito de hace más de una década: “¡Justicia!“. Porque el presunto asesino de Claudia ha sido detenido, pero faltan el de Michelle, de Karol, de Hazel y Liliana, los que desaparecieron a Viridiana y a Jessica.