El PSOE estudia una reforma para salvar el “vacío legal” planteado por el Supremo para devolver a migrantes que entren a nado
El PSOE busca cómo salvar el “vacío legal” planteado por el Tribunal Supremo de las devoluciones en caliente de quienes llegan a nado. El pasado 8 de julio, los magistrados confirmaron que el artículo de la ley de extranjería que regula el rechazo exprés no es aplicable para todos los extranjeros que intenten cruzar irregularmente la frontera por tierra o mar, sino solo “para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas”. Es decir, el rechazo en frontera no aplica en el caso de entradas por agua si no hay un elemento físico de contención. Tres semanas después de la resolución, todo saltó por los aires con la avalancha de entre 70.000 y 80.000 personas que entraron en Ceuta, a quienes las fuerzas de seguridad no podían retornar automáticamente obedeciendo al alto tribunal. Ahora, los socialistas estudian una reforma de la ley para superar ese escollo normativo —que tras el cruce se solventó transitoriamente con la instalación de una boya de 500 metros—, según aseguran fuentes socialistas a EL PAÍS.
La pista sobre la posible reforma la dio este miércoles un diputado del PSOE y portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, Vicente Montávez, durante su intervención en el pleno del Congreso. “Es verdad que hay un vacío legal abierto por el Supremo que solo se cierra reformando la ley”, señaló Montávez. El diputado socialista se dirigió luego a la bancada del PP y les preguntó: “¿Contamos con sus votos?“. Los parlamentarios populares le miraron con asombro pues la formación de Alberto Núñez Feijóo ya había reclamado al Gobierno una modificación en esa dirección. Fue el 16 de julio, una semana después de la sentencia del Supremo, cuando el grupo del Partido Popular registró en el Congreso una proposición para reformar la ley de extranjería con la idea de subsanar ese “vacío legal” con el mismo planteamiento que el hecho ahora por el PSOE.
Mientras llega esa posible reforma que estudian los socialistas, en Ceuta se mantiene la boya de 500 metros de largo que se instaló en el espigón de El Tarajal para hacer más larga la barrera marítima entre España y Marruecos (en Melilla se instaló otra, de menor longitud, con el mismo propósito). En paralelo, el Ministerio de Interior tiene previsto, dentro de una quincena de proyectos planteados a raíz de la crisis, ampliar el espigón de El Tarajal pero de forma estructural y permanente, no solo con una boya. Sin embargo, fuentes socialistas sostienen que ese plan no es suficiente. De ahí que se esté trabajando en una reforma porque, aunque se amplíe el espigón, siempre habrá parte de la frontera marítima sin barrera física de contención, por tanto, persistirá el vacío legal.
Rechazos en frontera
El precepto que regula los rechazos en frontera —conocidos popularmente como devoluciones en caliente— se introdujo a través de una disposición final en la ley orgánica de extranjería, la 4/2000. Ese cambio se hizo mediante la aprobación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, conocida popularmente como ley mordaza e impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Pero no fue hasta el 8 de julio de este año cuando el Supremo fijó una nueva doctrina al examinar el caso de un inmigrante de nacionalidad argelina que recurrió su entrega a las autoridades de Marruecos después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, pretendía entrar a nado en Ceuta. En su recurso alegaba que esa devolución se ejecutó directamente sin que mediara ningún procedimiento ni resolución, ni permitirle la asistencia de un abogado o el derecho de protección internacional. Un juzgado de Ceuta, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, le dieron la razón a esta persona en el fondo del asunto., finalmente, el Supremo el pasado 8 de julio.
Ocho días después, el Partido Popular presentó en el Congreso su texto de reforma. El PP modifica el artículo para eliminar la salvedad de “mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos” y dejar la redacción de artículo así: “Los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
Financiación europea
Tanto la ampliación del espigón como el resto de proyectos de Interior contará con la financiación de la Unión Europea. Bruselas destinará 114,7 millones de euros a la emergencia, de los que 35,6 corresponden al departamento de Interior, y cuya recepción abordaron este jueves el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, con el comisario del área, Magnus Brunner, en una reunión en Madrid.
Durante el encuentro, Marlaska pidió a Brunner “acelerar” los retornos de los migrantes que han logrado pisar suelo español en crisis extraordinarias como la de Ceuta. La petición va en la misma sintonía que la propuesta hecha un día antes por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hecha ante el Parlamento Europeo, donde demandó que “flexibilizar” la regulación que permitiría a los Estados miembros suspender las reglas migratorias ante situaciones como la sufrida en suelo ceutí. El ministro de Interior solicitó al comisario Brunner precisamente “acelerar los procedimientos de retorno y de protección internacional en crisis migratorias”, según informó su equipo en un comunicado posterior al encuentro. Es decir, reducir y acortar los trámites para las devoluciones cuando los migrantes ya han logrado adentrarse en suelo español.
Ya el anteproyecto de ley presentado por el Consejo de Ministros el 25 de agosto pretende endurecer las leyes de extranjería y asilo en línea con el pacto europeo. Eso sí, ni ese anteproyecto ni lo planteado este jueves a Brunner preveía la reforma de los retornos en frontera ni el “vacío legal” señalado por el Supremo, que el PSOE estudiar resolver ahora normativamente.
