Paz extiende el estado de excepción por otros 90 días en Bolivia para evitar nuevas protestas
Bolivia continuará en estado de excepción por otros 90 días. La medida fue inicialmente dictada el 20 de junio, otorgándole al Gobierno poderes excepcionales, como el desplazamiento de militares, para desactivar las protestas que pidieron durante 53 días la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, y que provocaron 22 muertos. Próxima a vencer la disposición, Paz amplió el lunes el régimen por decreto, que fue aprobado el jueves en la madrugada por la Asamblea por mayoría. La solicitud para extender la medida fue defendida ante el Parlamento por los ministros de Gobierno y Defensa, Marco Antonio Oviedo y Ernesto Justiniano, respectivamente. El principal argumento esgrimido fue la amenaza de organizaciones sociales de reanudar las movilizaciones.
Las protestas comenzaron por la distribución de gasolina adulterada que dañó más de 66.000 vehículos, pero las demandas escalaron rápidamente hasta exigir la renuncia del mandatario. Paz decretó el estado de excepción cuando ya había agotado todas las vías del diálogo. El despliegue de contingentes policiales-militares para desbloquear los más de 100 puntos de obstrucción de carreteras que mantuvieron sitiadas las ciudades no encontró resistencia. Los detalles de los operativos durante el régimen excepcional fueron expuestos por Oviedo frente a los asambleístas, a pedido de estos.
“El daño irreparable generado por los bloqueos no puede repetirse (.) pedimos que autoricen la ampliación para cuidar la vida de los ciudadanos, la economía de nuestro país y preservar el derecho al libre tránsito”, defendió el ministro de Gobierno. Señaló como puntos conflictivos y donde se estarían gestando medidas de presión las ciudades de El Alto —compuesta mayormente por indígenas aimaras, uno de los sectores movilizados en mayo y junio— y Cochabamba. En esta última están establecidos los sindicatos cocaleros que responden al expresidente Evo Morales, a quien el Ejecutivo y gran parte del Legislativo considera el principal instigador de las manifestaciones.
Las organizaciones cocaleras han llamado a una masiva reunión el 26 de septiembre, desafiando el estado de excepción. Otro sector que ha advertido con protestas es el de chóferes del transporte público y pesado; los profesores públicos protagonizaron una marcha en La Paz el martes y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSTUCB) se declaró en emergencia el miércoles. El desabastecimiento de combustible, que provoca largas filas en las estaciones de servicio, es una de las principales molestias. A ello se suma que el diésel aumentó su precio el 17 de agosto más del 80% para los grandes productores.
El aumento de precios provoca también inquietud: Bolivia acumuló una inflación del 3% en los primeros ocho meses del año. Existe la preocupación de que la subida sea aún mayor con la alta volatilidad que registra el precio del boliviano desde que se instauró el nuevo régimen cambiario flexible, hace casi tres meses. En julio, la moneda nacional entró en una espiral de depreciación que la llevó a perder un 24% de su valor frente al dólar. En septiembre, en cambio, el movimiento ha sido el opuesto: en la última semana, el dólar pasó de cambiarse de 12,64 bolivianos a 9,83, una apreciación de la moneda nacional del 22%.
El Gobierno espera reorganizar el sistema financiero —está a la espera de la aprobación legislativa de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional— sin que existan medidas de presión en las calles.
Los parlamentarios aprobaron la solicitud de extensión del régimen excepcional con 100 votos a favor y 58 en contra o en abstención. Antes, cuestionaron a los ministros sobre la efectividad del estado de excepción, si existen las razones suficientes para mantenerlo, si se garantiza la ausencia de bloqueos o qué pasará con las órdenes de aprehensión en contra de Morales. “A mi manera de ver, el estado de excepción no funcionó. Los conflictos se suspendieron con el diálogo”, interpeló Tomasa Yarhui, jefa de la bancada de senadores de Libre, el segundo partido en el Congreso y el más rígido contra el Gobierno.
Junto a una posible reactivación de los conflictos sociales, el Ejecutivo presentó como segundo argumento la ola de violencia en la frontera con Brasil generada por el crimen organizado. En el municipio limítrofe de San Ignacio de Velasco murieron cuatro personas a tiros en menos de 48 horas el fin de semana. Ha sido creado un plan binacional para hacer frente a lo que las autoridades llaman una penetración de los cárteles criminales brasileños del PCC y Comando Vermelho: “Este sería un argumento por sí solo para ampliar el estado de excepción”, defendió Oviedo.
