Las derechas tumban en el Congreso la ley de ‘lobbies’ del Gobierno

El Congreso ha tumbado este miércoles con el rechazo de las derechas de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV, Podemos y tres diputados de Sumar el decreto del Gobierno que regula las relaciones de los grupos de interés con el sector público, una norma que creaba un registro estatal público y obligatorio de lobbies. El texto ha decaído por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. El socio minoritario de la coalición, que se mostraba a media mañana muy molesto con el PSOE y adelantaba su negativa a la regulación con el argumento de que los socialistas no habían excluido a los agentes sociales, ha ido cambiando de posición hasta decantarse finalmente en su mayoría por el apoyo después de un largo debate. El ministro Óscar López se comprometió en tribuna a llevar a la Cámara baja una modificación para que patronal y sindicatos, cuyas competencias figuran en la Constitución, no estén afectados por la ley. Tanto CEOE como UGT y CC OO se habían manifestado en contra. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, que había votado telemáticamente antes de que su grupo decidiera, ha rechazado el decreto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que compite por la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo, no ha participado en la votación.

La exclusión de los sindicatos ha preocupado particularmente a los socios de investidura, incluso a aquellos que, como ERC o EH Bildu, han expresado un apoyo crítico a la norma. El otro tirón de orejas de prácticamente todo el arco parlamentario al Gobierno ha sido por el uso del decreto como fórmula para sacar adelante la medida. El Congreso llevaba desde febrero de 2025 tramitando un proyecto de ley para regular la relación del sector público con los grupos de interés, pero la iniciativa era un compromiso incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y de su aprobación dependían partidas millonarias de Bruselas. El plazo límite para sacar adelante la norma era el 31 de agosto de este año, así que el Consejo de Ministros dio luz verde al texto en la primera reunión del Gabinete tras el parón vacacional, el día 25.

López, titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha defendido en su intervención inicial que la regulación “mejora la calidad democrática del país” y que “no afecta” al diálogo social. “El diálogo social queda excluido de la regulación de lobbies. Para quien pueda tener alguna duda, adquiero en esta tribuna el compromiso de que en el primer real decreto ley, antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria de que queda al margen de esta regulación”, ha insistido.

Ese compromiso, precisamente, fue el que le pidió en tribuna el diputado Carlos Martín, de Sumar, después de subrayar que se había cometido “un gravísimo error” al incluir a los agentes sociales en los grupos de interés “a pesar de estar excluidos en el texto original que llegó a esta Cámara”, en referencia al proyecto de ley que llevaban año y medio negociando. “Es un dislate no proteger su tarea constitucional porque son fundamento para que nuestro mercado de trabajo funcione bien”, ha argumentado Martín. Néstor Rego, del BNG, ha tildado de “despropósito” la inclusión de los sindicatos y ha manifestado sus recelos sobre las palabras de López: “Una reunión de un sindicato con una ministra sería lobbismo porque no estaría dentro del diálogo social”.

Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro también ha planteado dudas. “Lo del diálogo social como mínimo es ambiguo. Una cosa es el diálogo social y otra la relación de influencia directa de un sindicato sobre una decisión”, ha ejemplificado. Pese a dar también su respaldo al texto, Oskar Matute, de EH Bildu, ha “exigido” una regulación “más ambiciosa”, al entender que no alcanza todavía el nivel de garantías, control, responsabilidad institucional y trazabilidad económica que su formación considera necesario.

En línea con su discurso habitual, el diputado de Junts Josep Pagès, ha arremetido contra la actitud del Ejecutivo. “Por mucha presión que nos ponga su Gobierno, no va a tener nuestros votos para convalidar el real decreto. Hay muchas razones, pero una definitiva: esta es la ley que quieren las grandes empresas del Ibex 35 y no las pequeñas empresas, cooperativas y entidades sin ánimo de lucro catalanas”, ha planteado.

El parlamentario del PNV Mikel Legarda se ha referido al “cuestionable procedimiento y grave precedente que se genera” al interrumpir la tramitación de un proyecto de ley y decidir aprobar otro texto con “contenido ampliado sobre el proyecto bloqueado”.

Aunque con un tono muy distinto, también Vox ha esgrimido ese argumento para justificar su voto en contra. “Lo que están haciendo es de vergüenza, un atentado a la separación de poderes, una falta de respeto a la labor legislativa”, ha enumerado Emilio Jesús del Valle, que ha rematado su discurso con un “Sánchez se ha convertido en una amenaza a la democracia”. En el PP, además de considerar que el decreto es un “cuestionamiento del Ejecutivo a la labor del Parlamento”, la diputada Edurne Uriarte ha aprovechado para sacar a colación a Zapatero, al que se ha referido como “oscuro comisionista” al que Sánchez mantiene su apoyo y “llevará a sus mítines”, en referencia a la entrevista del presidente en TVE la semana pasada.

Sin éxito final, López ha llamado a los grupos a “ser adultos y responsables” con su voto. En su exposición inicial, defendió que el registro creado —de carácter público, gratuito, electrónico— tiene más de 300 solicitudes de inscripción ya y más de 3.000 consultas.

El presidente del Gobierno ha criticado con dureza el no de las derechas. En un vídeo difundido en redes, Pedro Sánchez ha asegurado que “la transparencia es una obligación hacia la ciudadanía y hoy el Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, en contra de la transparencia, siguiendo el ‘método Montoro”, ha dicho, en referencia al caso que salpica al exministro Cristóbal Montoro, del PP, la supuesta trama que, durante la etapa de Montoro en el Gobierno, quien presuntamente influyó en el Ejecutivo de Mariano Rajoy para conseguir legislación favorable a empresas gasistas y de otros sectores, presuntamente a cambio de pagos millonarios a su antiguo despacho, Equipo Económico. En referencia a la negativa de PP y Vox, el jefe del Ejecutivo ha dicho que “lo han hecho porque no quieren que sepamos con quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven” y ha defendido que la ley tumbada “creaba por primera vez un registro estatal, público y obligatorio de estos grupos de intereses” y “obligaba a publicar las reuniones de altos cargos con cualquier organización”, informa José M. Abad Liñán.