Los 300 surcoreanos detenidos por el ICE en una fábrica de Hyundai denuncian a la Administración Trump
Más de 300 trabajadores surcoreanos, detenidos durante la redada migratoria del año pasado en una planta de Hyundai en Georgia, están emprendiendo acciones legales contra el Gobierno de Estados Unidos, según una información de la CNN que cita a una abogada que representa a los afectados.
Cuando se cumple un año de la operación, los afectados han comenzado a presentar reclamaciones administrativas —un paso obligatorio previo a una demanda federal— ante nueve agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el FBI y los Departamentos de Justicia y Trabajo. Se espera que todas las reclamaciones se hayan presentado antes de final de año.
La operación del ICE en la planta de fabricación de baterías eléctricas en la ciudad de Ellabell el 4 de septiembre de 2025 fue la mayor redada que habían realizado las autoridades migratorias en Estados Unidos en un solo lugar —según declaró el responsable de Investigaciones de Seguridad Nacional en Atlanta, Steven Schrank—, y amenazó con crear un conflicto diplomático con Corea del Sur, un importante socio comercial.
Unos 500 agentes federales, estatales y locales irrumpieron en las instalaciones y detuvieron a 475 trabajadores, de los que 300 eran surcoreanos. El resto de los detenidos eran en su mayoría hispanos. Muchos de ellos tenían papeles en regla, pero los agentes los esposaron y detuvieron. Les obligaron a firmar documentos que no entendían, según declararon, y les encerraron en centros de detención del ICE.
Videos y fotografías del incidente mostraron a los trabajadores encadenados de las muñecas, la cintura y los tobillos. Se confiscaron los teléfonos de los trabajadores y algunos no pudieron avisar a sus familias en sus países de origen hasta que días después fueron liberados.
“Incluso después de que nos detuvieran no sabíamos por qué nos habían llevado ni qué delito habíamos cometido. Nadie sabía nada. Todos estábamos simplemente desconcertados”, dijo un trabajador a CNN. “Si al menos nos hubieran explicado las cosas mientras procedían, tal vez lo hubiera entendido un poco”, agregó.
El Gobierno surcoreano transmitió entonces su “preocupación y pesar” a Washington, envió diplomáticos a Georgia y advirtió que no deben violarse los derechos de los ciudadanos coreanos que invierten en proyectos estadounidenses.
El DHS justificó en su día que algunos habían entrado ilegalmente, otros habían excedido la vigencia de sus visas y otros contaban con exenciones de visa que les prohibían trabajar. Los dos gobiernos mantuvieron negociaciones y acordaron la liberación de los detenidos surcoreanos y el envío de un vuelo chárter para ser repatriados. Varios de ellos regresaron meses después a sus trabajos en la fábrica.
En la primera denuncia presentada, el demandante alega que fue detenido ilegalmente y “sometido a condiciones de vida degradantes” mientras permaneció en un centro del ICE durante siete días, y agrega que la redada resultó en “la imposición intencional de angustia emocional, humillación… y un trauma psicológico duradero”.
“Malditos latinos”
Al cumplirse un año de la macrorredada, uno de los trabajadores hispanos, el colombiano Alfredo Fajardo Melgarejo ha presentado una reclamación administrativa para pedir una compensación económica por la conducta violenta e ilegal de los agentes del ICE en la redada. Fajardo alega que los agentes utilizaron fuerza excesiva y tácticas de corte militar para detenerlo sin causa, aterrorizándolo durante el proceso. Afirma que agentes armados del ICE derribaron a patadas la puerta de su lugar de trabajo mientras le gritaban en inglés, un idioma que él apenas comprende. Lo estrangularon, lo forcejearon violentamente y lo humillaron apuntándole con un arma antes de arrestarlo, a pesar de que él no se resistía ni intentaba huir.
Durante la agresión, el agente del ICE hizo comentarios sobre los “malditos latinos” y presionó el cuerpo de Fajardo con tanta fuerza que este se orinó involuntariamente, según el comunicado que difundió el Centro de los Derechos del Migrante and Asian Americans Advancing Justice-Atlanta, que lo representan. La reclamación es administrativa, no una demanda judicial, pero podría derivar en un litigio ante un tribunal federal si no se resuelve.
Según alegan los abogados, aunque Fajardo mostró a los agentes la documentación de su estatus migratorio y su permiso de trabajo válido, estos lo esposaron y lo trasladaron en autobús, junto con otros compañeros de trabajo, al Centro de Procesamiento del ICE en Folkston, Georgia, donde permaneció detenido más de siete meses.
Posteriormente, le trasladaron al Centro Correccional de Jackson Parish, en Luisiana, donde estuvo detenido otro mes más, hasta que fue deportado en mayo de 2026. Fajardo afirma que se le negó realizar llamadas telefónicas durante los primeros once días de su detención, lo que llevó a su familia a creer que había muerto. También denuncia haber sufrido negligencia médica mientras estuvo detenido.
En respuesta a la petición de EL PAÍS para comentar la iniciativa legal, el DHS respondió con un comunicado en el que justificó la redada: “La división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE, en coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, ejecutó una orden judicial de registro como parte de una investigación penal en curso sobre presuntas prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves.
Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger los empleos de los habitantes de Georgia, garantizar condiciones equitativas para las empresas que cumplen con la ley, salvaguardar la integridad de nuestra economía y proteger a los trabajadores de la explotación”.
La empresa LG Energy Solution es copropietario junto con Hyundai Motor Group de la planta de baterías donde se realizó la redada y aún no estaba en funcionamiento en el momento de la operación del ICE. Forma parte de un macro complejo de Hyundai que es uno de los mayores proyectos desarrollados en el Estado de Georgia.
