La fiscal jefa de Ceuta avala que se esclarezca la responsabilidad del delegado del Gobierno ceutí ante la entrada masiva de migrantes

La fiscal jefa de Ceuta, Silvia Rojas, ha avalado que se investigue en la Audiencia Nacional la posible responsabilidad del delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en lo relativo a la “omisión de medidas” para “evitar el resultado lesivo en la avalancha migratoria”. En un escrito en el que daba luz verde para que las denuncias contra Pérez Triano se trasladasen al órgano donde la jueza María Tardón ya ha iniciado una macrocausa en la que analizar lo sucedido los días 30 y 31 de julio, cuando más de 70.000 personas entraron en la ciudad autónoma, la fiscal señala que es preciso que se investigue la planificación y el desarrollo de esta entrada masiva, además de “la información de la que disponían las autoridades españolas” para aclarar lo ocurrido. Fuentes fiscales insisten, no obstante, en que el ministerio público no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de la investigación y que este escrito solo trata de valorar la competencia del órgano que debe dirigir la instrucción.

En el documento, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fiscal Rojas indica que bajo el foco allí en Ceuta estaban los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal a finales de julio y las medidas que se implementaron esos días, y se muestra favorable a que toda la materia se traslade a la Audiencia Nacional porque considera que la causa de estas muertes no puede desvincularse de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas que estaba dirigiendo la jueza María Tardón. Este escrito de la fiscal ceutí es anterior a que la juez titular de la plaza número 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, María de la Luz Lozano, ya decidiera juntar los asuntos y remitiera toda la causa este lunes a Tardón para que todo lo relacionado con la gran entrada al territorio español se dirima desde el órgano con sede en Madrid.

“No se trata de hechos aislados o independientes, sino de actuaciones que presentan una unidad de contexto, de tiempo, de espacio y de finalidad”, incide la representante del ministerio público ceutí, que lleva 22 años en la ciudad autónoma y que en una reciente entrevista con EL PAÍS expuso que lo que había ocurrido allí no tenía ningún precedente. Según Rojas, es necesario saber cómo se produjo la movilización de miles de personas, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál es la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español. La causa de la Audiencia Nacional se ha desplegado así en varias direcciones: conocer quién pudo estar detrás de las convocatorias y si, como apunta el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía en uno de sus informes, pudo haber ayuda de la gendarmería marroquí; y esclarecer si desde el lado español de la frontera se actuó de forma correcta con la información que existía.

Precisamente, la información ha sido un punto de discordia entre el delegado del Gobierno y el propio Ejecutivo y algunos cuerpos como la Policía, la Guardia Civil o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pérez Triano aseguró reiteradamente que su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz, nunca le transmitió lo que había hablado con un jefe del CNI que le advirtió el día 29 de julio de las convocatorias masivas que se estaban anunciando en redes sociales para “asaltar la valla” de Ceuta. Pero Sanz rechaza que no contara nada a su superior, de hecho, ha dimitido dejando un correo en el que dice que existen pruebas de cómo la información se transmitió a los distintos ministerios responsables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió el pasado 9 de septiembre, tras la desclasificación de los informes y comunicaciones mantenidos sobre la situación de Ceuta, que la información que disponía el Ejecutivo “en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó” los días 30 y 31 de julio en la comunidad autónoma. “Nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo”, apuntó en un mensaje que publicó en la red social X.

Rojas incide en que la “eventual responsabilidad de Miguel Ángel Triano” se basará en “las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”. Incluso, va un paso más allá y refleja la necesidad de esclarecer qué se conocía en el Ejecutivo. La investigación de la conducta del delegado del Gobierno “exige examinar conjuntamente las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas a nado, la información de la que disponían las autoridades españolas, las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción de órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes”, así como “la eventual existencia de omisiones relevantes en materia de prevención, auxilio o protección”.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía General del Estado han querido aclarar que desde el ministerio público no se ha hecho un pronunciamiento formal sobre el fondo del asunto. Lo que se ha emitido es, de un lado, este informe de la fiscal de Ceuta para avalar la competencia de la Audiencia Nacional, por otro, otro informe del fiscal jefe de ese órgano, Jesús Alonso, que será el que se quede con las riendas de la instrucción. Alonso señaló el pasado 4 de septiembre que se pudieron producir delitos de favorecimiento de inmigración ilegal, homicidio y lesiones por imprudencia grave, y organización criminal, y solicitó a la juez Tardón que la causa se declarara secreta. La magistrada aceptó que una parte de la investigación se desarrollara bajo secreto parcial, de momento, no ha llamado a declarar a nadie como investigado. La togada ha pedido al Gobierno que entregue los documentos que se han desclasificado y había solicitado a los juzgados ceutíes que habían recibido denuncias que se las remitieran.