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El Gobierno exhibe su fuerza en Sinaloa y envía 3.400 agentes a Mazatlán

El Gobierno de Claudia Sheinbaum se está empleado a fondo para volver a tomar el control de Sinaloa, convertido en un polvorín político, social y criminal desde hace dos años. La guerra intestina entre las facciones del cartel sinaloense, detonada tras la captura del líder de una de ellas, Ismael El Mayo Zambada, durante el verano de 2024, ha dejado un reguero de muertos que mantiene contra las cuerdas al Gabinete de Seguridad. Este martes, el secretario del ramo, Omar García Harfuch, ha elevado la apuesta y ha anunciado el envío de 1.600 agentes más a Mazatlán, al sur del territorio: 800 de la Secretaría de Seguridad y 1.000 de la Marina, además de 130 unidades para “reforzar las labores operativas”. El despliegue prácticamente duplica el que había hecho hasta ahora esta dependencia, que contaba con algo más de 2.000 elementos en el Estado. Llegarán justo a tiempo para custodiar los festejos patrios por el Grito de Independencia, celebrados este martes por la noche por primera vez desde el aciago 2024.

El Ejército, quien ya contaba con una fuerte presencia en Sinaloa, con casi 16.000 elementos, enviará otros 1.800 para reforzar la protección en uno de los lugares más azotados por la violencia de la geografía mexicana. En total, son 3.400 agentes extra, un 16% más, muestra de la demostración de fuerza que el Gobierno trata de hacer, tanto por su función disuasoria como por el fuerte impulso a las detenciones, 1.026 en lo que va de año, y los decomisos: 2.021 armas de fuego retenidas y 47,9 toneladas de droga, según el recuento que ha hecho esta misma mañana el Gabinete de Seguridad. Otras cifras menos alentadoras, sin embargo, siguen imponiéndose con todo el peso de la realidad: son más de 3.000 muertos, más de 4.000 desaparecidos y decenas de familias desplazadas desde que Zambada fue apresado en Estados Unidos.

El propio capo ―que cumple cadena perpetua tras ser condenado en Nueva York por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de recursos― acusó a los descendientes de su antiguo socio, Joaquín El Chapo Guzmán, de haberlo traicionado. Las calles siguen desangrándose como consecuencia de aquel episodio y la economía ha sufrido estragos desde entonces: el crecimiento cayó un un 4,5% en el primer trimestre de este año y la pobreza laboral aumentó un 3,7% durante el segundo, según el Inegi. En ambas mediciones, Sinaloa fue el territorio que arrojó peores cifras.

Nada esperanzador, finalmente, por el frente político. Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador morenista en licencia, Rubén Rocha Moya, y parte de sus funcionarios, por connivencia con el crimen organizado, cayeron como un jarro de agua fría en el oficialismo, que todavía batalla por recuperar el control también en este ámbito. El intento de Rocha de volver a su cargo, tras haber dimitido para dejar que la Fiscalía lo investigara, terminó con un cierre de filas del partido gobernante con la presidenta, que mostró su clara desaprobación. La presión forzó al dirigente a retirarse de nuevo, pero nada está resuelto en el territorio, que el año que viene irá a las urnas y pondrá a prueba la capacidad de Morena para mantenerse.

Los fuegos arrecian por todas partes y en ese contexto se celebrará, este martes, el Grito de Independencia. “Lo más importante aquí es que como ciudadanos tengamos los espacios de recuperación. Queremos hacer énfasis en esta oportunidad de celebrar las fiestas patrias, que nadie nos las debe de robar. Es algo que tenemos que seguir celebrando porque son nuestra memoria histórica, y vamos por la defensa de la soberanía nacional de nuestro país”, ha manifestado la gobernadora interina, Graciela Domínguez, para justificar su regreso. Incluso en el municipio de Escuinapa, donde asesinaron este septiembre a una maestra de Educación Especial que también trabajaba en el Ayuntamiento, se celebrarán finalmente los festejos, tras varios días en los que todo apuntaba a su suspensión.

El alcalde de la localidad, Víctor Manuel Díaz Simental, ha reconocido que las fiestas se desarrollan “en un contexto complicado para el municipio”, según expresa el propio Gobierno local, y ha hecho un llamado a festejar “de manera responsable y con respeto”. Aun así, empleando una argumentación similar a la de la mandataria estatal, Díaz Simental ha manifestado que las conmemoraciones por la independencia de México generan “espacios de convivencia y de apoyo al mercado local”, y aboga por un acto “sencillo, simbólico y significativo” que incluirá una verbena popular a las 10 de la noche en la plaza municipal y un despliegue coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

Hay mucha tarea por delante para el Ejecutivo federal, cuyos grandes resultados estadísticos en materia de seguridad conviven con una violencia incesante que se empeña en llevarles la contraria. La guerra en Sinaloa es uno de los frentes más letales y uno de los territorios en disputa más importantes políticamente. Todo despliegue es poco para volver a enderezar una gestión que se desborda por los cuatro costados. Lo último que puede permitirse el Gabinete de Sheinbaum es un muerto encima de la mesa en plenas celebraciones. Ya ocurrió durante los últimos festejos del Día de Muertos, en noviembre pasado, en los que fue asesinado el alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo. Cualquier episodio similar sería catastrófico.


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