La Junta Electoral acata dividida el mandato del Supremo sobre la ‘ley de nietos’

La Junta Electoral Central ha acatado el auto del Tribunal Supremo donde se piden una serie de aclaraciones sobre el censo de los nacionalizados por la ley de nietos, pero sin permitirse hacer “ninguna interpretación ni rellenar las lagunas observadas” en la resolución del alto tribunal, según fuentes presentes en la reunión. Una mayoría exigua de los vocales, siete frente a seis, ha resuelto además no interponer recurso contra el auto del Supremo, pero la casi totalidad de los presentes cuestionaron como un “exceso” que el alto tribunal haya determinado suspender el derecho a voto de miles de nacionalizados sin escucharles ni permitir alegaciones.

La resolución de la JEC apenas contiene un folio y no se explaya en ningún tipo de conclusiones polémicas o políticas. Se limita a enunciar que el mandato del Supremo debe “cumplirse en sus términos”. No hay más análisis ni interpretaciones “explicativas”, pese a que el sector conservador de la JEC, que formuló un voto particular el pasado 16 de julio cuando ya se abordó esa cuestión, intentó introducir ese debate en la reunión. Entonces la votación se saldó con nueve votos en contra de tomar partido frente a cuatro a favor. Este lunes, ese recuento fue de ocho frente a cinco.

“El sentir mayoritario de la Junta ha sido bastante claro y es que el Supremo se ha excedido y ha segado el derecho fundamental al voto de más de 400.000 españoles ya nacionalizados sin oírles, sin escucharles y sin permitirles presentar alegaciones”, recalcan fuentes de la JEC.

En la reunión, el sector conservador, formado por los vocales propuestos en su día por el PP, ha planteado que no tenía sentido recurrir el auto del Supremo y esa votación se ha saldado a su favor con siete votos frente a seis. “El recurso no tenía ningún viso de prosperar y podría generar más inseguridad jurídica”, apuntan fuentes de la JEC en la cita.

La discusión más trascendente se ha registrado sobre la decisión del Supremo con una medida cautelar de suspender la semana pasada el derecho a voto de los ya nacionalizados por esa instrucción añadida a la ley de Memoria Democrática en 2022. La mayoría de los vocales presentes en la JEC, magistrados, catedráticos y juristas de reconocido prestigio, han coincidido en que ese punto es más que polémico “porque restringe un derecho fundamental, con una resolución firme y sin permitir alegaciones y escuchar a los perjudicados”.

En esa parte de la discusión, incluso los vocales del sector conservador han permanecido fundamentalmente callados. Uno de esos vocales se ha limitado a comentar que en Dinamarca sí le pueden quitar la nacionalidad concedida a inmigrantes extranjeros al cabo de unos años si no cumplen una serie de requisitos. Varios vocales le han precisado que eso puede ocurrir en Dinamarca porque su ley lo permitirá, pero han subrayado que aquí la ley expresa otra cosa y no ha sido cambiada. También se ha indicado en la discusión que existen varias resoluciones de diversos tribunales en los que se concluye la obligación de escuchar a los afectados por una actuación judicial.

Varios vocales del sector mayoritario se han expresado con dureza contra el Supremo con expresiones que han ido desde que el auto del alto tribunal “no tiene ni pies ni cabeza”, “no han medido las consecuencias”, incluso, que “a ningún jurista se le ocurriría hacer algo así”.

La representante del Instituto Nacional de Estadística (INE), que acude a estas reuniones de la JEC con voz pero sin voto, ha precisado que algunos de los requerimientos del Supremo serán imposibles de ejecutar o necesitarán de muchos meses o incluso años y precisarán de muchas personas y recursos para llevarse a cabo. El alto cargo del INE aludió así al mandato del tribunal para que en un plazo de unas semanas se desglose la cantidad de extranjeros que han conseguido la nacionalidad ya con la llamada ley de nietos por razones de exilio político o por otras, como las económicas. La representante del INE aventuró que esas exigencias colapsarán aún más que como están ahora los consulados.

La resolución de la JEC acuerda así, “en ejecución” de lo indicado por el Supremo, “trasladar a la Oficina del Censo Electoral” los autos del tribunal para que se cumplan sus requerimientos, así como “a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que ordene que los Encargados de los Registros Consulares expidan la correspondiente certificación acreditativa en los casos de las personas que, habiendo obtenido la nacionalidad española por el ejercicio del derecho de opción previsto en la Disposición Adicional 8.1 Inciso primero de la Ley 20/2022, hayan demostrado su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, de abuelo o abuela, que originariamente hubiesen sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

La JEC asume así también la orden del Supremo para desglosar las inscripciones en el censo derivadas de la aplicación directa de los supuestos de exilio recogidos en la ley de memoria de 2022 (por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual), respecto de las derivadas de la instrucción aprobada seis días después que presume la condición de exiliado a todos los españoles que salieron del país en los años más duros de la posguerra y la dictadura.

El auto del Supremo que provocó esta cita especial de la JEC ha generado un inmenso revuelo político y jurídico por suspender un derecho fundamental de decenas de miles de españoles y ha dejado en manos de la Junta Electoral la obligación de garantizar que esa insólita medida se lleva a efecto.

El Supremo insta a desglosar los casos porque ordena que los primeros mantengan el derecho al voto, mientras que los segundos lo perderán, al menos, hasta que el tribunal dicte la sentencia definitiva sobre los recursos planteados por Iustitia Europa y Vox contra un acuerdo de la JEC por el que este órgano se declaró incompetente para fiscalizar los efectos electorales de la ley de nietos.

Los autos de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo encomendaban también a la JEC que entregue en 15 días el informe que este órgano encargó en julio a la Oficina del Censo Electoral sobre los criterios por los que se determina en qué municipio se inscribe a cada nuevo elector y sobre la manera en que puede reforzarse “la objetivación y homogeneidad” de las reglas aplicables por las oficinas consulares, con el fin de “preservar la transparencia, la objetividad y la igualdad en el proceso electoral”. El alto tribunal ordenó también a la JEC aprobar en 10 días una instrucción que rellene las lagunas que se hayan detectado.

Según los datos del Gobierno, hasta el pasado 31 de mayo, 333.696 personas nacionalizadas por la ley de nietos figuran ya inscritas en el censo, mientras que otros 238.065 nuevos españoles han solicitado estarlo. El Supremo no usó ese dato, sino otro algo superior que aportó en su recurso la asociación Iustitua Europa, que cifró en 408.262 los nuevos censados desde las elecciones generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026. El tribunal lo da por bueno con el argumento de que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado los han cuestionado.

Ni la modificación de la ley de nietos ni la instrucción con las pautas interpretativas más flexibles para los exiliados, publicadas en el BOE, fueron recurridas en plazo y llevan cuatro años funcionando. La instrucción de la polémica interpretó el objetivo de los legisladores al fijar el plazo temporal de los posibles beneficiados entre el final de la Guerra Civil y 1955, cuando España empezó a entrar en los organismos internacionales pese a seguir en una dictadura. Fue la misma interpretación de amplio exilio político que se recogió de la instrucción aclaratoria de la ley de Memoria Democrática de 2008, que tampoco fue recurrida. Numerosos dirigentes del PP, desde Manuel Fraga a Alberto Núñez Feijóo, prometieron en viajes y actos de campaña con los emigrantes que facilitarían la nacionalidad a “todos” los familiares de los exiliados.