Sheinbaum prepara una estrategia para evitar la violencia política en las elecciones de 2027
En el arranque del proceso electoral para este 2027, en el que se deciden 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, casi todos los congresos locales y más de 2.000 alcaldías y presidencias municipales, el Gobierno de México trabaja en una estrategia para evitar la violencia contra candidatos. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, lo ha comentado durante su conferencia de prensa diaria, celebrada este viernes en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado de Chiapas. “Se está trabajando en un diseño para ver dónde puede haber mayor riesgo en el país y dónde se requiere mayor presencia de la Guardia Nacional”, ha explicado. Además, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha dado pistas de cómo será la metodología para que no lleguen a la boleta candidatos que tengan vínculos con el crimen organizado. Sheinbaum ha matizado que no se tendrá en cuenta si tienen visa para Estados Unidos.
Esta planeación es fundamental en México, donde en cada proceso electoral hay decenas de candidatos asesinados, cientos de amenazas e innumerables sospechas de infiltración de los grupos criminales en las instituciones políticas. En las anteriores elecciones, las que llevaron a Sheinbaum al poder en 2024, hubo 40 candidatos asesinados, de acuerdo a un recuento publicado por la organización Data Cívica, principalmente a nivel de alcaldías y municipalidades, concentrados en los Estados de Guerrero, Michoacán, justamente, Chiapas. Para las anteriores generales, las de 2018, el recuento fue de 48 homicidios de precandidatos y candidatos, más otras 500 agresiones e intimidaciones. En el medio estuvo el proceso de 2021, en el que el caso más grave fue el de la votación a gobernador de Sinaloa, cuando varios operadores electorales fueron secuestrados, apaleados y amenazados por delincuentes. Estos hechos son una pieza central en la acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el político de Morena que ganó estos comicios.
“Estamos manteniendo mesas de coordinación con todas las instituciones de seguridad para trabajar en una metodología que nos permita tener un mecanismo para que los partidos políticos presenten un listado de sus candidatos y se pueda hacer un análisis de riesgo” para evitar que tengan vínculos con el crimen organizado, ha explicado Alcalde. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de mandar los nombres a la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Seguridad, la Comisión Nacional Bancaria, el Centro Nacional de Inteligencia… y estos emitirán un dictamen de si existe o no un riesgo razonable. La presentación de los aspirantes será voluntaria y serán los propios partidos quienes decidirán si mantienen a sus candidatos.
Alcalde ha remarcado que no se tendrá en cuenta información de Estados Unidos y la presidenta ha apuntado que dará igual si tienen visado para entrar al vecino del norte. El Gobierno de Estados Unidos ha retirado estos permisos migratorios a un número significativo de políticos de Morena, incluyendo gobernadores, alcaldes y candidatos de la importancia simbólica de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Justo esta semana, Arturo Chávez, el presidente de esta nueva comisión del Instituto Nacional Electoral encargada de verificar la integridad de las candidaturas, advertía que “la delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”. Desde las elecciones de 2021, la oposición ha denunciado que esta injerencia criminal acostumbra beneficiar a Morena y sus aliados, tanto en Sinaloa como en Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
