El exdirector de la Guardia Civil niega que presionara a la UCO para que se pusiera de perfil en la investigación al hermano de Sánchez
Leonardo Marcos, quien fuera director general de la Guardia Civil con el Gobierno de Pedro Sánchez (ocupó ese cargo de junio de 2023 a septiembre de 2024), ha negado este jueves en la Audiencia Nacional que presionase a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado para que se pusiesen de perfil en la investigación abierta al hermano de Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo. Marcos ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz, que dirige el llamado caso Leire Díez, que solo se interesó por saber si se estaba filtrando información desde la Guardia Civil. La investigación está centrada en la presunta trama impulsada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, para “desestabilizar” supuestamente los procesos judiciales que salpicaban al partido y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
El sumario del caso Leire Díez, que se ha reactivado esta semana con una nueva ronda de declaraciones, describe un doble plan supuestamente urdido para boicotear esas investigaciones que salpican a los socialistas: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participan en las pesquisas que se pretendía “desestabilizar”, para “erosionar” así su “credibilidad”;, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en el instituto armado para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la UCO. En esta segunda parte se enmarca el interrogatorio de Leonardo Marcos, que comparece este martes después de que declarasen también como imputados su sustituta al frente de la Guardia Civil, Mercedes González; y el teniente general Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la institución —ambos ya negaron toda presión a sus subordinados—.
El juez Pedraz imputó a Leonardo Marcos el pasado julio, tras solicitarlo el PP, después de que mandos de la UCO denunciasen “presiones” de sus superiores. Los generales Rafael Yuste y Alfonso López Malo relataron al magistrado que, durante una reunión celebrada en el verano de 2024 con el entonces director general, se les instó a que esa unidad se pusiera “de perfil” y no fuera “proactiva” en las causas “que tuvieran afectación política”. Según su versión, ellos entendieron esas palabras como indicaciones genéricas y no referidas a un único partido, el PSOE; pero, en otro encuentro con Marcos, este les mostró su enfado porque los agentes habían propuesto a la magistrada Beatriz Biedma, que instruía el caso del hermano de Pedro Sánchez, recabar los correos electrónicos de varias cuentas de la Diputación de Badajoz para investigar las supuestas irregularidades en la colocación en esta institución del familiar del presidente del Gobierno.
Marcos ha señalado este jueves que en esos encuentros no presionó a nadie; y que, a su vez, solo quiso saber si había filtraciones porque, según ha dicho, el día que agentes fueron a hacer un registro en Badajoz había una cámara de televisión en la puerta. El exdirector del instituto armado ha expuesto que no tenía nada que reprochar a la UCO, pero que a todas las unidades les pide “rigor”, según fuentes presentes en el interrogatorio. La fiscal le ha preguntado entonces si se refería a que la unidad de la Guardia Civil no tenía rigor, y él ha puntualizado que no se refería a eso.
Según su versión, nunca pidió que se mirara para otro lado o se dejara de investigar en el caso del hermano de Sánchez. Los generales Rafael Yuste y López Malo puntualizaron que se les había empujado a que elaboraran un informe “cuanto antes” y concluyeran en el mismo “que no había nada’, si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera”. Fuentes jurídicas han especificado que, a este respecto, Marcos ha expuesto que nunca ha visto un cuadrante de vacaciones y que su intención era que el volcado de la información se hiciera lo antes posible.
El PP, que impulsó la imputación de Marcos, reclamó al juez Pedraz que debía aclararse el conocimiento que el exdirector general tiene de la supuesta trama. En un escrito, los populares subrayaron lo siguiente: “Los hechos investigados responden a una actuación coordinada de la cúpula de la Guardia Civil, en la que el director general ostentaba la máxima responsabilidad institucional. La correlación temporal entre los contactos de la directora general con la trama, la apertura de informaciones reservadas y las instrucciones transmitidas a la UCO, no puede analizarse excluyendo precisamente a quien, durante el período de junio de 2023 a septiembre de 2024, encabezaba dicha estructura”.
