Begoña Gómez pide su absolución y defiende que no influyó en los cargos de la Universidad ni en ninguna autoridad para crear la cátedra

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado este viernes un nuevo escrito de defensa —firmado por su nuevo abogado— en el que pide una vez más su absolución en la causa contra ella, supuestamente, haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera. Gómez, que afronta una petición de cárcel de 13 años por tráfico de influencias y malversación en el marco de la cátedra extraordinaria que promovió y codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), argumenta en el escrito que no obtuvo beneficio alguno de la cátedra ni influyó en los cargos de la universidad ni en autoridad o funcionario alguno para conseguir su creación.

Sobre otra de las cuestiones medulares del proceso, el hecho de que la propia Gómez registrase a su nombre la marca de un software que se desarrolló dentro de la cátedra, el nuevo letrado de la esposa del presidente del Gobierno, el penalista Jaime Campaner, sostiene que el registro con su correo se produjo “con el único fin de dar a la plataforma una identidad inicial hasta que el proyecto estuviera terminado y pudiera estar registrado a nombre de la UCM”. En este sentido, insiste el letrado, Gómez lo registró con su correo de la universidad e indicó expresamente que formaba parte de la Cátedra.

A renglón seguido, el escrito aborda otra de las tesis de la acusación: que la esposa del presidente del Gobierno quiso apropiarse del dominio web de la Cátedra. Desde la universidad, sostiene el escrito, informaron a Gómez y sus colaboradoras que ellos no podían inscribir el dominio, “en la medida en que la UCM nunca había registrado” uno, y que tenían que hacerlo ellas. Así lo hizo Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, en septiembre de 2022. En julio de 2023, tras cesar de su cargo, transfirió los dominios a la esposa del presidente del Gobierno, que estuvo pagando su mantenimiento. “La actuación de Begoña fue funcional y provisional, con ánimo de impedir que terceras personas pudieran hacerse con el dominio y utilizarlo hasta que el proyecto estuviera finalizado y pudiera registrarse a nombre de la UCM”, concluye el letrado.

“Begoña en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse y no se apropió de la plataforma tecnológica (primera tesis de la acusación popular) ni la destinó a usos privados sin ánimo de apropiársela (segunda tesis de la acusación popular)”, recalca el escrito. Y añade: “La UCM no sufrió perjuicio patrimonial alguno. Los gastos relacionados con el desarrollo de la plataforma se financiaron con las aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras, según lo acordado en la cláusula sexta del convenio”. La universidad es parte en el procedimiento como perjudicado patrimonial.

Además, la defensa de Gómez defiende que su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada, la ayudase puntualmente en sus gestiones. En el escrito, de unas 50 páginas, Campaner subraya en primer lugar que el ámbito de las tareas de los asistentes no está delimitado: “Desde la llegada de la democracia (hace ya más de 50 años) ha sido costumbre que las cónyuges del presidente necesariamente cuenten con personal de apoyo de carácter eventual”, remacha. El abogado va más allá y aporta como evidencia el libro escrito por Ana Botella, esposa del expresidente José María Aznar, donde relataba cómo su asistente “le acompañaba en su día a día, tanto en actividades institucionales como estrictamente privadas (por ejemplo, participó en los preparativos de la boda de su hija, la acompañó a desfiles de moda y recorrió con ella el Camino de Santiago)”.

Aunque técnicamente la anterior defensa de Gómez ya había presentado sus conclusiones a la polémica investigación del juez Juan Carlos Peinado —que concluyó con la esposa del presidente del Gobierno y su asistente de camino a un jurado popular—, este nuevo escrito responde a que, el pasado julio, la Audiencia Provincial de Madrid le retiró dos de los cuatro delitos de los que se le acusa y dejó solo el de tráfico de influencias y el de malversación. Tras esta modificación, la acusación popular liderada por Hazte Oír tuvo que rebajar su petición de condena de 24 a 13 años de prisión. La Universidad Complutense de Madrid, que está personada como perjudicada, reclama 113.000 euros. La Fiscalía, por su parte, ha avanzado que solicitará la absolución de Gómez y de Álvarez.