Ceuta: la crisis que Europa malinterpretó

Ha pasado un mes desde que se produjo el último cruce masivo de personas a la ciudad autónoma de Ceuta. A lo largo de estas semanas, lo que constituye un incuestionable desafío humanitario y político se ha convertido —por las acciones y omisiones de una respuesta en la que casi nadie sale bien parado— en una grave crisis de consecuencias imprevisibles. La tensión en Ceuta se ha hecho insoportable y comienza a derivar en peligrosos abusos y enfrentamientos.

Aunque ninguna información sólida demuestra que el origen de estos hechos esté en las políticas migratorias impulsadas por España, las consecuencias de la crisis en el modelo de movilidad humana de la UE serán visibles. La utilización de personas migrantes como ariete político y combustible electoral adquiere toda su eficacia cuando los países afectados reaccionan de manera desproporcionada y equivocada. Y eso ha sido lo que ha ocurrido en el caso de la UE, que ha interpretado este episodio como una razón para insistir en el mismo modelo roto de política migratoria que nos colocó en esta situación indeseable. Esa es la garantía de que volverá a ocurrir.

Conviene serenarse y tomar perspectiva. Estas son tres claves que pueden ayudarnos a hacerlo.

1. Nos enfrentamos a una tragedia en la que los migrantes son víctimas y a una crisis humanitaria en un país con recursos y capacidades

El despliegue de un lenguaje alarmante y belicista nos lleva a olvidar quiénes han sido las principales víctimas de esta crisis: 141 personas —muchas de ellas niños— perdieron la vida intentando llegar a territorio español. De los que sí lograron acceder, la acumulación de un número estimado de entre 5.000 y 8.000 migrantes y la obligada cobertura de sus necesidades básicas enfrentan a las administraciones locales y a la sociedad ceutí a una presión que supera con mucho sus capacidades instaladas. La de Ceuta constituye una crisis humanitaria que exige recursos suficientes, instituciones eficaces y la coordinación adecuada de un conjunto amplio de actores públicos y privados.

Pero esto no está ocurriendo en el Chad. Tampoco en Bangladés o en cualquiera de las decenas de países que deben hacer frente sin recursos a crisis de desplazamiento forzoso infinitamente más graves. España y la UE son actores plenamente operativos que cuentan con esas capacidades. Para realizar esta tarea con celeridad y el menor coste social posible, el Estado está obligado a considerar medidas extraordinarias, incluyendo el traslado de parte de esa población a otras regiones españolas mientras duran los procedimientos. La Unidad Multidisciplinar de Atención a la Infancia Migrante en Emergencias —propuesta por Unicef España y que ya ha comenzado a desplegar el Ministerio de Juventud e Infancia— es un ejemplo de lo que necesitamos. Eso no significa ceder ante Marruecos, sino todo lo contrario: ofrecer orden y serenidad donde algunos buscan caos y pánico. La desinformación, las zancadillas institucionales y los intereses de partido perpetúan el problema y alimentan el chantaje.

2. El cumplimiento de la ley no solo es insorteable, sino que fortalece la respuesta y la legitimidad del Estado

Quienes han llegado a Ceuta son seres humanos protegidos por garantías fundamentales en un Estado de derecho. Eso no les blinda ante eventuales repatriaciones, pero sí les protege de ejercicios de devolución masivos e indiscriminados que ignoren sus circunstancias individuales. Esto es cierto para los menores de edad, pero también para muchos adultos que tienen buenas razones para solicitar la protección internacional en territorio europeo. Mucho más cuando diferentes investigaciones han acreditado que las autoridades marroquíes detienen de forma arbitraria a personas negras, las encarcelan en condiciones infrahumanas y las abandonan en el desierto. En ocasiones, con equipamiento y entrenamiento suministrado por España y financiado por la UE.

Cuando el portavoz de Interior de la Comisión Europea, Markus Lammert, insta a una devolución masiva e inmediata de “todos” estos migrantes incita a un delito de prevaricación. Cuando se criminaliza el trabajo de la sociedad civil se extiende la opacidad y el sufrimiento. Si se ignorase la voluntad de los miles de niños y niñas decididos a buscar un futuro mejor fuera de su país, España no solo vulneraría una de las normas más elementales de nuestro ordenamiento, sino que caería en la trampa que nos ha tendido Marruecos: asemejarnos al régimen del que trataban de escapar estas decenas de miles de personas. Las soluciones mágicas y el patrioterismo histérico no solo confunden y frustran a la opinión pública, sino que nos distorsionan hasta volvernos irreconocibles.

3. No hay ninguna razón por la que Marruecos y otros vayan a cambiar de estrategia en el futuro. La pregunta es si vamos a hacerlo nosotros

La monumental tormenta política generada en Europa constituye el incentivo más poderoso para que Marruecos siga utilizando a los migrantes como munición. Sobre todo con palmeros institucionales como Estados Unidos e Israel. El régimen marroquí ha profesionalizado un juego obsceno en el que también participan otros países como Túnez, Libia, Turquía o Bielorrusia.

Pero la verdadera magnitud de estas crisis no depende de aquellos que las persiguen, sino de quienes las permiten. Las autoridades de la UE llevan más de tres décadas embarcadas en un ejercicio de externalización de su control fronterizo que pone en manos de socios canallas o poco fiables la gestión de los flujos de movilidad humana. Es un camino unidireccional en el que se desperdician miles de millones de euros de nuestros impuestos y se corrompe la naturaleza de nuestras instituciones. A este factor de riesgo se añaden otros dos: la deslealtad intolerable de buena parte de Europa ante lo que constituye un ataque a la soberanía del conjunto de la Unión y la consolidación de las posiciones antimigración dentro de nuestros países.

El resultado es que Europa no ha aprovechado la crisis de Ceuta para reconsiderar las vulnerabilidades estructurales de su modelo migratorio, sino que sigue cavando más hondo en el mismo agujero. Las declaraciones camorristas de la Comisión o el anuncio urgente de la reforma del sistema de asilo en España deben ser leídos con esa música de fondo. Con ello nuestros Estados dan alas tanto a actores externos con intereses espurios como a la franquicia reaccionaria que crece en todo el continente. El círculo vicioso de desinformación, desigualdad y deterioro democrático en el que se ha convertido el régimen migratorio europeo constituye una de las amenazas más serias para la seguridad y prosperidad colectivas.

Por razones estrictamente geográficas, Ceuta y Melilla siempre van a estar expuestas a una presión de este tipo. Quien afirme que puede evitarlo, se engaña a sí mismo y a los demás. Pero, además de mejorar los controles físicos y prever respuestas ágiles y sujetas a derechos, existe una política migratoria alternativa que nos permitiría reducir el margen de maniobra de Marruecos y fortalecer, al mismo tiempo, la soberanía, los intereses y el alma del proyecto europeo. La construcción de un modelo que garantice vías legales, seguras y ordenadas de movilidad laboral —una herramienta ignorada por el reciente Pacto de Asilo y Migraciones— no solo respondería a nuestras necesidades económicas: amortiguaría sensiblemente la presión migratoria irregular y aliviaría unos mecanismos de protección internacional que se han convertido para muchos en la única oportunidad de acceso legal a nuestros países. Si la desunión, la irracionalidad y el miedo fortalecen a quienes atacan el proyecto europeo desde fuera y desde dentro, nuestra obligación es poner la política migratoria de la UE al servicio de un proyecto cohesionado, racional y valiente.