Ciudad de México abre la caja de pandora de los despojos: “Mi hija me quitó mi casa”

“Denuncié a mi hija y a la persona que ahora vive en mi propiedad”. Alejandra Margarita dice esto mientras sostiene una carpeta repleta de hojas membretadas y selladas por autoridades administrativas y judiciales. Es el voluminoso expediente de un proceso legal que inició hace dos años, cuando su hija la despojó de su casa en la alcaldía Tláhuac, para venderla después a un tercero. No le tiembla la voz cuando se le pregunta quién le ha arrebatado su propiedad. “Mi hija me despojó y ya luego me enteré de que ahí había otras personas”.

En mayo de 2024, la hija de Alejandra se apoderó de la casa que le había prestado su mamá. En septiembre, alguien le avisó que en su casa vivían otras personas, en octubre, decidió denunciar el despojo en la Fiscalía de Ciudad de México. Dos años después aún pide ayuda, pues la propiedad sigue en litigio. Ella es solo una de cientos de personas que hacen fila en una carpa instalada en el Zócalo capitalino, donde el pasado lunes inició formalmente la Defensoría Social Ponciano Arriaga, con la que el Gobierno de Clara Brugada busca afrontar el añejo problema de los despojos en la capital del país.

“La Fiscalía ya aseguró mi inmueble, ante la denuncia que yo interpuse, para hacer investigaciones, para que la persona que vivía en mi casa presente documentación original, cosa que no ha hecho. Ella dice que yo hice una compra-venta con ella, pero no es cierto. Ya quiero recuperar mi propiedad, ya llevo dos años y por eso estoy aquí”, narra la mujer mientras avanza en una fila formada por cientos de personas que han respondido a la convocatoria de la Administración. Como ella, hay muchos que llegaron desde las ocho de la mañana, a pesar de que el anuncio público indicaba que la atención comenzaría a las cuatro de la tarde.

El Gobierno de Clara Brugada abrió la caja de pandora del despojo, como en la mitología griega, todos los males salieron a la luz. Con la instalación de la Defensoría que operará todos los lunes, han aflorado todo tipo de desgracias, abusos y estafas que durante décadas han sido solapadas por notarios, abogados y funcionarios corruptos. Cada expediente cuenta una historia terrible. “Aquí tienes la condición humana en su máxima expresión”, define un funcionario de la Consejería Jurídica del Gobierno capitalino, mientras da indicaciones para que las personas avancen a diferentes módulos, organizados según la problemática: despidos, abandono familiar, herencias, regularización territorial, por supuesto, la mesa de despojos, que es, por mucho, la más concurrida.

Ahí van a dar Alfredo Arellano y su hijo Marco, quienes tienen un caso de la alcaldía Iztacalco que data de 2020, cuando la pareja del padre cambió la chapa de su vivienda, puso un candado y se atrincheró en el inmueble. “En octubre de 2020, él denuncia el caso ante la fiscal de la Ciudad, que en ese entonces era Ernestina Godoy, en una audiencia pública. Ella lo remite a la fiscalía de violencia familiar; le llaman, le toman su declaración y se tardan tres años en integrar la carpeta de investigación, pero la abren por violencia patrimonial, no por despojo. Entonces, ya en 2023 se judicializa la carpeta y el juez de control vincula a proceso por violencia psicológica y patrimonial, pero como el Ministerio Público no actuó por despojo, los imputados se amparan, tiempo después, el juez los desvincula de proceso”, narra el hijo, mostrando fotografías, documentos que acreditan la propiedad de su padre y actas ministeriales de cada paso que ha dado en el tortuoso proceso.

En los tres años transcurridos entre la denuncia y la actuación del juez, los acusados dispusieron de los bienes y del coche de su padre, un hombre de 65 años que sufrió un derrame cerebral y que hoy comparece en la Defensoría Social en silla de ruedas. Después, los ocupantes fingieron la donación del inmueble, con ayuda de un notario del Estado de Hidalgo. Los Arellano están ahí para tratar de desenredar un caso cada vez más complejo, que involucra delitos familiares, civiles y penales, donde autoridades administrativas, agentes del Ministerio Público, jueces y notarios han actuado con indolencia. “Estuvo mal clasificado desde un inicio, la Fiscalía lo debió clasificar como despojo y no lo hizo. No sé si sea para que las cifras de despojo no se inflen, pero nos afecta; ahí hay un mal actuar del personal de la Fiscalía, porque a sabiendas de que es un despojo, clasifican los casos como violencia patrimonial y en automático eso se va al ámbito familiar”, se queja Marco.

Muchos metros atrás de él, Francisco Murillo Loza denuncia que su vivienda fue invadida desde 2013 en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. “Vengo por una situación que por cuestión política no se ha solucionado. Yo tengo una orden de un juez que ordena la recuperación de la vivienda que fue invadida, pero el Instituto de la Vivienda no ha ejecutado la orden de desalojo”. Lo más insólito es que el departamento lo ocuparon antes de que terminara de construirse el edificio. Los propietarios formaban parte de un programa de vivienda, cuando les iban a entregar el departamento, ya estaba habitado por invasores. “Somos cinco familias, son cinco departamentos, y las personas que invadieron siguen ahí. En 2016 se ganó el juicio, hay una orden firme del juez, pero el INVI no ordena el desalojo para que podamos recuperar nuestras viviendas”, acusa Francisco.

Miles de víctimas

Según datos de la Fiscalía de Ciudad de México, en lo que va de 2026 se han abierto 2.285 carpetas de investigación por el delito de despojo. Ante la reciente ola de invasiones y despojos denunciados en la colonia del Valle, la fiscal Bertha Alcalde ha acelerado las investigaciones y acciones en contra de este delito. Tan solo entre el 5 y 23 de agosto, recibieron 214 denuncias, detuvieron a 35 personas, aseguraron 38 propiedades y restituyeron 10 de ellas. La funcionaria admitió que en este delito se ha detectado la participación de grupos delictivos como la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos, y la participación de autoridades. De hecho, 14 funcionarios están siendo investigados por casos denunciados en el último mes.

Las cifras oficiales se corresponden con el drama que desfila frente a los 100 abogados dispuestos en el Zócalo para atender las denuncias. Juan Carlos Salvador Hernández y su mamá, María Magdalena, exponen otra modalidad de fraude. Ellos trataron de vender la mitad de un terreno de 282 metros cuadrados en Tláhuac, antes de que les terminaran de pagar, los compradores se apropiaron de 100 metros más de lo que les correspondía, bardearon y le vendieron el pedazo de terreno a un tercero. En 2016, ese tercero denunció a los legítimos propietarios por apeo y deslinde, y el predio entró en un conflicto legal en el que han salido a la luz documentación alterada, tráfico de influencias y la participación del exalcalde de Tláhuac, Rigoberto Salgado. “Hemos denunciado con bajo perfil, porque hemos sufrido hostigamiento y amenazas; por temor a agresiones físicas y porque mi madre ha sufrido mucho en su salud, ahorita ya padece de insuficiencia renal en grado cuatro. Desde el sexenio pasado hemos metido escritos a la presidencia y aquí en la ciudad ya nos atendió un equipo de trabajo de la jefa de Gobierno, pero su respuesta fue que nos disculpáramos con las personas que nos habían demandado por apeo y deslinde, para que no nos quiten el resto del terreno”.

Más atrás en la fila, una mujer sostiene una lámina de papel ilustración con ambas manos. Es un plano de 1,5 por 1,5 metros que muestra las colindancias de un fraccionamiento cercano al Río Magdalena, en donde está su casa. Marcela Arredondo Iracheta explica que lleva 20 años con el problema. Ella compró su casa de buena fe, sin saber que las escrituras que le dieron correspondían a otro predio y que su casa está en un terreno propiedad del Gobierno de la Ciudad, donde hace muchos años operó la Fábrica Textil Santa Teresa que, al cerrar, donó los terrenos para parques y jardines. “Aquí lo que hay son instalaciones hidráulicas y de energía eléctrica, infraestructura federal. Lo que quieren hacer hoy en día es un centro comercial, y con qué agua, pues con el agua de nuestros terrenos. Por eso me quieren robar el predio, quieren despojarnos con un juicio para un desarrollo inmobiliario. Yo soy abogada, tengo tres juicios abiertos, uno de esos juicios lleva ya 20 años, desde que comencé a estudiar la carrera, pero lo que quieren es sacarme, como aquí está el agua, se quieren apropiar del terreno”, comenta Marcela con voz firme, antes de ser interrumpida por la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas, quien se apersona para llevársela a uno de los módulos para atender su caso.

Mientras avanza la tarde, la gente sigue avanzando hacia las mesas de atención, donde reviven sus pesadillas. Llevan consigo copias de sus escrituras, recibos de predial, demandas penales y civiles, actas de nacimiento; fotografías de cerraduras forzadas, candados violados, rejas y bardas que aparecen de un día a otro. Tres de cada diez casos, según cálculos de la autoridad, son denuncias entre familiares: hijos que despojan a sus padres octogenarios, hermanos que pelean un terreno intestado, parejas que rompieron sin aclarar antes el destino de sus bienes. Pura condición humana. Pero la mayoría son despojos en los que ha habido violencia, extorsión, amenazas e invasiones perpetradas por grupos perfectamente organizados.