Junts endurece su discurso y reclama competencias en inmigración para Cataluña: “No podemos esperar ni un minuto más”

Junts pisa el acelerador para lograr la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. La formación de Carles Puigdemont ha aprovechado la primera semana de actividad parlamentaria en el Congreso, aún en período extraordinario, para registrar una nueva proposición de ley que cambia el preámbulo de la norma, rechazado hace casi un año por Podemos al considerarlo “racista”. La medida, uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno con la formación independentista para la investidura de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura, decayó en la Cámara baja el pasado septiembre, con los votos en contra también de PP, Vox, UPN y algún diputado de Sumar, que se desmarcó del sentido mayoritario del grupo. Meses después, el Ejecutivo cerró con el partido de Ione Belarra un pacto para la regularización extraordinaria de inmigrantes a cambio de que los suyos se abrieran a negociar de nuevo el texto.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de Podemos ha negado que el “único problema” fuese la “intención racista” con la que se hacía esa delegación de competencias expresada en la exposición de motivos, sino también una ley de extranjería que ha tildado de “racista” y con un enfoque solo de seguridad. “Cuando un grupo parlamentario conoce una propuesta a través de los medios de comunicación, normalmente el objetivo no suele ser negociar, sino presionar”, ha denunciado Belarra en el Congreso.

El debate se reanuda justo cuando el Gobierno afronta una crisis humanitaria en Ceuta tras la entrada a nado de unas 80.000 personas el pasado 30 de julio y cuya gestión ha sumido la ciudad autónoma en una situación de colapso. El Ejecutivo aprobó en el primer Consejo de Ministros del curso la declaración de situación de especial interés para la seguridad nacional y asumió el mando único.

Para Junts, las 1.174.978 personas que han terminado solicitando esta regularización “han desbordado todas las expectativas”. Por ello, la formación reclama que “Cataluña ha de tener el control de la inmigración”. “No podemos esperar ni un minuto más”, ha enfatizado. La diputada ha defendido que disponer de estas competencias permitiría a Cataluña “hacer lo que hasta ahora no podemos, lo que hacen el resto de países europeos. Tomar decisiones en función de nuestra capacidad real y de los intereses de los catalanes”. Entre las medidas que ha citado figuran situar el catalán como “lengua de cohesión”, “controlar las fronteras” o “decretar órdenes de expulsión”.

Nogueras ha acusado al Gobierno de avanzar “en dirección contraria” a la del resto de países europeos. Según ha señalado, la Unión Europea apuesta por reforzar el control de las fronteras y aplicar políticas de retorno “más efectivas”, mientras que, a su juicio, el Ejecutivo español “ha impuesto sin votaciones una regularización masiva que ha superado todas las expectativas”.

El discurso migratorio de Junts se ha endurecido coincidiendo con el avance de Aliança Catalana en los sondeos. Casi el 30% de los escaños del Parlament correspondería a una formación de ultraderecha —ya fuera Aliança Catalana o Vox— si hoy se celebraran elecciones autonómicas. Es una de las conclusiones del primer barómetro de este año del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat.

Según este mismo estudio, Aliança Catalana se consolidaría como tercera fuerza y relegaría a Junts per Catalunya a la cuarta posición, con una pérdida de casi la mitad de su representación. En este contexto, la portavoz de Junts ha aprovechado este miércoles su intervención en la Cámara baja para reivindicar la oposición de su formación a determinadas políticas migratorias.

“Hemos frenado políticas irresponsables como el reparto de menores de Canarias”, ha afirmado Nogueras, que también ha defendido que “Cataluña no tiene capacidad de acogida infinita”. Con este mensaje, dirigido en buena medida a Aliança Catalana, la portavoz ha reivindicado el papel de Junts como la única formación catalana que, según sus palabras, “pone soluciones sobre la mesa”.

El peso de la inmigración entre los votantes de Aliança Catalana puede explicar, al menos en parte, la estrategia de Junts. Según otro estudio presentado por el Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), para los votantes de Aliança la inmigración pesa más que la independencia. De ahí que Junts no haya dejado caer su reivindicación del traspaso de las competencias migratorias a Cataluña.

Sobre los apoyos parlamentarios a su iniciativa, fuentes de Junts aseguran que no han hablado con Podemos, pero sostienen que han modificado el preámbulo de la proposición de ley que provocó el rechazo de la formación. Por ello, consideran que el partido liderado por Ione Belarra “no tendría razones para votar en contra”.

En el preámbulo de la proposición original, una de las cuestiones que más molestó a Podemos era la referencia a la necesidad de “evitar posibles efectos” de la inmigración “que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”, así como la idea de “proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura”. El texto concluía señalando que Junts identificaba las migraciones “como un problema” y las vinculaba “con la delincuencia”.

“Lo primero que tenía que pasar en España es que las personas migrantes tuvieran derechos. Había cientos de miles de personas trabajando sin derechos, en situación administrativa irregular y por eso exigimos que se hiciera la regularización”, ha alegado Belarra. “La regularización extraordinaria no está funcionando como debería”, ha denunciado aludiendo a las críticas de la plataforma Regularización Ya. “Exigimos que el Gobierno agilice los trámites y cumpla con lo que se comprometió con Podemos”. Sobre la propuesta de Junts, la diputada ha reconocido que no ha leído el nuevo texto, pero ha vuelto a manifestarse crítica: “El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la Ley de Extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles, que es la delegación de la gestión migratoria con un enfoque de seguridad y que aplica redadas basadas en el perfil étnico”, ha dicho antes de reclamar una norma que “proteja” los derechos de las personas inmigrantes.