De perseguir narcos a detener migrantes: la peligrosa caída de los decomisos de fentanilo en la era Trump

El cambio de prioridades fue evidente: dejar de perseguir a los narcotraficantes para concentrarse en los inmigrantes indocumentados. La consecuencia fue una drástica reducción, en 2025, de los decomisos de fentanilo por parte de la unidad de investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que aumenta el riesgo de que esta peligrosa droga tenga mayor presencia en las calles, con ello, se eleven las muertes por sobredosis. Así lo advierte una reciente auditoría federal que cuestiona las decisiones de la Administración de Donald Trump para cumplir su campaña de deportaciones masivas.

La Oficina del Inspector General del DHS ha puesto al descubierto que el Gobierno Trump no puede atender al mismo tiempo dos de sus obsesiones, la migración y el fentanilo. Para elaborar su más reciente informe, el organismo entrevistó a un centenar de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una de las unidades encargadas de investigar a poderosos carteles como el de Sinaloa, en particular a la facción de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Los oficiales revelaron que fueron apartados de esas y otras tareas antidrogas para incorporarse a operativos destinados a detener a migrantes en situación irregular. Según distintos informes, la mayoría de estos migrantes no tienen antecedentes penales al ser recluidos en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las cifras hablan por sí solas: los agentes de HSI pasaron de dedicar 206.000 horas a investigaciones relacionadas con asuntos migratorios en 2024, durante el último año del Gobierno del demócrata Joe Biden, a emplear más de 1,9 millones de horas en esas tareas al año siguiente, ya bajo el segundo mandato de Trump. El aumento ha sido del 822%.

La participación de los elementos de HSI en la ofensiva migratoria de Trump ha sido clave para poner bajo custodia a alrededor de 400.000 personas desde enero de 2025 y hasta abril pasado, según un análisis del Brookings Institution.

Ese cambio de enfoque también se refleja en los decomisos de drogas: la cantidad de fentanilo incautada por estos investigadores se desplomó 51% en tres años, al pasar de 42.000 libras en 2023 a unas 20.000 en 2025, según la auditoría.

La evidencia de que esta reducción no estaría relacionada con una disminución de los envíos del opioide por parte de los carteles está en los propios decomisos de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que ha continuado batiendo récords en la incautación de esta droga sintética. En 2025, la agencia antinarcóticos confiscó más de 47 millones de pastillas falsificadas con fentanilo y casi 10.000 libras de la sustancia en polvo. Y hasta mediados de agosto de este año, ya había incautado 21 millones de pastillas y 9.970 libras de fentanilo en polvo.

“Dado el papel fundamental de HSI para interrumpir el suministro de fentanilo hacia Estados Unidos, no corregir estas deficiencias podría aumentar la disponibilidad de esta droga ilícita en las calles, con ello, provocar más muertes por sobredosis”, advierte la auditoría de la Oficina del Inspector General del DHS. El organismo recomienda revisar la distribución del personal para evitar que se descuide la lucha contra el fentanilo, una tarea que, subraya, debería mantenerse entre las principales prioridades de la agencia.

Por ahora, las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos han disminuido por tercer año consecutivo. Los fallecimientos asociados a esta droga pasaron de unos 76.000 en 2023 a 38.000 en 2025, una reducción del 50%, de acuerdo con las estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Una brecha entre el discurso y la acción

El tráfico de fentanilo a través de la frontera sur ha ocupado buena parte del discurso de Trump. Su Gobierno señala a los dos principales carteles de México, el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los que ha designado como organizaciones terroristas. Poco después de regresar a la Casa Blanca, Trump declaró una “emergencia nacional” en la frontera y amenazó a México y China con imponer aranceles si no aceptaban reforzar sus esfuerzos para combatir el trasiego ilegal de esta droga. Ambos países son señalados como puntos clave en la producción y distribución a gran escala del opioide.

A finales de 2025, el mandatario fue aún más lejos y firmó una orden ejecutiva que clasifica el fentanilo como “arma de destrucción masiva” y ordena al DHS utilizar “toda la gama de herramientas adecuadas” para combatir a las redes que lo distribuyen. “(.) la posibilidad de que el fentanilo sea utilizado como arma para perpetrar ataques terroristas concentrados y a gran escala por parte de adversarios organizados constituye una grave amenaza para Estados Unidos”, se lee en la orden de Trump.

Pero la reciente auditoría de la Oficina del Inspector General del DHS revela una brecha entre el discurso y la acción. Algunos de los agentes entrevistados por el organismo señalaron que, en dos oficinas, prácticamente todos sus esfuerzos fueron destinados a asuntos migratorios, lo que dejó “casi nula capacidad para las investigaciones sobre fentanilo”. Otros relataron que un equipo antinarcóticos pasó de contar con siete agentes a apenas “dos o tres”, después de que el resto fuera incorporado a los operativos del ICE.

El organismo federal detectó otras deficiencias. La Patrulla Fronteriza no siempre notificó a HSI sobre los decomisos de fentanilo para que sus agentes pudieran investigar a las personas y organizaciones vinculadas. Además, los investigadores de HSI no siempre contaban con los fondos necesarios para respaldar sus pesquisas. La auditoría encontró, incluso, que el DHS había gastado más de 150 millones de dólares en desarrollar una plataforma de análisis para investigar el tráfico de fentanilo, pero los agentes prácticamente no la utilizaban porque, según dijeron, “no ayudaba en sus labores”.

En una declaración escrita enviada a EL PAÍS, el DHS aseguró que ya trabaja en las recomendaciones del Inspector General, entre ellas mejorar la coordinación entre sus agencias y el intercambio de información y datos. “La unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ha continuado ejecutando su plan de acción contra el fentanilo, a pesar de la financiación irregular del programa derivada de múltiples cierres gubernamentales provocados por los demócratas”, señaló.

La dependencia también envió a este medio una lista de procesos penales contra distribuidores de fentanilo, entre ellos Ovidio Guzmán López, considerado uno de los principales responsables del tráfico de esta droga sintética dentro de la facción del Cartel de Sinaloa conocida como Los Chapitos. El capo, apodado El Ratón, fue detenido en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos meses después. El hijo menor de El Chapo Guzmán se declaró culpable de cargos de narcotráfico en una corte federal de Chicago en julio de 2025. Ahora permanece a la espera de su sentencia.