El desacreditado legado de Rocha Moya divide al Congreso sinaloense

El Congreso de Sinaloa debe elegir ahora a la persona responsable de navegar una de las peores crisis para un gobierno de Morena. A la preocupante situación de inseguridad y escasa atracción de inversiones se suma ahora una naciente crisis política, derivada de la decisión de Rubén Rocha Moya de regresar a la gubernatura del Estado por 36 horas y abandonarla nuevamente después de un repudio generalizado. Quien sea elegido por el Legislativo local tendrá un camino cuesta arriba por los 14 meses que restan a la actual Administración.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho la mañana de este lunes que la decisión de Rocha no fue “pertinente” y que ahora se debe pensar en quién tiene la capacidad para cerrar un sexenio roto. “De aquí a junio tiene que garantizar la gobernabilidad de Sinaloa, que se lleven a cabo de manera adecuada las elecciones, en paz (.) se tienen que garantizar las condiciones para que se lleven a cabo, cerrar el sexenio y en su momento el cambio de Gobierno”, aseguró Sheinbaum en su conferencia de prensa.

La mandataria profundizó sobre la crisis de Sinaloa en este arranque de semana. Esto después de que el viernes una gripe y tos la impidieran presidir su conferencia mañanera, donde fue sustituida por Rosa Icela Rodríguez, la titular de Gobernación. El sábado publicó en redes sociales un mensaje dirigido a Rocha Moya, sin nombrarlo. “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo”, declaró. Horas más tarde, el gobernador volvió a separarse del cargo.

El mensaje en redes sirvió a la presidenta para alinear al oficialismo a su alrededor, desde el poder legislativo a los gobernadores. Este lunes lanzó las pistas de quién debe suceder a Rocha Moya en el interinato hasta que se agote el periodo. “Sencillamente, que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere”, dijo.

Para elegir quién sustituirá a Rocha Moya y cerrar el gobierno, el Congreso local se ha partido en dos: el bando que está alineado con la presidenta y que ahora hace mancuerna con la oposición, y el que se identifica con el gobernador marginado. Esta mañana se han registrado manifestantes a las afueras de Palacio de Gobierno para exigir la salida del rochismo del Ejecutivo estatal.

Entre quienes continúan en el bando de Rocha Moya está Eligio López Portillo, presidente de la Junta de Coordinación Política y su compadre; Ambrocio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda; Manuel de Jesús Guerrero, presidente de la Comisión de Educación; entre otros. Este bloque está en favor de mantener lo que llaman “el rochismo”.

Hay otros diputados y diputadas locales en posición de eliminar el rochismo, paralelamente, de reestructurar el Ejecutivo. Esto obligaría a renovar el Gabinete para retirar funcionarios cercanos al gobernador. Estos son Joaquín Landeros, de Administración y Finanzas; a Francisco Javier Barrón Aguayo, de Bienestar y quien además es socio comercial de Juan de Dios Gámez Mendívil –uno de los diez acusados por Estados Unidos por tener vínculos con el narcotráfico–; Raúl Montero Zamudio, de Obras Públicas y quien ha sido cuestionado por la falta de transparencia en las contrataciones públicas; Cuauhtémoc Chacón, coordinador de Comunicación Social.

Los legisladores consideran que el recambio en la Administración, algo que necesita la negociación con el bloque rochista, sería “limpiar la casa de cara al cambio de gobierno en octubre de 2027″.

Estados Unidos acusa a Rocha Moya de tener vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia de ese país lo señaló a él y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de aceptar sobornos y favores políticos para favorecer a Los Chapitos, una de las facciones del Cartel de Sinaloa, para la producción y trasiego de drogas y armas. Es el mayor escándalo de narcopolítica en el actual régimen.

La acusación se hizo pública cuando ya había estallado la confrontación interna del Cartel de Sinaloa entre Los Chapitos y Los Mayos. Este enfrentamiento ha dejado hasta ahora más de 3.000 asesinatos, 4.000 desapariciones, 12.000 vehículos robados y una crisis económica que se cuantifica con 25.000 empleos perdidos y el cierre de 5.000 empresas. Todo esto en menos de dos años.